Durante la instalación de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, diputadas y funcionarios sostuvieron que la violencia de género debe ser tema primordial para el Estado, ya que cifras de desigualdades y violencias contra mujeres duplican el promedio mundial, al ser asesinadas siete cada día en México.
A juicio de la presidenta de la Comisión Especial, diputada Maricela Contreras Julián (PRD), se requiere visibilizar la violencia de género y considerarla un asunto público. “Debe ser un tema de Estado generalizado y no circunstancial”.
En estos momentos, donde la palabra muro ha suscitado un rechazo rotundo, no debemos olvidar que nuestra sociedad ha construido en los hechos un muro que representa esa ignominia y vergüenza de experiencias que dan cuenta de violencias, acosos, violaciones, desapariciones, torturas, mutilaciones, discriminación y asesinatos de miles de mujeres en nuestro país.
Debemos manifestarnos en contra y derribarlo con voluntad y acciones concretas. Por ello, la instalación de esta comisión es la continuación de la lucha para derribar esa barrera de violación a los derechos humanos que tanto ha cegado a nuestra sociedad.
Se han logrado avances, “muy a pesar de esa cultura institucional y social que aún lleva el ADN de superioridad masculina; sin embargo, no ha sido suficiente para frenar los casos de violencia de todo tipo y modalidades hacia las mujeres de diversos estratos sociales de todas las entidades de la República”.
Informó que el programa de trabajo de la instancia a su cargo, traza líneas de trabajo concretas: feminicidio, violencia política, violencia obstétrica, sexual y acoso callejero. La apuesta, es avanzar en un protocolo nacional de actuación ministerial, judicial y policial para la atención de los delitos cometidos por razones de género y fortalecer el trabajo con instituciones para mujeres en estados y municipios.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Francisco Martínez Neri, resaltó que la discriminación y violencia contra las mujeres sólo podrá detenerse cuando el Estado actúe con determinación y firmeza, no sólo contra quienes la ejercen como práctica cotidiana, sino para transformar los factores estructurales que la alimentan y reproducen.
El problema es mayúsculo, su atención pasa por el establecimiento de medidas de prevención, atención, sanción y erradicación, entre las que se encuentran la protección y justicia para las mujeres víctimas de violencia.
Subrayó que debe ser asumida, como prioridad del Estado mexicano, una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres por razones de género. Sumar esfuerzos desde todos los ámbitos y en los tres órdenes del gobierno.
Martínez Neri aseguró que la violencia extrema contra las mujeres son los feminicidios. En México, cada día se asesina, en promedio, a siete mujeres, lo que al año suma más de 2 mil 600 homicidios, “hasta hoy no existen políticas públicas firmes que erradiquen esa violencia cada vez más atroz”.
La violencia de género es una práctica social ampliamente extendida en México; 63 por ciento de mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un acto de ese tipo. El más común es el de índole psicológica, con más del 60 por ciento de los casos registrados, 38 por ciento se relacionan con la violencia física, donde el principal agresor suele ser un familiar en casi 85 por ciento.
“Como representantes populares, la violencia en contra de las mujeres es un tema que no debemos soslayar, por lo que debemos continuar siendo parte de los grandes esfuerzos de organizaciones civiles y organismos internacionales que se han comprometido con la tarea para erradicar ese flagelo”, aseguró.
La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ernestina Godoy Ramos (Morena), afirmó que se requiere coadyuvar para impulsar la armonización legislativa de los ordenamientos de las entidades federativas para la sanción y prevención de delitos por razones de género, así como con las instancias de procuración de justicia locales en la aplicación de protocolos de actuación ministerial de investigación pericial en este tipo de delitos.
Destacó que del 2000 al 2014 se registraron 235 mil defunciones por homicidio, de las cuales 11.2 por ciento fueron contra mujeres, la mayoría fallecidas de manera violenta en el hogar, 29 por ciento, y 37 por ciento en la vía pública.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), continuó, en 2011, 63 de cada cien mujeres de 15 años y más registraron un acto de violencia ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o de discriminación laboral.
El 47 por ciento de las mujeres de 15 años y más que tienen o han tenido una relación de pareja enfrentaron agresiones. Asimismo, 45 por ciento declaró que al menos una vez fue agredida por otras personas distintas a su pareja.
Godoy Ramos comentó que la violencia emocional mantiene la prevalencia más alta con 44.3 por ciento, la cual ocurre principalmente por la pareja o esposo; por el contrario, la violencia sexual ha sido experimentada por poco más de un tercio de mujeres, 45 por ciento.
“Tenemos que sacar a la violencia del ámbito de lo cotidiano, evitar sus múltiples justificaciones y avanzar en la generación de cambios que modifiquen patrones de pensamiento para lograr la igualdad sustantiva en México”, enfatizó.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Laura Plascencia Pacheco (PRI), afirmó que el gran reto del Estado mexicano es visibilizar su responsabilidad respecto a las agresiones contra las mujeres.
Preocupa el alto grado de impunidad existente en diversos delitos por razones de género, en específico el feminicidio, el número de carpetas de investigación que se abren y los casos concluidos con culpables tras las rejas.
“Hoy más que nunca, habremos de trabajar de la mano con esta comisión y la de Igualdad de Género. No podía ser diferente en esta legislatura con el 43 por ciento de representación de las mujeres, tenemos mucho que avanzar”, agregó.
De Movimiento Ciudadano, la diputada Candelaria Ochoa Avalos sostuvo que el feminicidio es la violencia más extrema que viven las mujeres; “queremos amor sincero, recíproco, sin regateos, que no implique violencia ni sacrificios de ningún tipo. La igualdad es un principio que reconocemos y queremos que nos reconozcan en esta materia”.
