La presidenta de la Comisión Especial contra la trata de personas, Julieta Fernández Márquez, apuntó que la incidencia de este delito se multiplica cada año, con 60 mil víctimas anuales en México; a su vez, la pornografía ocupa el primer lugar entre los delitos que se cometen a través de Internet, donde ambos ilícitos se enganchan.
El narcotráfico y la portación de armas se persiguen, pero con la explotación de personas el delincuente sabe que en el país existen muchos “paraísos donde no la combaten” y no se le sanciona de ninguna manera, lo que “fomenta el ilícito y da gasolina a toda la industria del delito. Si no hubiera clientela, no habría trata”.
Por ello, “estamos impulsando la reforma a la ley general para establecer el castigo concreto a los clientes”.
Sólo el Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala y Chiapas atacan activamente el delito de trata; en el resto de los estados, “hay un letargo”, como si la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, estuviera muerta, aseguró.
Explicó que la trata se práctica en los giros “negros” en completa impunidad y se conjuga con otros delitos como portación de armas, delincuencia organizada, narcotráfico y abuso de menores. Son zonas de tolerancia que deben combatirse con fuerza, subrayó.
Por ello, continuó, “esperamos que en el corto plazo se discuta ampliamente la sanción al cliente de trata de personas, figura que se registra en algunos países desarrollados y que debe establecerse en la ley general a través de una reforma”.
La legisladora por Guerrero pidió hacer algo urgente para frenar a la delincuencia, “no solamente quedarse en un pleito entre policías y ladrones, sino en una verdadera estrategia económica mediante la incautación de los bienes que les reste poder financiero”.
Precisó que “al decomisar al delincuente los bienes obtenidos, se detiene su negocio, no continúa; de lo contrario, aun estando en la cárcel sigue dando frutos su actividad, porque tiene poder para comprar y seguir manteniendo su organización criminal”.
“Tenemos que cortar de raíz eso y se logra atacando la parte económica, mediante la incautación de bienes que debe redireccionarse en apoyo a las víctimas”, apuntó.
Fernández Márquez informó que también se hacen esfuerzos legislativos para elaborar una ley que frene la delincuencia cibernética, la cual goza de un “paraíso en las redes sociales”.
Resaltó la urgencia de diseñar una normativa en el país que regule el manejo de las redes sociales, porque solamente se cuenta con instrumentos internacionales para capturar a los delincuentes.
Aseguró que hay un vacío jurídico ahí. “No tenemos nada en México, hay cooperación con otras naciones para atrapar a la delincuencia organizada, pero es muy difícil (hacerlo en México), ya que no tenemos ningún control para detectar a estas organizaciones”. Dijo que se evalúa el Derecho comparado, en particular las experiencias de Gran Bretaña y Estados Unidos, ya que estos países tienen una ley que establece límites a la delincuencia organizada cibernética.
Señaló que “la indiferencia social y complicidad de las autoridades alientan a no considerar a la trata de personas como un delito, sino como una práctica normal, cultural, ancestral, provocando que la ley general en la materia sea letra muerta”.
No se actúa, continuó, porque a la trata se le considera como un negocio en el que están coludidos sectores con gran poder económico, que “infiltran las corporaciones policiacas y los gobiernos con el chantaje, la amenaza, las prevendas y todo tipo de artimañas que inhiben combatirla de forma efectiva”.
Afirmó que “necesitamos que haya mucha denuncia”. Por eso, explicó, la Comisión Especial promueve la difusión de la obra de teatro “Alas abiertas” a nivel nacional, a fin de que la clase política, padres, estudiantes, profesores y la sociedad en general entiendan que esta práctica “es un delito real, hagan conciencia y presión, y se logre que la ley esté viva, y se enfilen los esfuerzos a la prevención, erradicación y sanción”.
Destacó la importancia de prevenir, ya que si a un muchacho de primaria y secundaria se le informa cuáles son los riesgos que enfrenta por participar en la trata de personas, se le previene y estará alerta; con eso, dijo, seguramente no va a ser enganchado por la delincuencia organizada.
Propuso luchar contra la trata de personas con una perspectiva social, en donde se denuncie todos los casos, ya que si una población completa actúa contra este tipo de ilícitos “se logrará detectarlo y combatirlo frontalmente, y esta presión social hará que actúe la autoridad”.
La diputada aceptó que la ley general es muy completa. No solamente atiende los asuntos de trata, sino el matrimonio y trabajo forzosos, la mendicidad, servidumbre y muchos otros casos de esclavitud.
Sin embargo, precisó, la indiferencia social no lo considera un delito por cuestiones culturales ancestrales como la venta de las mujeres y el matrimonio forzoso, ya que son los propios padres quienes deciden que sus hijas sean empleadas domésticas y sexuales.
Por ello, Fernández Márquez subrayó, se requiere de adecuaciones legales para atender la nueva realidad que prevalece en torno a la trata.
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