Debido a que en México el daño ambiental ha aumentado a velocidad alarmante, ocasionado por diversos factores, entre ellos, desastres ecológicos provocados por empresas nacionales y multinacionales, el senador Ricardo Monreal Ávila propondrá una iniciativa para consolidar la protección del mismo.
Al inicio de este periodo de sesiones, promoverá el fortalecimiento de la legislación para garantizar que, en el futuro, los proyectos se ejecuten con mayor responsabilidad y perspectiva de protección de los derechos de todas y todos los mexicanos.
A través de cambios a las leyes General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y Federal de Responsabilidad Ambiental, se garantizará que actividades económicas no causen perjuicios o provoquen los menos posibles, en cumplimiento con los compromisos internacionales del país.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena plantea, en este sentido, reconocer y adoptar los principios medioambientales generales, de precaución, prevención, cautela, corrección y responsabilidad, para generar mejores prácticas y refrendar el compromiso del Estado mexicano en la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.
En la fundamentación de la propuesta, explica que la contaminación ambiental se ha convertido en un factor determinante de salud pública, dado que el daño -ignorado por algunas empresas- causa efectos nocivos, como la destrucción de hábitats, degradación de recursos naturales y condiciones meteorológicas extremas.
Refiere a un accidente reciente, donde Grupo México derramó tres mil litros de ácido sulfúrico sobre el Mar de Cortés, provocando el ecocidio en gran proporción de la bahía.
Esta empresa ha estado implicada en más de 20 accidentes, desde 1998, destaca. No obstante, a pesar de haber causado daños irreversibles, muchas compañías siguen operando y lo harán por un buen tiempo, al contar -algunas- con más de 50 permisos y 200 concesiones, cuya vigencia alcanza incluso, hasta el año 2062, se desta.
En este contexto, la propuesta establece la procedencia de sanciones económicas, “aun cuando el daño sea causado por acto u omisión tanto culposa”, y aumenta las sanciones económicas previstas para personas físicas y morales, “cuyos máximos ahora estarán en 70 mil y 800 mil días de salario mínimo general vigente, respectivamente.”
Además, modifica el tiempo de prescripción de la responsabilidad ambiental a un periodo de 30 años, ya que se trata de un bien colectivo (medio ambiente), y que muchas de las concesiones son otorgadas hasta 50 años.
Los cambios también consideran el establecimiento de la reparación, que “incluya el tratamiento médico de las poblaciones afectadas en caso de que el daño perpetrado fuere nocivo para la salud”.
Especifica que cualquier persona física tiene interés legítimo para demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, al tratarse de un derecho humano que afecta no sólo a la comunidad, sino que sus efectos continúan y producen daños en todas las personas, por lo que es procedente salvaguardar lo que es de todos.
El senador Monreal Ávila resalta que el derecho a un ambiente sano para el desarrollo y el bienestar, está consagrado en el artículo 4º de la Constitución. También, que diversos desastres ambientales recientes afectaron la salud y condiciones de vida de más de 15 mil mexicanos, desalojados y despojados de sus actividades de sustento.
Adicionalmente, subraya, el artículo 25 de la Carta Magna establece que el desarrollo nacional deberá observar la sustentabilidad y la equidad social como criterios reguladores frente a cualquier proyecto productivo, por lo que es necesario fortalecer el marco normativo correspondiente.