La prioridad de López Obrador es acabar con la corrupción en México, porque, de acuerdo al presidente, es algo que le heredaron los gobiernos del periodo neoliberal, sin embargo, en el primer año de su gestión creció el número de víctimas de este delito.
El número de víctimas y actos de corrupción en dependencias de gobierno incrementó en el primer año de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, según los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 elaborada por el INEGI.
Durante 2019, primer año de la 4T, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1% en 2017, a 87% en 2019. Sin embargo, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2017, a 15,732 en 2019; al igual que la tasa de incidencia, la cual pasó de 25,541 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes en 2017 a 30,456 en 2019.
Por otro lado, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 25 por ciento.
Estas cifras expresan tanto la relación de personas afectadas, como las experiencias de corrupción registradas en trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos en áreas urbanas
La cobertura conceptual y el alcance metodológico de este programa estadístico contemplan actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y no de las actividades que permiten el desarrollo de las unidades económicas.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 ofrece información referente a la satisfacción con servicios públicos básicos y bajo demanda, así como las experiencias en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contactos con autoridades que tuvo la población de 18 años y más, que reside en áreas urbanas de 100,000 habitantes y más, durante 2019.
