En el Pleno, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, al conmemorar el Vigésimo Aniversario de la Suscripción de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, reconocieron que existen pendientes en materia legislativa para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, saludó y dio la bienvenida a los ex presidentes de la Comisión Bicameral para el Diálogo y la Conciliación del Estado de Chiapas, diputado Jaime Martínez Veloz, en la LVI y LVIII Legislaturas, y César Chávez Castillo, en la LVI.
Asimismo, al senador Oscar López Velarde Vega, en la LVI y LVIII Legislaturas, y los diputados Marco Antonio Michel Díaz, en la LVI, y a José Narro Céspedes, en la LVI, LVIII y LXI.
En el apartado de Efemérides de la sesión de hoy, el actual presidente de la Comisión Bicameral de Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas, diputado Diego Valente Valera Fuentes (PVEM), señaló que a 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, aún persiste una deuda histórica.
Reconoció que si bien es cierto que han existido intentos de cumplimiento de los acuerdos en los últimos años, ninguno de ellos abraza el espíritu de los acuerdos de San Andrés, ninguno ha sido suficiente. “La exigencia por el reconocimiento de derechos no puede pasar desapercibida para nosotros, es el reclamo de 15 millones de mexicanos indígenas”.
Enfatizó que hace 20 años se generó una salida de diálogo y conciliación como alternativa a las armas y hoy, sostuvo, deben generarse reformas que salden esta deuda, “con soluciones justas al problema que ya no podemos seguir ignorando, que construyan un mundo donde quepan muchos mundos, un México para todos los mexicanos, donde el reloj del poder político marque la misma hora que el reloj de nuestros pueblos indígenas”.
En su intervención, el diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI), presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, recalcó que a 20 años de los acuerdos, aún existen temas pendientes por legislar, como los derechos de las mujeres, la consulta indígena y principalmente el reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho público.
Estimó imperativo impulsar la productividad, reactivar las actividades agropecuarias, desechar las políticas asistencialistas que inhiben la creatividad y generan dependencia, porque la miseria solo se combate produciendo riqueza.
Pidió traducir las reformas legislativas en políticas públicas que hagan posible una verdadera justicia social, “para que nunca más la desesperanza de nuestros pueblos los orille a tomar nuevamente el camino de las armas”.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) reconoció que se tienen grandes asignaturas pendientes con los indígenas como la pobreza, alimentación, vivienda, educación, salud, justicia y discriminación.
“A 20 años de los Acuerdos de San Andrés hay algo que festejar, desde luego, y respetar sus logros; pero hay mucho por hacer en materia legislativa. Debemos reconocer el espíritu de aquellas mesas de trabajo, aunque en el terreno de los hechos fue un asunto del que todavía falta mucho por lograr en esos acuerdos”, dijo.
Por Nueva Alianza, la diputada Karina Sánchez Ruiz subrayó que, pese a que la Constitución consagra la igualdad de derechos y la promoción de un desarrollo integral de las comunidades originarias, la realidad es que no ha habido ningún cambio sustancial. “Las leyes en materia de protección y derechos indígenas son insuficientes, lo que ha perpetuado las circunstancias legales que hacen posible la marginación, la explotación y la discriminación”.
Para Nueva Alianza, dijo, es claro que se requiere una transformación profunda para cambiar la situación que viven nuestras comunidades indígenas en el país y que “siguen padeciendo problemas de salud, de hambre, de pobreza extrema, de discriminación, de marginación, pero sobre todo de injusticia”. Aseguró que al igual que hace 20 años, las y los indígenas mueren de enfermedades curables y no tienen acceso a una educación de calidad, continúan siendo víctimas de atropellos sistemáticos a sus derechos individuales y colectivos.
La diputada María Elena Orantes López (Movimiento Ciudadano) subrayó que a pesar de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, existe más violencia hacia ellos en muchos rincones del país, muchas veces de modo sistemático han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. “Algunos han considerado inferiores sus valores, otros los han despojado de sus tierras o realizado acciones contaminándolas, qué tristeza”.
Es tarea del Legislativo y de todos, impulsar nuevas modificaciones que permitan que las comunidades sean reconocidas con mecanismos diseñados y apegados a sus tradiciones. Desde la perspectiva indígena buscar el reconocimiento explícito a todos sus derechos.
Por su parte, la diputada Guadalupe Hernández Correa (Morena) comentó que los acuerdos de San Andrés Larráinzar despertaron la esperanza de lograr un pacto social y político por medio del diálogo, donde se planteaba el reconocimiento de los pueblos indígenas, quienes han estado presentes en los momentos más destacados de los conflictos sociales en la construcción del Estado nacional.
Sin embargo, existen numerosos temas pendientes; se debe luchar por que se reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, situación que daría legalidad a sus sistemas normativos internos. “Es importante pugnar por la prevención de sus territorios y crear propuestas de solución a problemas agrarios que prevalecen en las regiones indígenas”.
Por el PVEM, el diputado Jorge Álvarez López reconoció que a 20 años de la firma de estos acuerdos, México es más incluyente y con mayor conciencia de la relevancia que tiene respetar y hacer efectivos los derechos de todos los miembros de la sociedad, sin importar raza, religión, origen étnico y condición socioeconómica de quienes lo reclaman. No obstante, queda mucho por hacer para poder saldar la deuda histórica que tenemos como nación con los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.
Actualmente, detalló, no se reconoce a la mujer indígena como titular de derechos de la tierra y tampoco contamos todavía con una ley nacional indígena. “Esa es la deuda que el Legislativo de este país tiene con nosotros”.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez (PRD) mencionó que su grupo parlamentario ha insistido en diferentes propuestas legislativas para reconocer plenamente el derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas y sus comunidades. Expresó que su compromiso es incorporar a la legislación los pendientes que han quedado en el tintero.
Recalcó que es momento de que el Estado mexicano sea una expresión real de todos los que habitamos en este país, en donde los pueblos indígenas sean un componente fundamental que reclama la plena inserción en el desarrollo nacional. “Es la hora de la construcción del Estado mexicano pluriétnico y pluricultural”.
El diputado panista Luis de León Martínez Sánchez dijo que conmemorar el vigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, hace ver que la tarea está inconclusa y así seguirá hasta en tanto la pobreza y la discriminación continúen siendo una realidad en México.
“No podemos hablar de una democracia consolidada mientras en nuestro país no haya la inclusión de todos a las mismas oportunidades, mientras se piense en favorecer a unos cuantos y no a todos los mexicanos sin importar su origen o condición social”, precisó. El reto es legislar para una nación más justa para todos.
Del PRI, el diputado Hernán de Jesús Orantes López destacó que la importancia de los Acuerdos de San Andrés estriba en que es el primer documento elaborado por los pueblos indígenas en este país, que habían estado relegados por más de 500 años y se compactaron las demandas y los reclamos con el fin de convertirlos en norma jurídica para darles viabilidad institucional.
No está todo cumplido, hay mucho que deliberar en torno a temas como el de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. “Tenemos que profundizar el análisis colectivo e individual en términos jurídicos. Sin embargo, hay que reconocer que los acuerdos son un logro histórico porque significan la concreción del único debate nacional que se haya dado sobre el tema étnico en el país, y porque significan el reconocimiento a la existencia de los pueblos indígenas, que por muchos años habían sido ignorados”.