CIUDAD DE MÉXICO.- A finales de 2019, el presidente López Obrador afirmó que había probabilidades de otorgar el indulto a algunos presos antes de concluir el año y que se estaban realizando trámites para que el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, pudiera seguir su condena en prisión domiciliaria.
Sin embargo, en opinión de académicos y penalistas, la pretensión de Mario Villanueva de que se le permita purgar la sentencia impuesta en su domicilio resulta ser no solo notoriamente improcedente, sino jurídicamente insostenible, toda vez que existe un principio universal de presunción de responsabilidad derivada de los instrumentos remitidos por el gobierno de Estados Unidos y por el propio expediente iniciado y dada la investigación efectuada en su momento por la entonces Procuraduría General de la República.
Sostienen que no resulta aplicable la petición del ex mandatario en razón a que afecta los intereses jurídicos de terceros como son las víctimas. Abogados penalistas refieren que es indudable que el ex mandatario tiene una edad avanzada y un estado de salud delicado, pero ello no es suficiente para otorgar tal medida, pues es necesario que ante el juez se acredite, mediante opinión de peritos, que dichas circunstancias personales hagan notoriamente innecesario que se compurgue la pena.
Otra agravante es que el ex gobernador, junto con otros ex mandatarios como Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Roberto Sandoval (Nayarit) figura en la “lista negra” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los personajes ligados con dinero proveniente del narcotráfico.
Mario Villanueva es uno más de los ex gobernadores que se encuentran bajo la mira de autoridades de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y otros ilícitos como lavado de dinero y que son incluidos en la lista negra, la llamada lista Clinton. Otros ex mandatarios son los tamaulipecos Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, además del nayarita Roberto Sandoval.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, el Segundo Tribunal Unitario con sede en Toluca, Estado de México negó recientemente al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, la posibilidad de llevar a cabo su sentencia bajo prisión domiciliaria ordenando su traslado de regreso al Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.
El ex mandatario lo anunció en sus redes sociales donde expresó que por segunda vez un juez estableció que no puede obtener el beneficio de ir a su casa y cumplir ahí su condena.
“De manera por demás insólita, ilegal y falta de toda lógica jurídica se ordena con carácter de urgente mi traslado al Ceferepsi del estado de Morelos, para terminar de compurgar los 22 años y 7 meses de la injusta pena que aún me falta cubrir”, dijo el ex gobernador.
“Hoy más que nunca solicito la intervención del Presidente de México para que me sea otorgado el indulto total y la libertad absoluta, antes de que el destino me alcance”, señaló Villanueva.
Y es que a finales de 2019, el presidente López Obrador dijo que había probabilidades de que su gobierno otorgara indultos a algunos presos antes de que concluyera el año.
Señaló que se estaban haciendo trámites para que el ex gobernador Mario Villanueva pudiera seguir su condena en prisión domiciliaria antes de concluir el año.
“Básicamente es que se mantenga en su domicilio aunque tenga carácter de preso, como un arraigo domiciliario por cuestiones de salud”, indicó el Presidente.
Los señalamientos de AMLO fueron secundados por la Secretaría de Gobernación, la que señaló que al tener más de 70 años de edad, una salud en condiciones precarias y mostrar buen comportamiento durante sus 18 años en la cárcel los cuales cumplió en mayo del 2018, se cumplen los requisitos para la prisión domiciliaria.
Por su parte, Mario Villanueva escribió en sus redes sociales que “a pesar de la buena voluntad para ayudarme a ir a casa, demostrada públicamente por el presidente López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tendré que pasar la navidad y el año nuevo en la Clínica Campestre en que me encuentro”.
Villanueva Madrid reitera en el texto sus peticiones de que se resuelva su solicitud de que el magistrado federal le conceda la prisión domiciliaria y compurgue la pena en su casa al cumplir con los requisitos establecidos en la ley y por otra parte ratifica su deseo de que se le otorgue el indulto.
“Se pide el indulto, porque se ha probado a través de una larga investigación que soy inocente, que los hechos ilícitos y los delitos que me atribuyeron son falsos, que fueron fabricados con interés político”, explicó Villanueva.
Para Alejandro Parada, maestro en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores, plantel Acatlán, es indudable que Mario Villanueva tienen una edad avanzada y un estado de salud delicado, sin embargo, ello por sí mismo no es suficiente para otorgar la medida, pues es necesario que ante el juez se acredite, mediante opinión de peritos, que dichas circunstancias personales hagan notoriamente innecesario que se compurgue la pena.
