PARA EVITAR EL CLIENTELISMO, SE ELIMINA LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA DEFINICIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

La Asamblea Constituyente aprobó hoy que en la definición de las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y las demarcaciones se contará con la participación de sus habitantes en el nivel territorial que corresponda.

Esta parte del articulado había sido regresada a la Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática, para una nueva dictaminación, por una reserva del diputado Ernesto Cordero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), que proponía la eliminación del numeral 2, apartado A del artículo 22, que establecía que en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y programas sociales participaciparían los habitantes de las demarcaciones y sus organizaciones.

El diputado dijo reconocer y promover que la política pública se haga tomando en consideración la opinión de los habitantes de la ciudad. “En lo que no estamos de acuerdo, es que se diga que el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas deberán realizarse con la participación de las organizaciones. Esto es hacer constitucional la aparición de clientelas y que sean las organizaciones las que ejecutan los programas de política pública”.

Aseguró que muchos de los programas de la política pública están secuestrados por organizaciones que con propósitos clientelares ejecutan la política pública. “Me parece un despropósito que queramos constitucionalizar esta práctica, que más bien deberíamos de desterrar en la Ciudad de México”, dijo.

Aunque su reserva no logró mayoría calificada, tampoco la tuvo el texto propuesto en el dictamen, por lo que la Comisión de Desarrollo reformuló el párrafo con la eliminación de la participación de las organizaciones sociales. Quedó de la siguiente manera:

“Las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y las demarcaciones se realizarán con la participación de sus habitantes en el nivel territorial que corresponda, de acuerdo con lo que en la materia establezca la Constitución”.  

Respecto a la nueva propuesta se manifestaron en contra los constituyentes Mayela Delgadillo, Jaime Cárdenas y Raúl Bautista, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Aquí he abogado porque los ciudadanos tengamos opción a participar desde el origen de la toma de las decisiones políticas, aquí nos están diciendo lo contrario. Una planeación democrática tiene que pasar por tomarnos en cuenta desde el diseño de las políticas públicas, la redacción nos excluye y sólo nos da posibilidad de evaluarlas ya que están establecidas”, argumentó la diputada Mayela Delgadillo.

El diputado Jaime Cárdenas señaló que la propuesta era restrictiva pues su versión original daba mayor amplitud y optimizaba el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, y no ponía cortapisas en este ámbito.

Raúl Bautista añadió que la nueva redacción era un retroceso. “Estamos aquí para que no retrocedan los derechos, estamos para defenderlos porque la aportación de los ciudadanos en muchos programas ha sido exitoso. Como es el caso del programa comunitario de mejoramiento barrial que se realiza con la participación de los vecinos y organizaciones sociales en su diseño, ejecución e implementación; y en sus 11 años de existencia tiene más de tres reconocimientos internacionales. Es muy fácil tomar medidas populistas y hacer programas para la gente, pero sin la gente; los programas populares se hacen con la gente, para el beneficio de la gente, con el respado de la gente y organizaciones, y esto los hace exitosos”, objetó Bautista.

El nuevo texto fue aprobado por 63 votos en favor, 21 en contra y una abstención.

En la sesión del día de hoy además se dio trámite a otras fracciones de articulado que no fueron aprobadas por mayoría calificada en el Pleno, y fueron devueltas a comisiones para su nueva dictaminación. Fue el caso de los artículos 14, apartado A, numerales 2 y 4; C (derecho a la alimentación); 14, apartado F, numeral 3 (derecho al agua); y 73, tercer párrafo (Régimen de capitalidad).

RATIFICAN EL CARÁCTER PÚBLICO Y SIN FINES DE LUCRO DEL SERVICIO DEL AGUA

La presidenta de la Comisión de Carta de Derechos, Marcela Lagarde, hizo la presentación del nuevo dictamen.

“Los derechos contemplados en el artículo 14 Ciudad solidaria forman parte de los derechos económicos sociales y culturales que se encuentran plasmados en la Constitución federal y que a partir de la reforma en materia de derechos humanos se consideran ahora los tratados internacionales y leyes generales y nacionales. Con este dictamen hagamos de la Carta Magna la mejor y que sea garante del mayor número de derechos”, exhortó Lagarde.

En contra del dictamen se manifestó Jaime Cárdenas, de Morena, pues consideró que contenía varias derrotas, dijo, tales como el tema del establecimiento del derecho humano al agua y la inclusión del ingreso básico universal. “En el país hay un campo de batalla social en defensa del derecho humano al agua, derecho a su saneamiento y para que no sean privatizados, que no existan contratos ni concesiones; pero en la ciudad nos tapamos los ojos y edulcoramos los dictámenes”, señaló.

El artículo 14, apartado F, numeral 3, se refiere al derecho al agua. Por una reserva presentada por el diputado del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, que proponía permitir la participación privada en la prestación de este servicio, el numeral se regresó a la Comisión Carta de Derechos, la cual tuvo que volver a dictaminar. La nueva propuesta mantiene sustancialmente el texto original del dictamen y sólo elimina la palabra “exclusivamente” para quedar así:

“El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro”.  

En contra de la propuesta argumentó Jaime Cárdenas, de Morena, quien dijo que florecerán los contratos, las concesiones y los permisos para hacer del agua un negocio. “No estamos tomando con seriedad la no privatización, además no se contempló el tema del saneamiento de las aguas, y el organismo público encargado de la gestión podrá entregar concesiones, por lo que se  terminarán privatizando los procesos de la administración del agua”.

La diputada Clara Brugada, también de Morena, se manifestó en favor del dictamen y dijo que significa un logro regresar al texto de la Constitución la frase la gestión del agua será pública y sin fines de lucro. “Queremos una Constitución que garantice la rectoría del ejercicio público de la gestión y con esta redacción lo alcanzamos”, agregó.

El texto planteado fue aprobado 78 votos en favor, tres en contra y cero abstenciones.

OTROS PENDIENTES DE CARTA DE DERECHOS

Sobre el apartado A, relacionado con el derecho a la vida digna, se propuesieron sólo cambios de redacción y se mantuvo el fondo del numeral 2 para quedar así:

“Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que, progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de las riquezas y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales”.

En el numeral 4 se agregó que haya transparencia en el acceso a los programas. El articulado quedó de la siguiente manera:

“Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público; su acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas”. 

 Los cambios propuestos fueron aprobados por 76 votos en favor, cinco en contra y cero abstenciones.

Con respecto al apartado C, sobre el derecho a la alimentación, sólo se eliminó una oración relativa a la existencia de un organismo público que implemente las políticas de abasto. Y se mantuvo el texto del dictamen en el sentido de que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. Se aprobó con 74 votos en favor, tres en contra y dos abstenciones.

Todavía quedan pendientes de resolver el artículo 14 apartado A, numeral 3, relacionado con el ingreso básico universal; y el apartado D, numeral 6 sobre voluntad anticipada.

 REGIMEN DE CAPITALIDAD

El artículo 73, relacionado con el régimen de capitalidad fue devuelto a la Comisión de Principios Generales tras haber sido rechazado por el Pleno en los términos en que venía en el dictamen. El artículo señala que la Ciudad de México, en su carácter de capital de la República y sede de los Poderes de la Unión, garantizará las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales y, en el ámbito de sus competencias, brindará la colaboración que requiera la Federación en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que se modificó, y fue aprobado, tiene que ver con los recursos que la ciudad reciba en su carácter de capital de la República. Se estableció que el presupuesto para este fin se asignará conforme lo prevé el artículo 122 de la Constitución federal, y se ejercerá de acuerdo con las bases que establezca la normatividad aplicable.