La Cámara de Diputados aprobó, con 404 votos favor, el dictamen que reforma el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para integrar a esta base de datos la historia de violencia de género.
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, tiene la finalidad de identificar a las personas que se encuentran extraviadas o desaparecidas, con antecedentes de haber sido agredidas.
Precisa que actualmente México vive un fenómeno creciente y alarmante de desaparición de mujeres y niñas y, en este contexto, mientras más elementos tenga la autoridad encargada de integrar una carpeta de investigación, búsqueda y localización, hará de manera pronta y expedita su trabajo.
Con la reforma, su contenido estaría vinculado al Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas como un dato a destacar, es decir, si tiene o no antecedentes de género, y reforzaría el seguimiento que se da a la violencia de género, el cual se encuentra regulado en otras normas.
Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Seguridad Pública, diputado José Everardo López Córdova (PAN), expresó que el combate a la inseguridad debe hacerse en todos los frentes e instancias, y por los ciudadanos. Por eso, cualquier dato que facilite las investigaciones, que dé elementos a las autoridades para generar tranquilidad y seguridad a la población, es digno de tomarse en cuenta, aseguró.
Se busca, dijo, coadyuvar a la identificación de cuáles son las causas adyacentes a la desaparición de niñas y mujeres en todo el territorio nacional de forma apropiada, así como la emisión de protocolos de actuación de autoridades administrativas o judiciales que deberán comunicar al Registro Nacional, mismo que se encargará de integrar la información de las personas extraviadas o desaparecidas.
Añadió que el Registro Nacional debe garantizar el apoyo a las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia, cuyo contenido debe incluir materias específicas en derechos humanos, atención a víctimas del delito y violencia de género. Con este dictamen, “se contribuirá a dar un instrumento más para combatir la inseguridad que se vive”, enfatizó.
En los posicionamientos, la diputada Melissa Torres Sandoval (Encuentro Social) resaltó que es necesario que este registro cuente con la mayor información para dar con el paradero de las personas; por ello, hoy se establece el término historia de violencia de género, para referirse a posibles antecedentes, particularmente a la que sufren niñas y mujeres.
La reforma servirá para evitar la manipulación de cifras relacionadas con la violencia de género y feminicidios, lo cual permitirá apreciar con mayor claridad la gravedad de la incidencia de dichos delitos y su relación directa con el extravío o desapariciones. “Habrá grandes avances en la persecución de estos ilícitos”, expuso.
De Nueva Alianza, el legislador Luis Manuel Hernández León puntualizó que México está obligado, por una diversidad de instrumentos internacionales, a combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, pues “hemos atestiguado el incremento inusitado de la violencia contra la población femenina”.
Conforme a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hasta el mes de noviembre de 2016 había cinco entidades federativas que habían recibido la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres y existe una docena que ha solicitado que ésta sea emitida. “Es urgente la localización de las más de siete mil mujeres y niñas en esta lamentable situación y garantizar que no haya ni un caso más de desaparecidas o extraviadas”, subrayó.
Manuel Espino, diputado de Movimiento Ciudadano, argumentó que si bien esta reforma no resuelve el problema de las desapariciones, aportará elementos o ayudará a recopilar información confiable para que las autoridades competentes puedan dar seguimiento, a nivel de investigación y de toma de decisiones, a los casos que se presentan todos los días en el país.
Indicó que al día de hoy es difícil contar con información clara y precisa del número de desapariciones que hay en el país, fundamentalmente de mujeres. “No solamente se carece de información. La que existe disponible para las instituciones encargadas de atender este tema, es imprecisa, incorrecta y es la causa de la mala toma de decisiones o de la corrupción, para resolver ese tipo de casos”.
El diputado Jorge Tello López (Morena) expuso que la violencia contra las mujeres, representa una grave violación a sus derechos humanos y un serio problema de salud pública. “Es un fenómeno que no reconoce ni edades ni clases sociales y se relaciona con múltiples casos de desaparición”.
Manifestó que muchas de las que desaparecen diariamente cuentan con antecedentes de haber sido víctimas de violencia de género. El dictamen, agregó, es una aportación del Legislativo para fortalecer el andamiaje jurídico para atender la violencia que sufren miles de mujeres, cuya manifestación más extrema y cruel es la feminicida. “Los crímenes de odio contra ellas, precedidos de su desaparición, van a la alza en varias regiones del país”.
Adriana Sarur Torre, diputada del PVEM, consideró que vivir con violencia de género no es vivir. “Venimos a tomar medidas contra aquél que hoy cometa violencia de género. Aquél cobarde que bajo el anonimato golpea a las mujeres y sigue libre porque cree que quedará impune. Impunidad que se termina con esta reforma, porque quedará huella de cada antecedente de violencia de género en el historial de personas desaparecidas o extraviadas”.
México, subrayó, vive importantes momentos de transformación, de retos y desafíos en materia de seguridad, pero en materia de violencia contra la mujer, vive momentos de emergencia, donde es imperante tomar la realidad para transformarla y bajar estas estadísticas. “Creemos que es importante alertar a la sociedad y a las víctimas sobre este tema. Es inaplazable vincular este Registro al historial de violencia o antecedentes de género”.
La diputada María Cristina García Bravo (PRD) destacó que un estudio de la Red por los Derechos de la Infancia en México, señala que entre 2012 y 2014 el número de adolescentes desaparecidas de entre 15 y 17 años de edad, se incrementó en un 255 por ciento. A ello se le suma el número de casos de agresiones contra mujeres, lo que ha provocado el establecimiento de la Alerta de Género en Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Morelos, Veracruz y el Estado de México.
El Registro Nacional, dijo, al contar con el indicador de violencia de género, permitirá garantizar el apoyo efectivo a las investigaciones ministeriales para la búsqueda, localización y ubicación de niñas y mujeres que se encuentran restringidas en el ejercicio de su derecho a la libertad plena.
Por Acción Nacional, la diputada Angélica Moya Marín señaló que la violencia de género “es el pan de cada día para millones de mujeres de todas las edades y de cualquier condición socioeconómica. Las alertas de género parecen premios a las entidades federativas, más que llamadas de atención, como en el caso del Estado de México, donde las cifras de homicidio y desaparición de mujeres se han incrementado en los últimos años y el gobierno se ha encargado sistemáticamente de minimizarlas”.
Relató que este registro es una herramienta que permite identificar y obtener datos estadísticos de las personas extraviadas o desaparecidas y cualquier avance que permita seccionar u obtener algún dato adicional es bienvenido.
El diputado Jesús Zúñiga Mendoza (PRI) agregó que la reforma pretende clarificar la realidad de miles de mujeres en el país, al incorporar las causas adyacentes a la desaparición. “La violencia contra esta población constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres”.
De acuerdo con el Inegi, en México 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han tenido al menos una relación de pareja donde han sido agredidas a lo largo de la misma. Un estudio realizado por la Red por los derechos de la infancia en México, señala que de 2012 a 2014 el número de adolescentes mujeres desaparecidas, de entre 15 y 17 años aumentó en 255 por ciento, pasando de 172 a 612.
Por su parte, el diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) consideró que hoy se establecen mayores obligaciones al Estado para poder respetar de mejor manera los derechos humanos y tener mayor transparencia.
