CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó una solicitud a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, para que realice una investigación de la evolución patrimonial del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.
Esa investigación determinaría si los ingresos percibidos por el licenciado Bartlett durante los 37 años que se ha desempeñado como servidor público coinciden con los recursos declarados por el mismo y que, según la dependencia a su cargo, alcanzan una suma de 51.1 millones en cuentas bancarias y 5 inmuebles localizados en diversas colonias de la Ciudad de México.
“No compartimos con la secretaria Sandoval el criterio de que sólo puede investigar al titular de la CFE a partir del 1 de diciembre de 2018. Esa afirmación es un precedente peligroso para todas las investigaciones que se estén llevando a cabo en este momento respecto de servidores públicos que trabajaron en las anteriores administraciones”, aseguró.
Significa, añadió, el establecimiento de una política de “borrón y cuenta nueva”, alentando la impunidad a quienes hayan cometido actos de corrupción en el servicio público antes del 1 de diciembre de 2018.
Gálvez Ruiz informó que este miércoles presentará ante la Comisión Permanente el punto de acuerdo para que se exhorte a la SFP a llevar a cabo dicha investigación de la evolución patrimonial y, a su vez, para exhortar al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, a fin de que informe el estado que guardan las denuncias presentadas con motivo del reportaje dado a conocer por el periodista Carlos Loret el día 28 de agosto de 2019.
“Vamos a darle seguimiento a este tema. No se vale que lo hayan exonerado previo a vacaciones para que la gente se olvidara del tema”, aseguró la senadora.
Por otra parte, Xóchitl Gálvez informó que los temas prioritarios en su agenda de labores legislativas son: movilidad y seguridad vial, reforma constitucional en materia de desarrollo de los pueblos indígenas, protección al medio ambiente y combate al cambio climático.