El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez Álvarez (Morena), informó que este órgano legislativo analizó la ruta del proceso de juicio político contra la ex funcionaria federal, Rosario Robles Berlanga, señalada por el presunto desvío de recursos públicos en el caso conocido como “La Estafa Maestra”.
Señaló que el pasado lunes se le notificó a Robles Berlanga en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha, respecto del procedimiento iniciado en su contra.
Una vez hecha la notificación, corre un plazo de siete días para que la denunciada comparezca ante la Sección Instructora, de ser su voluntad, personalmente o por escrito, mismo que concluiría el 10 de diciembre, enfatizó.
Gómez Álvarez explicó que en caso de que decida comparecer en persona, se realizará el trámite ante el juez de Distrito correspondiente.
“A partir del momento que se cierre este plazo, que será el día 10 de diciembre, la sección va a resolver la apertura del periodo de pruebas de 30 días naturales, ininterrumpidos. Al término de esos 30 días, se decidirá qué es lo que va a hacer: si prolonga el periodo de pruebas o lo cierra”, siempre considerando a denunciantes y a la denunciada, detalló.
Aseveró que el periodo de pruebas se puede ampliar a discreción del órgano que preside, “cuando nos acerquemos a esa fecha tendremos que evaluar cuál es el estado de las pruebas con las que contamos y según eso decidiremos cerrar el periodo de pruebas que la ley señala”.
Agregó que en esta etapa mencionada se harán requerimientos de archivos certificados a diversas dependencias del gobierno federal referidas en las denuncias; universidades, entidades públicas o privadas, así como a los servidores públicos que participaron directamente en la implementación de convenios.
“Nos vamos a dirigir pidiéndoles que nos informen qué convenios hicieron y cómo los hicieron. Vamos a ver si efectivamente fueron desviados y hacia dónde en el caso de que hubieran sido”.
Asimismo, solicitarán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las observaciones consideradas en la investigación, a efecto de evaluarlas como posibles pruebas en el proceso de juicio político.
Después del periodo de presentación de pruebas y alegatos, que prevé iniciar el 15 de diciembre, podría desahogarse en cuatro meses, estimó el diputado.
“El juicio político en México se inicia en una especie de juzgado de instrucción que al concluir sus actividades tendrá que decidir si presenta al Pleno para que el denunciado sea acusada ante el Senado o no”.
Se remite la resolución a la Cámara de Senadores que turnará a la Sección de Enjuiciamiento que formulará sus conclusiones, para determinar si se erige un jurado de Sentencia, que dará la resolución definitiva.
Recordó que hace más de 90 años se registró el último juicio político, por lo tanto, no se cuentan con muchos antecedentes, “ni elementos que normalmente en otras ramas de los enjuiciamientos existan”.