Por el PRI, la legisladora Mariana Benítez Tiburcio resaltó que uno de los retos por abatir en las procuradurías locales es conocer cómo tratan a las víctimas, cómo analizan los casos y que tan capacitada esta la gente que las atiende. Por ello, debemos crear una estrategia que permita establecer en la norma mejores conceptos y tipos penales que prevengan estos fenómenos.
La diputada del PAN, Mayra Enríquez Vanderkam, dijo que el incremento generalizado de la violencia en México trajo como resultado el incremento de la violencia hacia las mujeres, causando que instancias ya no distingan cuál es la agresión que se produce por motivos de género y cuál por el incremento de la delincuencia organizada, lo que afecta la generación de políticas públicas.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, manifestó que en México las cifras de desigualdades y violencias contra las mujeres duplican el promedio mundial. “No se trata de casos aislados o esporádicos, se trata de un problema estructural y cultural arraigado”.
Sostuvo que los informes emitidos por los grupos de trabajo instalados en las entidades federativas donde se ha solicitado alerta de violencia de género, constataron negligencia por parte de las instituciones de procuración de justicia en investigación y atención de los delitos contra las mujeres.
Lo anterior, continuó, se hace evidente en el gran porcentaje de expedientes en los que no existen líneas de investigación, peritajes y seguimiento, simplemente son archivados en el irrisorio número de agresores sujetos a proceso y, sobre todo, en la ridícula cifra de sentencias dictadas.
La violencia de género, acotó, es un problema de estado y sólo formando un frente común, estableciendo alianzas sobre bases firmes y uniendo esfuerzos al interior de la Cámara de Diputados, con los tres poderes de Gobierno, la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales lograremos combatir este terrible flagelo contra las niñas y mujeres.
El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, magistrado Edgar Elías Azar, sostuvo que en tanto los gobiernos estatales no asuman su responsabilidad y no la deleguen al gobierno federal, este problema subsistirá. “Tenemos que hacer que los gobiernos de los estados realicen lo que les corresponde, realicen verdaderas prácticas como alentar la denuncia”.
Es una vergüenza, insistió, que existan estados que no presentan denuncias ni procesos por trata de personas cuando sabemos que este delito existe en todas las entidades federativas o presentan números bajos, cuando tan sólo la Ciudad de México ha alcanzado más de un centenar de sentencias, a pesar de no tener el problema de los centros turísticos “donde existen burdeles que criminalizan a la mujer”.
Destacó que lo que hace falta es voluntad política y ganas de resolver el problema; “es necesario conocer nuestras carencias en este tema y trabajar más que proponer, llegó el momento de la acción de todos, pues si en verdad somos iguales ante la ley, debemos ser iguales en la vida real”.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló, reportó que durante el 2016 se presentaron 29 mil denuncias por delitos de género que van desde violación, estupro y delitos sexuales.
“Debemos reconocer que no es suficiente, que se nos llena la boca en los discursos diciendo que somos iguales pero en la práctica cotidiana existe discriminación; los varones debemos comprometernos en esta lucha y pensar que la elevación de la mujer no tiene que ver con la posición masculina más allá de un machismo trasnochado”, añadió.
La cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Norma Inés Aguilar León, afirmó que el origen de la violencia contra las niñas y mujeres se agrava más debido a la falta de denuncia, investigación, juzgamiento y sanción, por lo que se requiere una armonización legislativa en materia de derechos humanos, que brindaría la posibilidad, tanto a la Federación como a las entidades federativas, de encauzar sus acciones en torno al respeto irrestricto a estas garantías.
Denunció que el origen de la violencia de género tiene relación con la discriminación y la desigualdad de género, la cual trae repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad y la vida, y constituye una grave violación a los derechos humanos.
Estudios de ONU-Mujeres, refirió, señalan que la violencia de género se caracteriza por su invisibilidad, producto de las pautas culturales que aún existen en nuestras sociedades, donde la violencia intrafamiliar y de pareja, así como abusos sexuales son concebidos como eventos del ámbito privado donde las autoridades, incluso, no deben inmiscuirse.
La subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Herrerías Guerra, admitió que en el país la procuración y la impartición de justicia sigue teniendo expresiones de discriminación de género que obstaculizan que los delitos cometidos en contra de las mujeres se sancionen y atiendan debidamente.
“Estoy segura de que la comisión trabajará en atender la petición de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), sobre adoptar las medidas necesarias para garantizar una coordinación federativa y armonización coherente y consecuente de las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos y del sistema de justicia penal”.
Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Hernán Francisco Gómez detalló que la violencia sexual cobra matices particulares cuando se trata de mujeres con discapacidad psicosocial que enfrentan tasas preocupantes de abuso sexual, incluso por parte de sus ginecólogos, de igual forma la violencia política que sufren las mujeres indígenas.
En el extremo de la violencia, aseguró que los feminicidios cobran una agresividad aguda contra las mujeres transgénero, donde recientemente se reportaron asesinatos. “Por las dimensiones de la discriminación de la violencia de género en México celebramos la creación de esta comisión”, acotó.
Al evento también acudió Marcela Lagarde, ex legisladora y destacada académica, antropóloga, investigadora y representante del feminismo latinoamericano.
Posteriormente, en conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, en compañía de integrantes de la misma instancia, presentaron un mapa de la República Mexicana que tendrá la función de visibilizar la violencia de género, donde registrarán los casos de mujeres que han sufrido algún tipo de agresión.
Maricela Contreras Julián afirmó que el mapa “tendrá el objetivo de buscar la procuración de justicia en cada uno de los hechos allí expuestos, comenzando con la colocación de los nombres de cinco mujeres asesinadas el pasado sábado en Coahuila, Guanajuato, Puebla, Hidalgo y Chihuahua”.
