CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto para la Salud y el Bienestar (INSABI) es una ilusión más del presidente López Obrador. Sus números no cuadran: para este año se tienen disponibles 40 mil millones de pesos que pertenecían al Fondo de Gastos Catastróficos, recursos con los que se pretende dar atención médica a 75 millones de mexicanos.
Según las cuentas del gobierno de la 4T, con el presupuesto asignado al INSABI corresponden 751 pesos por persona para su atención médica, una cantidad ridícula, pues por lo menos se necesitarían cuatro veces más para que se cumpla con su objetivo, es decir más de 160 mil millones de pesos.
Este dinero era parte del sistema de protección social en salud y otorgaba servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del desaparecido Seguro Popular que padecen enfermedades de alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.
El nuevo instituto creado por AMLO plantea darle servicio médico gratuito hasta a los extranjeros que se encuentren de paso por México, cuando en la práctica diaria ni siquiera todos los mexicanos tienen acceso oportuno y eficiente a los servicios de salud.
Las ocurrencias del Presidente son de tal nivel que ahora dice que de la venta del avión presidencial destinará recursos al INSABI, cuando la aeronave lleva más de un año sin poderse vender al no haber sido liquidada en su totalidad al fabricante. El nuevo instituto carece de sustento normativo, financiero y operativo, del mismo modo que otras recientes políticas públicas nacidas del mero voluntarismo de AMLO.
Desde que comenzó a operar el Instituto para la Salud y el Bienestar (INSABI) el primero de enero pasado, todo fue caos, confusión y frustración entre los millones de pacientes que normalmente atendía el Seguro Popular, al ponerse en evidencia que resulta prácticamente imposible que el nuevo organismo atienda a todos los enfermos de manera gratuita.
Aunque el presidente López Obrador ha repetido hasta el cansancio que el INSABI será un sistema de salud universal, en los hechos eso es solamente una quimera, ya que con el presupuesto asignado para este año de 40 mil millones de pesos será inalcanzable lograr esa meta.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, expertos en el tema estiman que un sistema de salud verdaderamente universal en México costaría aproximadamente 160 mil millones de pesos anuales, cuatro veces más del presupuesto que AMLO le asignó al INSABI.
El Fondo de Protección de Gastos Catastróficos –de donde se tomaron los recursos para echar a andar el nuevo instituto-, forma parte del Sistema de Protección Social en Salud que otorgaba servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del desaparecido Seguro Popular que padecen enfermedades de alto costo (en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren), que pueden poner en riesgo su vida y su patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud y el financiamiento de las atenciones a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
El citado Fondo proporcionaba recursos monetarios, a través de un fideicomiso, a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas, para la atención de 66 enfermedades.
Ese fondo fue prácticamente saqueado y ahora se supone que sus funciones las asumirá el INSABI, pero como ya quedó demostrado, por el momento no podrá hacerlo por el simple hecho que los recursos son insuficientes para atender todas las áreas del nuevo instituto.
En pocas palabras, esos miles de pacientes con enfermedades cuyos tratamientos son excesivamente costosos, quedaron sin atención médica, a la deriva, aunque el presidente López Obrador diga que al finalizar el presente año todos los servicios serán gratuitos. La atención de las enfermedades como el cáncer, deficiencia renal, diabetes, entre muchas otras, no puede esperar y eso parece no importarle al titular del Ejecutivo federal.
Entre los cambios aprobados por el Congreso de la Unión, se planteó que al menos 40 mil millones de pesos pasarán al INSABI para diversos gastos, como los relativos a infraestructura, cuando el Fondo de Gastos Catastróficos estaba destinado a cubrir una serie de enfermedades cuya atención es sumamente costosa.
Aunque habrá un apartado para estos padecimientos y aumentará el catálogo de los mismos, todavía no está definido qué enfermedades serán las que tengan cobertura, un ejemplo más de que el gobierno de AMLO es de ocurrencias y no de estrategias. Al respecto, el presidente López Obrador dijo que cueste lo que cueste, habrá atención y medicamentos gratuitos para las personas sin seguridad social.
