La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desechó por unanimidad 58 solicitudes de juicio político, porque constitucionalmente son improcedentes o fallecieron los ex funcionarios.
Cabe señalar que del años 2003 a la fecha se habían acumulados un total de 364 demandas de juicio político, el pasado 1 de marzo la subcomisión declaró 109 casos cerrados y ahora agregó otros 58, por lo que permanecen 197 asuntos pendientes.
Durante la reunión de trabajo, la copresidenta de la subcomisión y presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes Del Carmen Guillén Vicente, explicó que de los 58 asuntos retirados, 49 no proceden de acuerdo al artículo 110 de la Carta Magna.
Las otras nueve denuncias estaban dirigidas contra seis ex funcionarios que ya fallecieron.
La diputada del PRI señaló que las 197 demandas de juicio político que quedan pendientes están vigentes y en condiciones de ser estudiadas a fondo, para determinar si proceden o no.
“Ya están todos vigentes, pero deben ser revisados y ver si está sustentado el dicho contra éste que sí sabemos que es servidor público que está dentro de su término. Vamos a ver si están acompañadas las pruebas fehacientes para poder acreditar un posible juicio”, asentó.
Al respecto, el copresidente de la Subcomisión de Examen Previo y presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa, expuso que han desahogado casi el 45 por ciento de los asuntos que hace más de 13 años no se resolvían y confío en concretar la próxima reunión en este periodo de sesiones, a fin de continuar el análisis de los casos.
De acuerdo el legislador del PRI, entre los casos retirados figuran quienes fungían como secretarios de Estado, magistrados, procuradores de Justicia y fiscales, subprocuradores, jueces, agentes del Ministerio Público, presidentes municipales, jefes delegaciones del Distrito Federal, administradores, directores generales, subdelegados de organismos federales en los estados, titulares de órganos internos de control y rectores de universidades, entre otros,
Entre ellos, Bernardo Batiz Vázquez (denuncia del 2004), Rodolfo Félix Cárdenas (2006) y Miguel Ángel Mancera Espinosa (2008), ex procuradores generales de Justicia del Distrito Federal, y José Luis Santiago Vasconcelos (2008), ex subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR).
También Javier Laynez Positek (2010), ex procurador Fiscal de la Federación; Mony de Swaan Addati y Gonzalo Martínez Pous (2010), comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y José Luis Luege Tamargo (2011), ex director de la Comisión Nacional del Agua.
Entre los denunciados que fallecieron destacan Juan Camilo Mouriño Terrazo (2008), ex secretario de Gobernación; Jorge Ricardo García Villalobos Gálvez (2009), ex presidente del Tribunal Superior Agrario y Alonso Lujambio Irazabal (2010), secretario de Educación Pública.
Juan Francisco Molinar Horcasitas (2010), como ex secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director general del Instituto Mexicanos del Seguro Social; Sergio Armando Valls Hernández (2010), ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Francisco Blake Mora (2010), ex secretario de Gobernación.
