Quien no puede acreditarla tampoco puede contar con servicios de salud o educación.
La falta de documentos oficiales relacionados con la identidad no sólo afecta a personas de otros países que migran a México o que transitan por él, sino que también se trata de deuda con muchos mexicanos que viven en comunidades alejadas dentro del territorio nacional, cuyos registros fueron perdidos duplicados o cancelados.
Así, quien no puede acreditar su identidad tampoco puede ejercer sus derechos al empleo, a los servicios de salud o educación.
En este contexto, el presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Aris Solís, organizó el “Foro para el Acceso a la Identidad y Nacionalidad Mexicana de las Personas en Contextos de Movilidad”, para analizar la agenda pendiente en esta materia.
Al inaugurar el evento, el legislador expresó la voluntad de los senadores para revisar la tramitología que impida garantizar la identidad y movilidad de los mexicanos, tanto en el país como en el extranjero.
Aris Solís dijo que en la Cámara de Senadores estarán atentos a los diferentes puntos de vista y “seremos sus aliados” en caso de que se requiera una reforma legal para cumplir con dicho propósito.
En el encuentro se presentaron diversos testimonios de personas que fueron deportadas de Estados Unidos y que carecían de los documentos necesarios para su identidad.
Ana Laura López Betanzos, del Grupo de Identidad y Educación en la Migración, relató que cuando fue deportada, en México no se le aceptó una matrícula consular ni un pasaporte expedido en una oficina consular como medio de identificación. Por eso, agregó, sus hijos siguen en aquella nación, separados de su madre, desde hace tres años.
Rocío González Higuera, titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, asentó que el derecho a la identidad es una llave para acceder y ejercer los derechos económicos, sociales y culturales.
Resulta importante, acotó, que las personas en contextos de movilidad -ya sea que pasen por México, que salgan de nuestro país, que vengan a establecerse o sean devueltos por autoridades migratorias de otras naciones- tengan documentos que acrediten su identidad: pasaporte, acta de nacimiento o cualquiera otro que identifique a las personas.
“No sólo se trata de saber quiénes somos, ni cómo vivimos en este país, sino de contar con un instrumento que permita acceder al derecho al empleo, a los servicios de salud, educación”, manifestó.
Para hacer frente a esta situación, dijo la funcionaria, la Secretaría de Gobernación se ha comprometido a garantizar el derecho a la identidad y a la doble nacionalidad de las hijas e hijos de personas de nacionalidad mexicana que regresan a nuestro país.
“Consideramos imprescindible una mayor colaboración por parte de todos los registros civiles para garantizar el registro de los migrantes, además de ampliar la cobertura y difusión del programa para que más personas puedan ejercer sus derechos e integrarse plenamente a las comunidades que los reciben”, comentó.