Reiteró su compromiso de que en este año se consolide el INSABI, termine la corrupción y se demuestre que con los recursos económicos disponibles se logrará la gratuidad a más tardar el primero de diciembre.
Pero parte del financiamiento del INSABI parece depender de un capricho de AMLO: la venta del avión presidencial. Según el jefe del Ejecutivo, equipar los centros de salud, clínicas y hospitales del instituto costará 13 mil 083 millones de pesos, de los cuales el 19 por ciento se obtendría con la venta de la aeronave, aunque lo que no dijo, ni dirá, es que el multicitado avión no ha sido pagado a la empresa fabricante, por lo tanto, no se puede vender todavía.
El economista y ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, señaló que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) carece de “sustento normativo, financiero y operativo”, del mismo modo que sucede con otras recientes políticas públicas “nacidas del mero voluntarismo”.
En un texto publicado en El Universal, el exfuncionario y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, advirtió que estos factores condenarán al INSABI a convertirse en una “riesgosa quimera”.
En su opinión, el espíritu que está detrás del nuevo INSABI es, al final de cuentas, la recentralización de los servicios de salud para la población que no es derechohabiente.
Maestro en Matemáticas por el Tecnológico de Monterrey y el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Urzúa explica que con el Seguro Popular lo que se pretendía era lograr la universalidad de la salud a través, justamente de la descentralización.
Según refiere el exsecretario de Hacienda, en el caso de algunos gobiernos estatales la nueva reforma “es literalmente música para sus oídos”, dada la carencia de recursos propios suficientes, la mala calidad de sus servicios médicos y la opacidad que priva en sus sistemas de salud.
Además de la oposición de algunos gobernadores estatales por adherirse al INSABI, Urzúa Macías señala otros errores preocupantes, como el que el gobierno de AMLO no ha señalado al día de hoy, cuál será el esquema de financiamiento y el presupuesto del Instituto asignado para este año.
“Sorprende que el Presupuesto de Egresos de la Federación no establezca el monto de los nuevos recursos y cómo se alinearían éstos con los del fondo de aportaciones para los Servicios de Salud que por ley reciben los estados”, advierte el exfuncionario.
“Un segundo problema que se detecta en la operación, tiene que ver con la falta de claridad en los procesos de afiliación al INSABI, así como los criterios de elegibilidad”.
“Estos datos básicos se requieren para el proceso de planeación mismo, si no se tuvieran, se crearían entonces redes de atención no estructuradas, habría sobre – o sub- contrataciones de personal, y se comprarían medicamentos de más o de menos”, afirma el extitular de la SHCP.
Carlos Urzúa criticó que la falta de planeación en el arranque del INSABI tuvo como consecuencia que no se haya previsto un esquema transitorio que ayudara a dar certeza sobre la transferencia de fondos de la Federación a las entidades.
“La incertidumbre es tal que no se sabe si la Aportación Solidaria Federal y la Cuota Social que se transferían a las entidades se compensará con otros fondos. Este limbo jurídico es de gran relevancia, ya que el 85 por ciento de los recursos del Seguro Popular provenían de la Federación y solo 15 por ciento de las entidades federativas”.
Eliminar Seguro Popular, crucial error: ex secretarios de Salud
Desde que se anunció la creación del INSABI en agosto de 2019, seis exsecretarios de Salud enviaron una carta al presidente López Obrador y al Congreso de la Unión para advertir que la desaparición del Seguro Popular sería “un error crucial”.
La carta firmada por Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdova, Salomón Chertorivski, Mercedes Juan López y José Narro Robles, sostiene que esta reforma “anularía uno de los avances institucionales más importantes del sistema de salud mexicano en este siglo”.
En respuesta, el Presidente dijo que la única explicación que encuentra para quienes defienden la existencia del Seguro Popular es que “no tienen información suficiente”.
