En el caso Iguala, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no hay sustento en los argumentos que llevaron a la liberación de inculpados en estos hechos, es increíble de veras (…). Para mí, los impartidores de justicia que (lo) conocieron de origen analizaron correctamente el expediente, ya que el cúmulo de pruebas era inmenso. Creo que los nuevos jueces no revisaron ninguna evidencia, afirmó el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam.
En entrevista, el ex funcionario habló sobre el caso y consideró que era momento de hablar y dar su versión sobre los cuestionamientos en torno a la indagatoria que llevó a juicio a 142 presuntos involucrados, pero de los cuales ya han sido liberados más de 50 por ciento por presuntos actos de tortura en su contra y otras faltas al debido proceso.
–¿A cinco años de los hechos ocurridos en Iguala, usted cambiaría algo de la investigación que le tocó encabezar?
–Fuimos resolviendo conforme se veían las cosas. Me movía entre los padres y las investigaciones, y, si se quiere, en algunos casos las cosas resultaron hasta de casualidad, como cuando fuimos a Cocula a revisar si los estudiantes estaban vivos y encontramos que la policía de ese municipio también había participado.
“Detectamos que las patrullas estaban repintadas, que habían cambiado los números, se falsificaron las bitácoras y todo ello forma parte de un cúmulo de pruebas que dicen que no existen, pero que son contundentes.
“Actuamos en función de tiempos muy encimados, pero ni mentimos ni inventamos nada. Me hubiera gustado encausar a otras gentes, pero lo que se obtuvo fueron testimonios de oídas, que no tienen valor probatorio.
“Eso sí, en el momento en que estuve al frente de la PGR tres detenidos declararon haber sido torturados y se iniciaron los procedimientos correspondientes. Si me pasé la vida impulsando leyes contra la tortura, no iba a permitir que en mi terreno se realizaran esas prácticas.
Una indagatoria que podría ejemplificar mi actuación al frente de la PGR es el caso Tlatlaya. Ya había una resolución ministerial que concluía que se había tratado de un enfrentamiento. Pero dos meses después los peritos de la PGR determinaron que militares habían juntado a las víctimas en un lugar y les dispararon. Metí a la cárcel a los soldados. Nunca dejé de actuar con lo que fuera real.
–Se ha mencionado que durante la investigación hubo encubrimiento a autores materiales y funcionarios. Se ha citado su nombre y el de Tomás Zerón como parte de quienes deben ser investigados.
–No tengo la menor idea del porqué. Yo hubiera querido consignar a más, pero no tuve pruebas. Solamente actué cuando tuve las pruebas y no se encubrió a nadie.
–El caso ha sido muy cuestionado, incluso aquella frase de la verdad histórica y sus resultados.
–Soy un abogado viejo y en mis tiempos se llamaba verdad histórica al planteamiento que hacía la Procuraduría en cualquier caso, porque era la historia de los hechos y así se denominaba para que el juez determinara cuál era la verdad legal, que era la definitiva.
Cuando hablé de la verdad histórica me referí a la verdad que incluye muchas dudas, entre ellas, que no pude definir cuántos estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y que solamente podía hablar de uno porque fue identificado por el ADN.
–Actualmente se han puesto en duda los resultados de la investigación, ya que más de 70 inculpados han sido puestos en libertad.
–Que yo sepa, no hubo nada obtenido ilícitamente. En cuanto a casos de tortura, de inmediato se iniciaron investigaciones en los tres casos en que así lo señalaron los detenidos.
“En el ámbito penal, cuando se señala que existió tortura, el juez está obligado a aplicar el Protocolo de Estambul, y si resulta positivo, debía eliminar las pruebas que se obtuvieron con esas prácticas, pero nunca se confirmaron los peritajes, por ello se debe considerar que indebidamente el juez otorgó la libertad a alguien con su solo dicho.
Si se hubiera corroborado solamente se debieron eliminar las pruebas que se obtuvieron de manera ilegal, y tenían que analizar el resto de las evidencias, pero el juez que ordenó las liberaciones dijo que 60 evidencias le parecían inadecuadas; había 60 más para acreditar la responsabilidad y no lo hizo. Tampoco ordenó que se investigara a los presuntos torturadores.
