- Es ineficaz y representa un lastre para el nuevo sistema de justicia penal
- Se busca suprimir el párrafo octavo del artículo 16 de la Carta Magna
El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, anunció que presentará una iniciativa para eliminar de la Constitución Política la figura del arraigo, por ser “ineficaz” y representar “un lastre” para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio-adversarial y oral.
La iniciativa busca suprimir el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política, donde se establece que “la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona”, hasta por 40 días y con posibilidad de prorrogarse por otros 40.
En conferencia de prensa, acompañado por los diputados priistas Martha Tamayo Morales y Armando Luna Canales, el líder parlamentario señaló, además, que la figura del arraigo se contrapone al paquete de reformas constitucionales de 2011, en materia de derechos humanos.
Recordó que en ese año el Estado mexicano admitió que se apegaría a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a las resoluciones que emitieran los organismos de las Naciones Unidas sobre ese tema, y, en ese sentido –dijo– el arraigo es una figura que no es compatible con esas reformas.
César Camacho indicó que la figura del arraigo es un resabio del viejo sistema de justicia penal inquisitivo, donde se detenía a las personas para investigar, y que resuelve “muy pocos asuntos” por ser ineficaz.
“Entre 2008 y 2011 se arraigaron a seis mil 562 personas, pero apenas el 3.2 por ciento recibió sentencia condenatoria. El arraigo lastró al sistema de justicia, vulneró derechos humanos, y tuvo una eficiencia marginal”, refirió.
“El arraigo pone en entredicho el respeto y promoción de los derechos humanos. Se viola la libertad personal, las reglas del debido proceso, se confronta con la presunción de inocencia, el arraigo parece una presunción de culpabilidad”, abundó.
El diputado priista sostuvo que esa figura ha caído en desuso en la actualidad, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) reportó sólo 25 casos de arraigo en 2016, debido a su “escasa expectativa de éxito”.
“Trabajamos para eliminar resabios del modelo de justicia tradicional que, además de ser obsoletos y violar principios constitucionales y convencionales, lo peor, son ineficaces”, afirmó.
“No estamos eliminando una herramienta, estamos quitando un obstáculo que resulta costoso para el sistema de justicia penal que mantiene su propósito de ser eficaz en observancia cabal al respeto de los derechos humanos”, agregó.
César Camacho destacó que para los delitos graves quedan otras medidas cuatelares, como la prisión preventiva, que un juez puede dictar libremente.