Los ocho grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados fijaron su postura, en la agenda política, sobre la “Desaparición Forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ‘Raúl Isidro Burgos’”, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Legisladores pidieron justicia, corearon “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, cuestionaron la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) y señalaron la necesidad de crear una comisión de la verdad sobre este caso.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (Morena), fue el primero en tomar la palabra porque su grupo parlamentario propuso el tema.
Leyó los nombres de los desaparecidos y clamó justicia mientras otros legisladores desplegaron desde tribuna grandes imágenes de los jóvenes normalistas e inmediatamente después iniciaron el conteo del 1 al 43.
Mojica Wences sostuvo que la noche del 26 de septiembre de 2014 quedó registrada “en el libro rojo de la historia sangrienta del país. Y suma hasta ahora, a la larga cadena de crímenes de lesa humanidad y que se mantienen impunes en la era de los gobiernos autoritarios de ayer y hoy”.
Dijo que se debe esclarecer este caso, pues existe “impunidad, complicidades, simulaciones y ausencia de interés” por parte del gobierno federal.
Señaló que el Presidente Enrique Peña Nieto “pidió a los padres de familia, de manera absurda e impropia de un jefe de Estado, superar una tragedia que por sus características es insuperable”.
“Sin verdad no habrá justicia y sin justicia no habrá paz”, las víctimas tienen el derecho a conocer la verdad y a que se les garantice justicia, agregó.
Al fijar su posicionamiento, la diputada Idalia Reyes Miguel (Morena) afirmó que la desaparición forzada de personas, como la de los normalistas, “constituye un delito de lesa humanidad, que vulnera y violenta la dignidad humana, utilizada tradicionalmente como una política discrecional del Estado contra grupos subversivos, amparándose en la seguridad nacional”.
Se pronunció porque la verdad y la justicia sean los principios que rijan las investigaciones del caso para castigar a los responsables y solicitó que se integre una comisión que dé seguimiento a éstas y proceda a la revisión de los archivos y documentos de la Comisión Especial Para el Caso Ayotzinapa, creada en la pasada Legislatura.
La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN) aseguró que es paradigmático este caso de la desaparición y asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa y quedan muchas dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad pública federal y las locales.
Apuntó que “la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala ha marcado un antes y un después en la historia reciente de México, que proyecta a nuestro país en el mundo como una nación con una crisis severa en materia de derechos humanos” y agregó que “es una herida abierta y latente para el país”.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) aseveró que la investigación del caso Iguala constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado mexicano y afirmó que “el presidente de la República no es un asesino, y en todo caso, existe una corresponsabilidad de todos los órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión”, encargados de garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos.
Reconoció que el caso no está cerrado, por el contrario, hay apertura para continuar con la investigación para esclarecer los hechos y castigar a todas las personas implicadas por acción o por omisión en este terrible acontecimiento.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PES) afirmó que “es doloroso ver cómo aun en estos momentos no se puede saber realmente lo que sucedió” en Iguala. “El dolor y la angustia de los padres de los 43 cimbra a los guerrerenses, pero también cimbra a nuestro pueblo mexicano”.
Manifestó que “es indignante ver la indolencia y la opacidad del gobierno federal, para dar respuesta, para decir la verdad y castigar a los culpables con todo el rigor de la ley”. Por ello, exigió que se diga “quién dio la orden de disparar a sangre fría a los jóvenes esa noche que se movilizaban pacíficamente”.
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que, a 50 años de la muerte de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, se repite, con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, “un crimen, si se permite, mucho más monstruoso, porque es cobarde y porque la autoridad que lo hizo se sigue protegiendo a sí misma”.
“Cualquiera que lea Ayotzinapa, la hora, los rostros, de Tryno Maldonado, puede saber que fue el Ejército, que fue la Policía Federal, que fue la policía del estado quien detuvo a esos estudiantes y que en una noche interminable los persiguió, los acosó. Asesinó a varios ahí en el lugar”, agregó.
La diputada Kehila Abigail Ku Escalante (MC) sostuvo que la desaparición de los normalistas “sí es un crimen de Estado, porque las instituciones de procuración de justicia han sido incapaces de esclarecer los hechos, de juzgar a los responsables directos”.
“El Estado mexicano ha sido incapaz de tutelar la vida y los derechos humanos en nuestro país y los eventos de Ayotzinapa causaron una seria herida en la sociedad que se mantiene abierta por una investigación deficiente y constituye la prueba del continuo fracaso de este gobierno para afrontar serias violaciones a los derechos humanos”, apuntó.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala (PRD) aseguró que este hecho evidenció el “quebrantamiento del Estado de derecho que actuó contra la juventud mexicana”, por lo tanto entre los pendientes está averiguar el grado de participación de la Policía Federal, del Ejército, de las policías municipales y de las estatales.
La legisladora urgió formar la Comisión de Investigación de la Verdad y la Justicia del Caso de Iguala, ordenada por el Tribunal Colegiado. Y también exhortó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que conforme una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones y coadyuve con la autoridad.
El diputado Oscar Bautista Villegas (PVEM) manifestó que hace cuatro años se presentó uno de los sucesos “más dolorosos para México”, y pidió adoptar compromiso conjunto para garantizar a la sociedad seguridad y tranquilidad, que tanto necesitamos los mexicanos.
Sostuvo que el PVEM no es indiferente a las exigencias de los familiares de los desaparecidos. Sin embargo, consideró que “no se debe hacer de esta fecha la oportunidad idónea para criticar y desviar la atención del objetivo que es trabajar para que estos hechos nunca más vuelvan a repetirse”.
