Nigromante
Por JOSÉ VILCHIS GUERRERO
Luego de largas manifestaciones de rechazo a la violencia de mujeres encapuchadas por temor a la represión y al riesgo de encontrarse machos alfa vengativos para reprimir sus protestas legítimas en demanda de justicia y que se escuchen sus voces para frenar de una vez la violencia contra el género que a últimas fechas ha sido el más vulnerable, lograron reformas al estatuto general de la UNAM en su beneficio.
En un hecho que se considera sin precedentes, el Consejo Universitario aprobó la reforma a los artículos 95 y 99 del Estatuto General de la UNAM para considerar la violencia de género como causa grave de responsabilidad que amerite hasta la expulsión de alumnos o el despido de académicos.
Pese al exhorto de varios de los consejeros por posponer la modificación a la legislación universitaria para revisar la propuesta realizada por el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) -que atiende las demandas de las Mujeres Organizadas de aquella entidad en paro desde el 4 de noviembre e incluye la discusión del artículo 98- y tras 10 horas de sesión el CU formalizó la reforma a la legislación universitaria.
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador había mano negra detrás de la crisis universitaria y llamó a la cordura a los grupos mal llamados “anarquistas” a salir del movimiento de protesta porque no aportan ninguna solución.
Para sorpresa de todos, surgió un “yo acuso” en las instalaciones de la UNAM para señalar la mano que mece la cuna: el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, cabeza que está detrás del conflicto, según afirmó en un boletín de prensa signado por el abogado Eduardo López Betancourt, quien confirmó que sí hay manipulación política.
“Yo acuso a Alfonso Ramírez Cuéllar, de ser la mano negra o por lo menos una de ellas que tratan de desestabilizar a la UNAM”, señala un boletín del presidente del Tribunal Universitario de la UNAM.
No se puede ignorar un señalamiento tan directo porque la acusación no es precisamente una frivolidad. Se trata del eminente abogado y teórico del derecho penal, cuya acusación formal tiene la contundencia para señalar que el presidente interino de Morena tiene aliados en la máxima casa de estudios para administrar el conflicto donde por muchos años tuvo el control el Revolucionario Institucional.
Para manipular el conflicto universitario Ramírez Cuéllar ha tenido la colaboración de la licenciada Lourdes Ojeda, directora jurídica del tribunal universitario y ¡su esposa! Así como de Javier Uriel, señalados ambos en el comunicado, que precisa que el legislador morenista ha creado un conflicto sin causa, pero aclara que no todos los integrantes de ese partido están involucrados.
El 15 de enero, después de más dos meses desde que un grupo de alumnas agrupadas en el colectivo feminista y separatista Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) tomaron las instalaciones como protesta contra la violencia sexual y de género, se instaló la primera mesa de diálogo con las autoridades.
Fue el primer encuentro formal entre las estudiantes paristas y las autoridades de la UNAM. Siete de ellas, encapuchadas y vestidas de negro, leyeron a los representantes de la facultad cada una de las demandas de su pliego petitorio.
Cuando exigieron una disculpa pública a la familia de la alumna Mariela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde abril de 2018, por entorpecer las investigaciones para su búsqueda inmediata, el director de la facultad, Jorge Enrique Linares Salgado, se apresuró a disculparse ahí mismo.
Con la voz entrecortada las estudiantes reclamaron al directivo su falta de sensibilidad al disculparse sin dirigir la mirada a la señora Herminia ni cumplir el protocolo que establece la Ley General de Víctimas, según la cual tiene que ser en una fecha convocada por la autoridad y en un lugar que signifique y dignifique la disculpa pública.
“No se trata de un punto más para cumplir tus intereses y que te entreguemos las instalaciones porque por eso las estamos tomando, y por eso estamos haciendo esta interrupción de la normalidad; si la norma es que nuestras compañeras no estén, entonces nosotras no queremos vivir en la norma”, recriminaron.
Entre aplausos y gritos de “¡no estamos todas, nos falta Mariela!”, el director y las representantes de Rectoría se comprometieron a hacer la disculpa pública. Sin embargo, a un mes de la mesa de diálogo, no se ha convocado para saldar esta deuda pendiente de la UNAM.
Ese episodio es el reflejo de la lentitud en el cumplimiento de esa y otras demandas, lo que ha hecho que crezca el movimiento pese al desgaste que representa una toma de instalaciones de esta magnitud. En solidaridad con sus compañeras, se declararon en paro estudiantes de otras facultades, como la Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).
Luego que la tarde del viernes 7 se entregaron las instalaciones de los planteles 4 de la Escuela Nacional Preparatoria, el CCH Azcapotzalco y la Facultad de Arquitectura (FA). Todavía quedan la Escuela Nacional de Trabajo Social, la Facultad de Psicología, la de Artes y Diseño, los planteles Sur y Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), las prepas 3, 5, 6 y 8, y de manera indefinida FFyL, FCPyS y la Prepa 9.
El conflicto estudiantil se gestó mientras el rector Enrique Graue buscaba la reelección. El 29 de octubre de 2019 se convocó a una asamblea feminista y se decidió tomar las instalaciones por 12 horas a partir del 4 de noviembre, pero el cierre de la facultad se volvió indefinido ante el incumplimiento de las demandas, entre ellas la destitución de Amparo Yadira Coronado Zavala, encargada de las denuncias por violencia de género en FFyL. Cuatro días después del paro, Graue tomó protesta como rector de la UNAM por cinco años más.
