El derecho humano al trabajo en esta pandemia de COVID-19 es uno de los asuntos que deben ocupar al Estado en los tres órdenes de gobierno, para protegerlo en el sector público como en el privado y a quienes laboran de manera informal, afirmó el ombudsperson Jorge Olvera García.
Tras señalar que el derecho al trabajo se ha visto profundamente afectado por la pandemia mundial, expresó la preocupación por la reapertura de empresas y el incremento del riesgo de contagios por la movilidad que esto implica, así como la necesidad de que el Estado mexicano inyecte apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa como en otros países.
Lo anterior, al participar en el análisis del Derecho al Trabajo, en el marco del Seminario Internacional “El asedio de la pandemia COVID-19 a los derechos humanos: Desafíos mundiales para el Estado Constitucional”, organizado por la Red Internacional de Estudios Constitucionales (RIEC), en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
Jorge Olvera, doctor en Derecho, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de la Codhem, reiteró que ninguna empresa, ni dependencia gubernamental de ningún orden, Ayuntamientos, Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, pueden despedir a trabajadores o trabajadoras, sino protegerlos y en particular a quienes se encuentran en situaciones de mayor precariedad.
Precisó que en caso de despido a causa de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID19, o por razones de seguridad y salud, la o el trabajador deberá tener derecho a una indemnización por fin de servicios u otras prestaciones análogas; prestaciones de seguro de desempleo o asistencia para compensar la pérdida de ganancias sufrida como consecuencia del despido, de conformidad con el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo.
Asimismo, Olvera García recordó que el pronóstico para México es que podrían perderse millones de empleos por la paralización económica, por lo que es evidente la afectación al derecho humano al trabajo por la pandemia mundial del virus, que además de ser una amenaza para la salud pública, con lleva perturbaciones de nivel económico y social que ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas.
Por ello, consideró que deben conjugarse esfuerzos y acciones entre el Estado, las personas trabajadoras y las empleadoras, a fin de velar por la seguridad de las personas, la sostenibilidad de las empresas y por los puestos de trabajo, fortaleciendo el respeto de los mecanismos de diálogo social y utilizarlos para cimentar la resiliencia.
El diálogo social, enfatizó, debe realizarse a todos los niveles, nacional, sectorial y de empresa, como herramienta de política esencial para garantizar la adopción de políticas y programas que hagan frente con eficacia a la crisis, al tiempo que mitigan su impacto sobre el empleo y los ingresos.
Mencionó que la conformación del trabajo en México, por la precariedad laboral y falta de seguridad social, es uno de los factores que han impedido disminuir los contagios de COVID-19, y reiteró la necesidad de entender la relación entre la disminución de la mortalidad con la limitación de la movilidad, “por eso ha sido vital el #quédate en casa, y el regreso a la actividad laboral debe ser bajo el seguimiento estricto de protocolos de sanidad.”
Reiteró que las y los trabajadores afectados por el COVID-19 deben tener acceso a cuidados y servicios de salud adecuados, de carácter preventivo o curativo, con atención médica general, asistencia médica especializada en hospitales y fuera de éstos, a los medicamentos necesarios, a hospitalización cuando sea necesario, y a readaptación médica.
Por último, invitó a quienes no tienen que salir de casa por necesidad laboral, que respeten la indicación de permanecer ella, ya que la Organización Panamericana de Salud recomendó a México no reactivar sus actividades porque se incrementarán los casos de contagios, por tanto es responsabilidad de todas las personas cuidarse para evitarlos y salvar su vida y la de los demás.