“¿Quién es el que se atreve a defender el llamado Seguro Popular? La única explicación es que no tienen información suficiente porque por lo general, con todo respeto, no salen de las oficinas, de los cubículos, los investigadores, los académicos, no van al campo, no conocen la realidad y no se puede transformar una realidad que no se conoce”, respondió el mandatario.
En su misiva, los ex secretarios reconocieron que la iniciativa que dio origen al INSABI plantea el objetivo de regularizar la situación laboral de 80 mil médicos; no obstante, advirtieron que esto no puede hacerse a costa de destruir la base que soporta y financia la atención a las enfermedades catastróficas que se presentan en la población no derechohabientes de la seguridad social.
En opinión de Salomón Chertorivski, con el Seguro Popular había una fórmula para proporcionar recursos a los estados dependiendo del número de afiliados.
No obstante, señaló, ahora que se desapareció la fórmula y la asignación de fondos depende de los acuerdos de coordinación que se firmen con cada una de las entidades, la entrega de dinero puede ser discrecional.
“Al eliminar la fórmula, regresa la discrecionalidad al gobierno federal, de cuánto dinero le voy a mandar a cada entidad federativa o qué gobernador tiene mejores relaciones o mayores capacidades”, dijo Chertorivski.
En el Congreso de la Unión, legisladores del Partido Acción Nacional exhortaron a la Secretaría de Salud, a fin de que dé celeridad a la publicación de las reglas de operación del INSABI, con el fin de garantizar su pronta y expedita divulgación.
Consideraron urgente que el gobierno federal complemente las leyes recientemente aprobadas por el Poder Legislativo a través de las reglas de operación las cuales precisen la forma de trabajar del nuevo instituto, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.
A pesar de que la administración federal tiene un plazo de 180 días para publicar las reglas, expusieron que un tema tan delicado y urgente como la salud de los grupos vulnerables del país amerita una publicación pronta y expedita.
“En tan solo ocho días desde la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar, miles de ciudadanos ya han sido víctimas de la incertidumbre y falta de información que genera la activación de un programa sin reglas de operación”.
Precisaron que a 15 años de la creación del Seguro Popular este organismo ya extinto logró afiliar a más de 53 millones de mexicanos.
Tan sólo el año pasado, las distintas instancias del Seguro Popular entregaron retrovirales a cien mil pacientes con VIH, atendieron a 50 mil personas con distintos cánceres y respaldaron a mujeres embarazadas para que 630 mil niños nacieran en diversos hospitales.
Sin embargo, desde el primero de enero de 2020, miles de afiliados han quedado a expensas de la incertidumbre que genera tener un programa sin reglas de operación y sin una estrategia de comunicación clara sobre los nuevos procedimientos y normativas.
Esa incertidumbre ha golpeado a los niveles más bajos de la población, ya que atendía a 90 por ciento de las familias más pobres de este país.
Desde el primero de enero pasado estas familias han vivido una constante incertidumbre y han sido víctimas de información falsa que algunos medios han divulgado.
Tal situación se vuelve grave cuando se considera que el Seguro Popular cubría 66 enfermedades de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, que necesitan de una supervisión continúa debido a que el descuido de sólo unas horas en la atención de los pacientes podría tener consecuencias fatales.
Hasta el momento de redactar estas líneas, un total de 18 entidades se habían adherido al Instituto de Salud para el Bienestar, mientras que los 14 restantes tienen hasta el día 31 de este mes como plazo para decidir si se incorporan al nuevo organismo.
Las entidades que se han adherido son: Tabasco, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Ciudad de México, Colima, Baja California, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Oaxaca, Sonora, Puebla, Guerrero, Estado de México, Zacatecas, Durango y Querétaro. Destacan estas dos últimas, que son administradas por gobiernos emanados del PAN.
Están en proceso de adhesión: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Aguascalientes.
El presidente López Obrador y la Secretaría de Salud están obligados a dar certidumbre y confianza a los millones de afiliados mediante la pronta publicación de las reglas de operación del INSABI, de lo contrario seguirán incurriendo en negligencia e ineptitud como servidores públicos.
