José Vilchis Guerrero
La cúpula empresarial que busca descarrilar al gobierno de la 4T
Durante los primeros nueve meses del gobierno de la Cuarta Transformación la cúpula empresarial ligada a los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ha sido una piedra en el zapato para el gobierno federal, y desde antes, durante la campaña de López Obrador, que empezó 18 años atrás y se continuó a partir de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Apenas el miércoles, -aunque ya se había informado con detalle desde las primeras conferencias mañaneras desde el Palacio Virreinal- precisó Javier Jiménez Espriú que se recompró una tercera parte de los seis mil millones de dólares de deuda del NAIM y los restantes 4.2 mil millones de dólares se pagarán en 19 años.
Pero desde diciembre de 2018 la cúpula empresarial reclama a la 4T la cancelación del NAIM en Texcoco. La encabezan el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, Claudio X. González Guajardo, (hijo de Claudio X. Laporte, quien fue asesor cercano de Carlos Salinas de Gortari), y las organizaciones México Unido Contra la Delincuencia, y Causa Ciudadana, ambas, promotoras de políticas contra la inseguridad y la violencia.
Los integrantes del gabinete están en el pleito legal por el plan del gobierno federal para construir el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía con los reclamantes, organizaciones no gubernamentales, que en apariencia ganaron el primer round cuando el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México suspendió temporalmente la obra de Santa Lucía por no contar con los permisos de impacto ambiental mediante un recurso presentado por Juan Ramón Morera Mitre.
Detrás de la estrategia legal contra Santa Lucía están el colectivo denominado #NoMásDerroches, integrado por Causa en Común, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C., la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y México Unido Contra la Delincuencia.
Aquí es donde se antojan las preguntas de mala leche: ¿dónde estaba #NoMásDerroches cuando el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, fue informado por el anterior, Gerardo Ruiz Esparza, que el presupuesto original del NAIM se elevó 77.5 por ciento? ¿Por qué Mexicanos contra la corrupción y la impunidad no reaccionó de inmediato para exhibir al gabinete de Peña Nieto en su propósito de participar en los grandes negocios previstos con la obra cumbre del anterior sexenio en Texcoco? ¿Por qué no denunciaron la corrupción? ¿Por qué no denunciaron la contratación de empresas fantasma que cobraron por servicios no efectuados?
El aumento de pasajeros que transitan anualmente en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la CDMX (AICM) fue uno de los motivos para que el gobierno anterior planteara construir una nueva terminal aérea, de acuerdo con el documento Visión Integral del Nuevo Aeropuerto Internacional. La expectativa era que, para 2021, vía aérea llegaran a México 42 millones de pasajeros, pero esa cifra se rebasó desde 2017, cuando se recibieron 44.7 millones de personas. La Dirección General de Aeronáutica Civil declaró al AICM saturado.
El exdirector del aeropuerto, Alexandro Argudín, informó en marzo pasado que el actual aeropuerto superó el límite técnico de operaciones permitidas de 394 mil vuelos al año, al registrar 449 mil 664. Las consecuencias fueron retrasos y pérdida de calidad en los servicios aéreos, entre otras. Esta situación, según el gobierno peñista, ponía al país en rezago en materia de infraestructura aeroportuaria y limitaba su desarrollo.
El NAIM, según los datos del Monto Estimado de Inversión y el Plan Financiero del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), se proyectó en un costo inferior y fue redimensionado en su capacidad porque no se previó en el Pre Plan Maestro de 2014 por Norman Foster. En el Plan Maestro 2018 se incluyeron todas las condiciones y se ubicó en un costo de 285 mil millones de pesos de los que ya se comprometieron 197 mil millones de pesos.
Tras su cancelación, ya se acumularon 147 juicios de amparo a la espera de que un juzgado de distrito resuelva la suspensión definitiva de la obra. El 12 de junio un juez federal del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó que se preserven las obras del NAIM y se detengan las obras del aeropuerto en Santa Lucía, que ha sumado 74 juicios de amparo en contra de su construcción.
A la fecha suman ya cuatro resoluciones judiciales obtenidas por el colectivo #NoMásDerroches sobre la construcción de Santa Lucía: tres de ellas obligan a las autoridades a detener las labores hasta que se cuente con los permisos ambientales y la última pide suspender cualquier obra hasta que se obtenga la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Nadie cree en la versión del representante legal de #NoMásDerroches, Gerardo Carrasco, quien ha dicho que el propósito del movimiento no es ir “en contra del Gobierno, sino a favor de México”, porque nunca hubo un reclamo del colectivo cuando se ponía en el centro de la discusión la rentabilidad y las ganancias de los inversionistas con la construcción del NAIM y no la utilidad de la magna obra. Sólo se tenían en mente los magníficos negocios que se harían en su entorno.
Pero la fachada de Gerardo Carrasco sigue siendo la misma: “Nosotros no somos ni conservadores ni corruptos, solamente somos un grupo de mexicanos cada vez más grande que están interesados únicamente en que se respete la ley en un proyecto de esta envergadura”. Pero como está muy clara la posición política del colectivo, es evidente que sus objetivos apuntan a recuperar los negocios que se frustraron con la cancelación del NAIM. Ningún mexicano aceptaría reconocerse conservador y menos que es corrupto. ¿O sí? No creo.
El negocio inmobiliario se había centrado en la adquisición de los terrenos aledaños al NAIM y los que se ubican entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para efectuar un gigantesco polo que el presidente López Obrador comparó con el complejo urbano Santa Fe. “Pretendían construir un nuevo Santa Fe en Texcoco”, dijo en una conferencia mañanera.
Para tener una idea de los proyectos inmobiliarios de los poderosos empresarios, la Ciudad Aeropuerto se construiría en una extensión de 337 hectáreas de suelo edificable y 629 hectáreas de suelo no edificable. De acuerdo al dictamen, se generarían 70 mil empleos; habría un Distrito de negocios metropolitanos, un Distrito de Ocio y Recreación, el Distrito Aeroportuario y el Distrito de logística y e-commerce, que incluían hoteles, oficinas, parques logísticos, centros comerciales-outlet, una universidad, un centro de convenciones y un recinto cultural.
Además de que el proyecto estaba plagado de irregularidades en las que se comprobó que Texcoco no es terreno en el que sea factible para la construcción de un aeropuerto de las dimensiones que se proyectaron, porque es zona lacustre y se afectaría el entorno ecológico, se perjudicaría el medio ambiente de las poblaciones aledañas. Sólo se atendía a la rentabilidad económica de la obra.
La victoria pírrica de otro integrante de la cúpula empresarial VS López Obrador, José Mario de la Garza, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana y miembro del colectivo #NoMásDerroches, en la nueva suspensión provisional que obtuvieron “se le ordena al presidente hacer todo lo que sea necesario para conservar el NAIM y suspender la construcción del aeropuerto internacional en Santa Lucía porque el proyecto no cuenta con los permisos ambientales”.
Sin duda los empresarios facciosos no cejarán en su intento de descarrilar a la 4T, pero hay otro grupo, encabezado por Carlos Slim, que apoya al nuevo gobierno y con más ventajas y como muestra, el conveniente acuerdo de los gasoductos con los que salió ganando el gobierno federal y la CFE mediante un ahorro superior a los ocho mil millones de dólares. No todo está perdido. El Poder Judicial emitirá un fallo a favor del que tenga la razón.
