El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH entregaron en el Salón Tesorería, el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2019 a la activista Obtilia Eugenio Manuel.
Obtilia Eugenio Manuel es integrante de la Organización del Pueblo Indígena Mep’haa (OPIM) y desde los 11 años de edad comenzó a defender a su comunidad, el pueblo Ayutla de los Libres, ubicado en el estado de Guerrero.
La activista Eugenio Manuel tiene una destacada trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, denunciando principalmente el abuso contra las mujeres indígenas.
Durante la conferencia de prensa matutina, la dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa denunció la violencia que sufrió en su pueblo y por su condición de indígena, recordó las vejaciones y violaciones que militares y gobiernos pasados ejercieron en contra de su comunidad.
Además de que parte de su pueblo y familiares han sido acosados y agredidos por elementos del Ejército de México.
Por ello, la activista solicitó una reunión de trabajo con el gobierno del presidente López Obrador para plantear propuestas de desarrollo.
“Como indígena carecemos de muchas cosas, pero también tenemos gran responsabilidad. Pido que la violencia contra las mujeres se acabe de una vez por todas. No queremos ni un violador más en nuestro camino”, destacó Obtilia Eugenio Manuel.
En ese sentido, el mandatario federal afirmó que llegó a la presidencia “después de luchar muchos años por la justicia y los derechos humanos y ahora que estamos como autoridad no podemos olvidar lo que hemos hecho y cuales son las causas que hemos defendido”.
Agregó que ha actuado “con aplomo”, pues tiene ideales y principios, “que es lo que más nos importa, nuestra honestidad”.
“Tenemos el compromiso de que no se violen los derechos humanos de nuestro país. Antes el principal violador de los derechos humanos era el Estado, ahora no es así, porque no se permite la violencia, la tortura, el aniquilamiento, las masacres, las desapariciones, la impunidad, y si algún servidor público viola derechos humanos es castigado”, sentenció.
Por último aseguró que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, quienes “están ayudando para garantizar la seguridad pública sin violar los derechos humanos”.
Cabe destacar que también se entregó la mención honorífica post mortem a Margarito Díaz González, activista del Consejo de Seguridad de Wirikuta asesinado en 2018, quien dio su vida en la defensa de los sitios sagrados ante los trabajos de mineras canadienses.
