Los coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks; del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez Cisneros; de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla; y del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, consideraron insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno de la República para atender la pandemia mundial por el COVID-19.
Por ello, en un comunicado conjunto exigieron al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión poner en marcha las siguientes acciones:
1. Convocar de forma inmediata al Consejo de Salubridad General –órgano colegiado encabezado por el Presidente de la República y con carácter de autoridad sanitaria– para dictar disposiciones generales y obligatorias en la materia, y ofrecer el apoyo y la coordinación de la Federación con los estados, para que puedan ser la primera línea de contención al interior de su entidad a través del fortalecimiento de sus servicios de salud. Coordinarse también en caso de restricciones de movilidad para no afectar el funcionamiento de instalaciones como centros de atención médica.
2. Cancelación de actividades masivas y suspensión de clases de forma presencial a nivel nacional a partir de este martes 17 de marzo. Las congregaciones de personas aumentan el riesgo de contagio y, por ello, su realización se debe evitar a toda costa. Algunos estados de la República han comenzado a trabajar en este sentido, pero es necesario que la Federación asuma también su tramo de responsabilidad.
3. Ejecutar un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de COVID- 19, en el que se establezcan las actividades necesarias para evitar el riesgo de la enfermedad, su diseminación en el territorio nacional, la creación de la reserva estratégica de insumos para la salud, el otorgamiento de los recursos necesarios a las instituciones responsables de llevar a cabo acciones para prevenir y dar respuesta, incluyendo al Fondo de Bienestar. Su ejecución será coordinada por el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, presidido por la Secretaría de Salud.
4. Que las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y de Senadores, así como las Juntas de Coordinación Política (Jucopo), acuerden la suspensión de las sesiones de los plenos y que sólo continúen trabajando de manera remota mediante los apoyos de las tecnologías de la información y la comunicación, los órganos de gobierno como son la Jucopo y Mesas Directivas de ambas cámaras, así como las comisiones de Salud, Protección Civil y Seguridad Pública y aquellas que por su mandato se requiera. La Jucopo, en conjunto con el Comité Técnico de Evaluación, adoptará los acuerdos específicos necesarios para sacar adelante el proceso de elección de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral.
5. Aprobar la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 311 y adiciona el Capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo en materia de regulación del teletrabajo, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, sin requerir la presencia del trabajador en un sitio específico y utilizando las tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre éste y el empleador.
6. Autoaislamiento. Éste deberá ser para toda la población, no nada más para las personas que hayan contraído el virus, pues sólo de esta forma se garantizaría la disminución de casos de contagio.
7. Garantizar la salud de las personas contagiadas, a través de la atención médica correspondiente y la compra de insumos necesarios para hacer frente a una posible propagación masiva.
8. Valorar la adopción de medidas que otras naciones han implementado al declarar estado de emergencia como son: el cierre parcial o total de fronteras, puertos y aeropuertos. Un número considerable de naciones ha puesto en marcha esta medida, pues entienden que urge detener la propagación de este virus. Desde luego que estas acciones tendrán repercusiones de diversa índole, pero ningún interés puede estar por encima de la salud y la vida de la población.
9. Reasignación presupuestal a las instancias competentes y a las entidades federativas para atender la emergencia, a fin de garantizar la cobertura hospitalaria, el abastecimiento de medicamentos y la protección del personal médico.