CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de que las instituciones de seguridad de todo el país utilicen las armas decomisadas a los grupos criminales o que fueron entregadas durante campañas de desarme para ser destruidas, el senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para reformar el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En la exposición de motivos, el legislador considera que esas armas pueden reforzar el equipamiento con que cuentan las fuerzas policiales municipales, estatales y federales.
La Secretaría de la Defensa Nacional podrá adjudicarlas de manera gratuita a la entidad federativa o el municipio que haya realizado el aseguramiento, o con quien haya colaborado en campaña, programa de desarme, señaló.
De acuerdo al Instituto Nacional de Información Estadística y Geografía (Inegi), en nuestro país, el 7.6 por ciento de los policías de todos los niveles han sido amenazados por el crimen organizado; mientras el 21 por ciento de los uniformados del país, no tiene un arma de fuego asignada.
Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional indican que, durante 2019, fueron destruidas 19 mil 317 armas, las cuales fueron decomisadas en 28 estados del país.
Un dato adicional es que conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y noviembre de 2019, el número de personas asesinadas con arma de fuego sumó los 32 mil 604.
La organización Small Arms Survey realizó un estudio sobre armas en el mundo, denominado estimación de los números mundiales de armas de fuego de uso civil, (Estimating global civilian-heldfirearms numbers). En el documento, calcula que en México hay alrededor de 16 millones 800 mil armas, de las cuales, 80 por ciento son ilícitas.
El Center of American Progress asegura que, en los últimos años 213 mil armas fueron transportadas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano. Adicionalmente se estima que de las 106 mil armas de fuego recuperadas entre 2011 y 2017, el 70 por ciento fueron compradas originalmente en Estados Unidos.
La propuesta señala que sólo las armas aseguradas serían exceptuadas para la destrucción, siempre y cuando se encuentren en estado útil o con posibilidad de reparación.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República.
