NIGROMANTE
POR JOSÉ VILCHIS GUERRERO
Decidido a cumplir con los ofrecimientos a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador navega en aguas procelosas para desmentir la “verdad histórica” del entonces procurador general de la República Jesús Murillo Karam, quien ya reflexionó sobre el “error” de haber calificado así el caso.
A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Murillo Karam, dijo que volvería a llevar la investigación del caso tal y como lo hizo durante los tres meses que la tuvo en sus manos. “Volvería a hacer lo mismo”, dijo Karam, en una entrevista en Televisa en la que no reconoce fallas dentro de las investigaciones en Iguala, Guerrero. En tanto, el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, anunció este jueves que la próxima semana Murillo Karam será llamado a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR).
“La siguiente semana estaremos enviando los citatorios a las autoridades federales, entre ellos, el propio ex procurador Murillo Karam, que incluso públicamente ha manifestado su disponibilidad para poder venir a rendir su declaración frente a la propia unidad”, dijo.
Cuestionado sobre se citaría con el mismo fin al expresidente Peña Nieto, el fiscal Omar Gómez no descartó esta posibilidad. Ninguna persona está por encima de la ley, y si es necesario que de los propios indicios, de las propias investigaciones que se vayan haciendo, sea cualquier persona, será llamada ante la justicia.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reiteró que la búsqueda de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, es un tema prioritario en el que las investigaciones se centrarán en subsanar las omisiones cometidas en la administración pasada.
“Para nosotros es muy importante cerrar este caso y este debate que es la parte medular de la verdad histórica, aunque como lo he dicho desde un principio, estamos convencidos de que en el caso de estos muchachos de Ayotzinapa, la única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Alejandro Encinas enumeró todas las actividades y acciones que ha realizado el gobierno para hallar a los jóvenes, entre las que destacan:
*Todas las dependencias del gobierno federal se han desistido de los más de 200 amparos presentados en la administración de Enrique Peña Nieto contra la orden de un juez para crear una comisión por la verdad y la justicia de este caso, la cual fue creada mediante un decreto presidencial el pasado 3 de diciembre de 2018.
*Se han llevado a cabo reuniones con ex funcionarios del gobierno de Guerrero, en particular con el exgobernador Ángel Aguirre y el ex procurador Iñaki Blanco, quienes la próxima semana ampliarán sus declaraciones ante la FGR con la intención de conocer más sobres las investigaciones que realizó la procuraduría local en los primeros seis días posteriores a la desaparición.
*En colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se abrió el 27 batallón de infantería localizado en Iguala; se puso a disposición de la autoridad a todos los elementos de este batallón que estuvieron esos días en las instalaciones y se permitió que el pasado 24 de julio los padres de familia y la comisión entraran al lugar.
*Tras reuniones con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se tuvo acceso a toda la información del papel de la Policía Federal y el Cisen durante la Noche de Iguala.
El comité científico asesor de la comisión especial realizó una unificación en los registros de búsquedas de fosos de las fiscalías relacionadas con la zona de donde fueron extraídos 184 cuerpos, de los cuales 44 fueron identificados sin tener relación con el caso.
El mismo comité realizó el análisis de las redes de telefonía móvil de 80 millones de registros de llamadas realizadas en los últimos cuatro años, obteniendo 206 mil registros de interés, una red primaria de 84 mil líneas prioritarias y 116 números telefónicos.
En 48 días se realizaron ocho operativos de búsqueda en los municipios de Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala, Tepecuacuilco, de los cuales dos están en proceso. Como parte de este despliegue se han revisado más de 120 puntos, entre ellos casas de seguridad y pozos en Iguala, y el basurero en Tepecuacuilco
Investigaciones periodísticas, desde 2016 apuntan a la responsabilidad del Estado. Señalan a militares del 27 Batallón de Infantería operaron -por órdenes de un capo- para recuperar un cargamento de heroína, con valor estimado de 2 millones de dólares, el cual estaba oculto en dos autobuses tomados por los normalistas el 26 de septiembre 2014, revela el libro La verdadera noche de Iguala.
Con base en entrevistas a un narcotraficante clave de Guerrero y otros testimonios directos, la periodista Anabel Hernández -autora de la obra-, amplía y profundiza lo que había expuesto previamente en la revista Proceso, sobre cómo dicho batallón tomó el control de Iguala durante las horas en las que desaparecieron 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, cuyo paradero aún es incierto.
Hernández obtuvo un documento de la PGR, hasta ahora oculto, en el que la Visitaduría General de la institución instruye que se investigue al 27 Batallón de Infantería. Por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto, la investigación fue frenada, señala la periodista. El visitador que elaboró esa “evaluación técnica jurídica”, César Alejandro Chávez Flores, se vio obligado a presentar su renuncia a la Procuraduría en septiembre de 2016.
El documento de la PGR, en poder de la reportera, establece: “Se instruye… que se amplíe la investigación respecto al Capitán José Martínez Crespo con la finalidad de que se averigüe sobre las imputaciones que se le han hecho en relación a sus posibles vínculos con la delincuencia organizada y cuyo resultado sea remitido a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)”.
Por otra parte, en septiembre de hace dos años, la Visitaduría Interna de la PGR concluyó que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, sí incurrió en conductas irregulares por realizar diligencias sin acompañamiento del Ministerio Público en el caso Ayotzinapa, por lo que recomendó dar vista a la Secretaría de la Función Pública para que se inicie un procedimiento administrativo en su contra.
En un documento fechado el 18 de agosto de 2016, la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la PGR también considera que Gualberto Ramírez Gutiérrez, Fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, también cometió irregularidades.
Ramírez Gutiérrez es probable responsable de entregar un imputado a Tomás Zerón, sin que existiera orden o mandamiento judicial que justificara dicha acción, por lo que también se solicitó proceder en su contra.
Ambas conclusiones se encuentran dentro del expediente DGAI/510/CDMX/2016, el cual fue ordenado por el entonces Visitador General de la PGR, César Alejandro Chávez, a petición del Subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos. Este documento está en poder de Aristegui Noticias.
Sin embargo, se desconoce cuál será el destino de las probables sanciones en contra de Zerón y Ramírez Gutiérrez. El 12 de septiembre de 2016, tres semanas después de que se solicitó proceder contra Zerón de Lucio y Ramírez Gutiérrez, la PGR sustituyó al Visitador General que elaboró el expediente en su contra.
Dos días después, el 14 de septiembre, Zerón dejó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y fue nombrado Secretario Técnico en el Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno federal, cargo que reportaba directamente al entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto, quien ahora ya no está exento de su posible comparecencia ante los tribunales. ¿Será posible? Ya veremos.
