Con el objetivo de evitar fugas de agua y optimizar la distribución del vital líquido, el Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli en coordinación con el Organismo de Agua OPERAGUA Izcalli, implementó el “Programa Integral de Reparación de Fugas en 72 horas”.
Con la participación de 86 trabajadores del Departamento de Agua Potable, el programa busca atender los reportes de la ciudadanía y así reparar entre 15 y 25 fracturas diarias que propician el desabasto de agua en el municipio. Además de brindar pláticas de concientización en las escuelas sobre la “Cultura del Agua”.
Estas acciones se dan en un contexto adverso por las deudas adquiridas por administraciones pasadas y el rezago en la realización de pagos, hechos que condicionan al actual gobierno, puesto que la deuda con la que inicia esta administración rebasa los dos mil millones de pesos, mientras que el presupuesto para este año es de solo 836 millones.
Actualmente, Cuautitlán Izcalli cuenta con una cobertura de Servicios de Agua Potable de 95.23 por ciento, equivalente a 946.14 kilómetros. Dicha red de distribución abastece a más de 146 mil tomas de consumo diario y beneficia a 566 mil 433 izcallenses.
Por su parte, durante la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo (2022-2024) del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, se aprobó una bonificación de hasta el 70 por ciento en el precio público por concepto de viaje de agua en pipa en el municipio.
De esta manera se beneficiarán zonas donde no existe infraestructura suficiente para el suministro constante de agua potable.
De igual forma, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos Definitivo para el ejercicio fiscal 2022 de OPERAGUA, para que en el ámbito de su competencia se garantice el suministro a las estancias infantiles asentadas en territorio municipal, a fin de salvaguardar el bienestar de las niñas y niños de Izcalli frente al COVID-19.
Finalmente, se aprobó el “Programa de Regularización Fiscal 2022”, el cual consisten en otorgar beneficios fiscales a los sujetos obligados al pago de los derechos por los servicios de suministro de agua potable y drenaje para uso doméstico y no doméstico.