“Esto significa que la persona se encuentra en una situación tan mísera, que el sufrimiento que ocasiona la pena, se ve opacado por la situación física de la persona. Aspecto que es complejo de demostrar”, dijo Parada.
Otra posibilidad que se ha contemplado y ha expresado el presidente López Obrador, es la aplicación de la figura del indulto, establecida en el artículo 97 Bis del Código Penal Federal, en el cual se establece que el Presidente de México podrá conceder el indulto, por cualquier delito, siempre y cuando exista un dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos; o bien existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.
Además de los anteriores requisitos, es necesario que el sentenciado agote todos los recursos nacionales, es decir, que la sentencia se encuentre firme, como es el caso de Mario Villanueva. Debemos considerar que el indulto es una figura legal discrecional, esto es, que el Ejecutivo no cuenta con plazos o términos para solicitarla; por otro lado, de solicitarla, la libertad no sería inmediata, pues se requiere del dictamen del órgano ejecutor descrito anteriormente, el cual, seguramente se emitiría pues los Centros Penitenciarios Federales dependen del Ejecutivo federal.
En conclusión, en caso de que Mario Villanueva no tenga éxito con su solicitud de prisión domiciliaria, tendrá la posibilidad del indulto, la cual le es aplicable; incluso cabe recordar que ya ha compurgado la condena impuesta en Estados Unidos.
Sin embargo, queda a la incertidumbre si el presidente López Obrador ordena o no el indulto, pues la posición oficial por el momento, es que será el Poder Judicial Federal quien decida, no obstante, no existe razón para que el Ejecutivo espere la decisión de los tribunales para otorgar el indulto, el cual no depende de la decisión que se adopte en la solicitud de prisión domiciliaria.
Por su parte, el penalista Alberto Woolrich Ortiz, sostuvo que la pretensión de Mario Villanueva de ser trasladado a su domicilio particular radica en una búsqueda de la impunidad, por sobre todo porque desde el principio dicho funcionario pretendió evadirse de la acción de la justicia, tan es así que con mucha posterioridad al libramiento de la orden de aprehensión fue capturado.
“Desde un punto de vista de derecho internacional se debe respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica, el cual refiere la obligación del Estado de respetar aquellos derechos humanos de las víctimas, así como a la observancia de las garantías de igualdad ante la ley y protección de las personas sujetas a la jurisdicción de los tribunales federales y dentro de estas personas destaca la calidad de las víctimas sobre los derechos humanos de la delincuencia”, señaló el penalista.
Woolrich dijo que la pretensión de Mario Villanueva, a fin de que se le permita purgar la sentencia impuesta en su domicilio resulta ser no solo notoriamente improcedente, sino jurídicamente insostenible, toda vez que existe un principio universal de presunción de responsabilidad derivada de los instrumentos remitidos por el gobierno de Estados Unidos y por el propio expediente iniciado, dada la investigación efectuada en su momento por la PGR.
Por todo lo anterior, añadió el penalista, no resulta aplicable el pedido del ex mandatario en razón a que afecta los intereses jurídicos de terceros como resultan ser las víctimas.
“Jurídicamente debe ser tomado en consideración que el procedimiento penal iniciado contra el ex gobernador, fue anterior a la entrada en vigor del nuevo Sistema Procesal Acusatorio, y dicho procedimiento debe ser concluido conforme a las disposiciones vigentes en el sistema tradicional”, dijo Woolrich.
La historia
En mayo de 2010, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, se convirtió en el primer ex mandatario de una entidad en ser entregado en extradición al gobierno de Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y asociación delictuosa.
Quien gobernara Quintana Roo entre 1993 y 1999 fue trasladado del Reclusorio Norte de la Ciudad de México al aeropuerto de Toluca para su entrega a las autoridades estadounidenses.
La entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) señaló que gracias a la buena relación que existe entre las áreas de procuración de justicia, y en cumplimiento al tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, Villanueva Madrid era entregado en extradición al gobierno estadounidense.
Mario Villanueva era buscado para ser procesado por delitos contra la salud y asociación delictuosa ante una Corte Federal en Nueva York.
Las investigaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) señalan que desde 1993 hasta 1999 suministró todo tipo de apoyo para que el cártel de Amado Carrillo Fuentes, “El señor de los cielos”, introdujera a Cancún, Quintana Roo, cientos de toneladas de cocaína procedentes de Colombia, para después ser transportadas a Estados Unidos.