–¿Para usted, las pruebas aportadas eran sólidas?
–Sí. Las declaraciones de alrededor de 50 detenidos coinciden totalmente. Nada ha cambiado en cinco años. Lo confirma la investigación de cuatro años de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); las investigaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
“La investigación de la CNDH detectó que entre los 28 mil restos óseos localizados en el río Cocula había 19 huesos llamados petrosas, un hueso único en cada persona, y según los peritos son los que más posibilidades tienen de dar resultados para la identificación de víctimas porque son los más duros, y nadie los ha enviado a analizar.
“Por eso me da mucho gusto que se vuelva a investigar, ya que cuando hablan los que están en contra de los peritajes que realizamos, sólo mencionan a un perito que tiene una versión distinta, es (el peruano, José) Torero, quien sólo estuvo 20 minutos en el lugar.
Nosotros conseguimos varios peritos más, con reconocimiento internacional, que concluyeron que había posibilidades de haber quemado a más de 40 personas (en el basurero de Cocula).
–Se ha señalado que hubo siembra de evidencia en el río Cocula.
–Se encontraron 28 mil restos óseos en un río que estaba a tope, es absurdo que se hubieran sembrado. Es una afirmación sin pruebas. Puedo mostrar fotografías de las peritos argentinas cuando sacaron los fragmentos de hueso en una parte del río en donde la corriente ya no era tan alta, e imágenes de cuando ellas estaban sacando y clasificando cada uno de los fragmentos.
Además, en el caso de los restos que llevaron a la identificación del primer estudiante, ellas escogieron qué restos se iban a mandar, a qué universidad se iban a enviar y ellas los trasladaron. No hay por dónde se pueda haber sembrado evidencia.
–¿Qué hay respecto al quinto autobús?
–Hablemos de ello como si fuera cierto: entonces se habría confirmado la tesis de que se trató de un asunto que derivó de una confrontación entre bandas de narcotraficantes. No encontramos nada, y si hubiera sido cierto, tampoco cambia en nada la cuestión.
–Los padres siguen sin tener una respuesta clara de qué ocurrió con los normalistas.
–La respuesta la dí yo y fue muy clara. Pero también entiendo que los padres mantengan su exigencia para conocer el paradero de sus hijos.
–Se ha cuestionado que usted concluyera que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.
–He señalado que un número indeterminado de estudiantes sí, porque se tuvieron las pruebas de cómo los llevaron, las declaraciones de más de 20 inculpados –que fueron detenidos en distintos momentos y lugares–, y que coinciden en cuanto a cómo ocurrieron los hechos, cómo los subieron a los camiones y lo que hicieron con ellos. Los detenidos difieren en las horas y el número de víctimas, pero no en la manera en que hicieron las cosas.
También afirmé que hasta el momento en que concluí mi encargo no había la más mínima evidencia de que el Ejército hubiera participado en la desaparición de los estudiantes.
–¿Por qué no atrajo inmediatamente la investigación?
–Porque teníamos el antecedente de que el año anterior (2013) los estudiantes fueron a Iguala y causaron destrozos e incendiaron el palacio municipal, y dijeron que tenían desaparecidos, pero los alumnos fueron localizados al día siguiente.
Estábamos seguros de que iban a aparecer, pero no nos quedamos cruzados de brazos: auxiliamos al Ministerio Público de Guerrero en la búsqueda y encontramos a 68 que se habían escondido en casas y otros lugares. Al paso de los días, cuando ya vimos que un grupo no era localizado, y precisan que son 43 personas, se procedió a la atracción.
–¿Usted mantiene esa verdad?
–En términos ministeriales los hechos y pruebas confirman que hubo un grupo de estudiantes que fueron privados de su libertad, llevados al basurero, quemados en él y sus restos lanzados al río, y ello quedó acreditado con un mensaje que envió Gildardo López Astudillo, El Gil, a Sidronio Casarrubias Salgado.
