CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 20 organizaciones campesinas que se agrupan en el Movimiento el Campo es de Todos y en el Congreso Agrario Permanente advirtieron que las burlas, descalificativos, acusaciones y estigmatización del Presidente Andrés Manuel López Obrador a los colectivos de mujeres que reclaman justicia ante la ola de feminicidios así como de las organizaciones sociales que demandan respeto a los derechos humanos sólo “radicalizarán las protestas en México”.
En mensaje a medios, aseguraron que el Jefe de la Nación le juega al “provocador e instigador de la violencia en el país” así como al “manipulador que se victimiza y culpa de todo al neoliberalismo” mientras que frente a él matan a diario con total barbarie a mujeres de cualquier edad así como a luchadores sociales lo que demuestra que el país carece de un Estado de derecho a poco más de un año de gestión presidencial por lo que los poco más de cuatro años restantes de la actual Administración se prevé un ambiente de “terror social”.
En ese orden de ideas, lanzaron una enérgica condena por el silencio cómplice que han mostrado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respecto a las agresiones de la policía estatal de Chiapas, contra la caravana de Padres de los 43 estudiantes desaparecidos así como de estudiantes de las escuelas rurales de Mactumatzá en Chiapas e Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, ocurridas el pasado 16 de febrero del año en curso, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Estos liderazgos exigieron el inicio de “juicio político” en contra de todos los involucrados en los actos de violencia registrados contra estudiantes normalistas en dicha entidad sureña.
Esto sólo muestra la protección hacia el gobierno de Chiapas que encabeza Rutilio Escandón Cadena quien ha sido denunciado desde el inicio de su mandato por organizaciones sociales, campesinas e indígenas así como por organismos defensores de derechos humanos tras tantas agresiones, asesinatos y desapariciones contra defensores y líderes sociales en dicho estado.
De los hechos destacan el asesinato de Carlos Mayorga, simpatizante del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán el 22 de noviembre de 2018; asesinato de Sinar Corso, el 3 de enero de 2019; desaparición, tortura y asesinato de José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, ocurridos el 17 de enero de 2019.
Por ello el anuncio del gobierno de Chiapas de sancionar a 60 policías por la violencia de días recientes que dejó personas graves en el hospital, es insuficiente pues “no” se encubre a los responsables de haber reprimido de tal suerte que la responsabilidad recae directamente en la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela del Socorro Zepeda Soto y en el Secretario General de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, de quienes “exigimos su renuncia”.
Los pronunciamientos del Gobernación Federal y Presidencia de la República condenando la agresión se deben más a la presión social, nacional e internacional que al espíritu de solidaridad y sensibilidad gubernamental.
Los cacicazgos políticos en Chiapas se mantienen intactos, se perpetuán en el poder cambiando banderas y partidos políticos que en su pragmatismo reciclan lo más retrógrada del poder en el estado pero la represión continúa.
Cabe recordar que la represión contra padres de los normalistas desaparecidos y estudiantes no es nuevo en el gobierno de Rutilio Escandón Cadena, en poco más de un año en el poder.
Ante estos hechos, el Movimiento el Campo es de Todos y el Congreso Agrario Permanente y sus 20 organizaciones campesinas que los integran se pronunciaron por iniciar juicio político contra el Gobernador Rutilio Escandón Cadena, la renuncia inmediata de Ismael Brito Mazariegos, Secretario General de Gobierno de Chiapas y de Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación Federal.
