CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional denunció acoso, intimidación y despojo de tierras de mujeres indígenas posesionarias en la Sierra Norte de Veracruz, con el aval del Gobierno Federal, donde se construye la Universidad Benito Juárez por lo que exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador detener su campaña de hostigamiento contra las féminas en el medio rural en tanto que a la CNDH le demandó investigar el caso para emitir una recomendación y a la Procuraduría Agraria así como al Tribunal Agrario le urgió garantizar la restitución de 3 hectáreas arrebatadas a las afectadas desde 2019.
En conferencia de prensa, las afectadas Petra Cabañas Durán y Sandra Hernández Cabañas, posesionarias hasta el 2019 de sus tierras en la comunidad de Carboneros Jacales ubicado en el municipio de Huayacocotla, Veracruz, sostuvieron que autoridades federales, estatales, municipales y comunales les dieron a conocer que sus tierras habían sido donadas, sin autorización de parte, y ello implicaba que “donas o donas. De lo contrario te desalojamos con la Guardia Nacional y te echamos de la comunidad”.
Tras las amenazas a estas indígenas de origen Náhuatl por parte del Comisariado Ejidal, el despojo de tierra sin asamblea previa y con amenazas a cuestas, las posesionarias y la CNPA MN iniciaron los procesos legales ante la PA y el TA a fin de que se restituyan dichas tierras las cuales están ociosas cuando con ellas se producía maíz, frijol y haba.
Por lo anterior, en esta comunidad donde hay 290 ejidatarios de las cuales 50 son mujeres y muchas otras son posesionarias, la inconformidad por el arrebato de tierras para crear la Universidad Benito Juárez es sinónimo de “rebeldía, de ser revoltoso y ello amerita la expulsión”, expresó Petra Cabañas Durán avalada por Alberto Galindo García, miembro de la Comisión Ejecutiva de la CNPA MN.
Cabe recordar que la 4T ofreció construir 100 universidades para que los más pobres tengan acceso a la educación superior pero no aclaró que sería través del despojo de terrenos así es como las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) comenzaron a operar en marzo de 2019 que en conjunto deberán atender a 39 mil 600 estudiantes de zonas marginadas pero resulta que la de Carboneros Jacales ubicado en el municipio de Huayacocotla, Veracruz (donde confluyen etnias Náhuatl, Tepehua y Otomí), sigue en obra negra, sin alumnos, académicos o administrativos.
Seguros de que no se puede donar lo que no es del Estado, las indígenas Petra Cabañas Durán y Sandra Hernández, el 5 de enero de 2020 ante la visita del Presidente de la República al municipio de Huayacocotla, Veracruz, junto con Francisco Hernández Soto, Francisco Javier Hernández Cabañas denunciaron públicamente que han sido despojados de sus parcelas para construir la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con sede en el Ejido Carbonero Jacales.
Reiteraron que se trata de alrededor de 3 tres hectáreas que nunca le donaron a la Universidad Benito Juárez pero resulta que las autoridad “se sacó de la manga” una acta circunstanciada de fecha 22 de febrero de 2019 referida a la visita de topógrafos y firmada por autoridades ejidales y los supuestos donantes; misma acta remite a un acuerdo de Asamblea de fecha 17 de febrero de 2019 y un plano presentado el 08 de agosto de 2018.
Cabe aclarar que Alejandro Durán Ortega promotor de la Universidad ha sido denunciado por otros ejidos ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria y ante la Secretaría de la Función Pública por manipular junto representantes agrarios la redacción de actas en los ejidos.
Alberto Galindo García, miembro de la Comisión Ejecutiva de la CNPA MN, dijo que en los núcleos agrarios “por costumbre y acuerdos internos” los derechos de posesión de la tierra se traspasan de padres a hijos y/o familiares, sin que sea necesario acudir a instancias agrarias como la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional o ante Notario Público en caso de propiedad privada.
Señaló que justo de esto están abusando las autoridades ejidales, agrarias y representante de la universidad para concretar el despojo.
Es innegable la necesidad de espacios educativos para la juventud y es loable que eso se haga (aunque debieran ser de mayor proyección), pero nunca bajo el despojo de las personas más humildes; pues ahora que reclaman su patrimonio de décadas son amenazados con ser expulsados de su ejido y localidad, de concretarse es responsabilidad del Gobierno Federal que nunca quiso escuchar, incluyendo el mismo Presidente de la Republica, detalló.
Dijo que al buscar en Portales de Internet, no se encuentra lugar sede desde donde opera la Coordinadora de Universidades para el Bienestar.
Añadió que el nombre Raquel de la Luz Sosa Elizaga, nombrada como coordinadora de las 100 Universidades para el Bienestar sólo aparece en medios de comunicación, más no en portadas oficiales.
Pero además las Universidades para el Bienestar Benito Juárez carecen de validez oficial, no cumplen con el mínimo de materiales de construcción, mobiliario, equipo y necesidades de reparación básica, según estudio realizado por la Organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
No tienen el personal adecuado para impartir materias. En tanto que el presupuesto ejercido en 2019 fue irregular, pues los primeros tres trimestres no reportaron gastos, pero al cierre del año se erogaron 880.2 millones de pesos, concluyó.