Según la DEA, Ramón Alcides Magaña, alias “El Metro” (jefe del cártel de Juárez en Tabasco y Yucatán), coordinaba el pago a policías y funcionarios de Quintana Roo, entre éstos a Villanueva Madrid, quien recibía entre 400 mil y 500 mil dólares por cada cargamento de cocaína que le permitía realizar a la gente de Amado Carrillo.
Villanueva Madrid estuvo detenido desde el 21 de junio de 2007 como parte de su proceso de extradición, fecha en la que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal tuvo por cumplimentada la orden de detención provisional con fines de extradición.
Una vez concluido el procedimiento de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores dictó el acuerdo por medio del cual el gobierno de México concedió la extradición del reclamado a su contraparte estadounidense.
El operativo de entrega se realizó en el hangar de la PGR en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, donde el personal de la entonces procuraduría entregó al extraditado a los agentes del gobierno norteamericano.
En México, Villanueva Madrid fue sentenciado por un tribunal de segunda instancia a 28 años de prisión al ser encontrado culpable del delito de narcotráfico, aunque fue absuelto de las acusaciones de lavado de dinero y delitos contra la salud. El ex gobernador pasó nueve años en prisiones mexicanas antes de ser extraditado a Estados Unidos, pues fue detenido el 24 de mayo de 2001 en Quintana Roo.
En el 2017, el ex gobernador regresó a México, luego de cumplir una condena en prisión de nueve años por el delito de lavado de dinero en aquella nación, impuesta por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York. La pena consideró el tiempo que estuvo detenido en México antes de su extradición.
En México, Villanueva Madrid enfrenta una sentencia por el proceso penal 101/2003 en el que es acusado de los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa e intimidación, por lo que habrá de cumplir con una sentencia de 22 años en prisión.
En 1993 Mario Villanueva fue electo gobernador de Quintana Roo; su administración estuvo llena de señalamientos por presuntamente tener nexos con el narco asentado en la entidad.
Según investigaciones de la DEA y de la entonces PGR, en 1994 inició operaciones en el estado el cártel de Amado Carrillo Fuentes y a partir de entonces Villanueva se habría coludido con la organización criminal.
El supuesto contubernio habría durado de 1994 a 1999, años en que la fortuna del entonces mandatario se volvió sospechosa para las autoridades. Mario Villanueva habría manejado cuentas en bancos de Estados Unidos, Suiza, Panamá y Bahamas.
Dos días antes de concluir su administración, el 4 de abril de 1999, desapareció, luego de que la PGR iniciara la investigación en su contra; Villanueva escribió una carta en la que dijo: “Acosado por una investigación dirigida a incriminarme a toda costa en delitos de tráfico y consumo de drogas, me vi en la necesidad de abandonar mi terruño para no ser objeto del encarcelamiento en Almoloya”.
El 24 mayo del 2001, fue aprehendido en Cancún, luego de varias versiones de haberse fugado al extranjero, siendo enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, conocido popularmente en aquellas fechas como “Almoloya”, donde estuvo preso hasta el año 2007.
El 21 de junio de ese año fue reaprehendido a su salida del penal de máxima seguridad y fue recluido en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México, luego de que las autoridades de Estados Unidos reclamaron un proceso de extradición en contra del político.
Tras la impugnación de la PGR de su libertad, en junio del 2008 se emitió una nueva sentencia de 36 años con 9 meses.
De acuerdo con la carpeta de investigación, las autoridades de Estados Unidos aseguraron 19 millones de dólares de Mario Villanueva, producto de actividades ilícitas.
El 28 de junio de 2013 fue sentenciado en Estados Unidos a 11 años de prisión por lavado de dinero; sin embargo, por el tiempo que llevaba en prisión sólo estaría tres años más tras las rejas. El 22 de diciembre de 2016 fue liberado de la cárcel de Lexington, Estados Unidos y en enero de 2017 regresó a cumplir su condena en México.
Mario Villanueva es uno más de los ex gobernadores que se encuentran bajo la mira de autoridades de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y otros ilícitos como lavado de dinero y que son incluidos en la lista negra, la llamada lista Clinton. Otros ex mandatarios son los tamaulipecos Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, además del nayarita Roberto Sandoval.
La Lista Clinton (Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a la lista negra de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo.
