Ex concesionarios de la Ruta 11 que invirtieron su patrimonio en Transportes SAJJ de la Línea 2 del Metrobús que corre de Tepalcates a Tacubaya, se presentaron frente a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México para denunciar que tanto la SEMOVI como el organismo Metrobús han sido cómplices de un fraude que los tiene fuera de la sociedad de la empresa y que se agravará porque quien ahora la administra y se dice dueño, la está ofreciendo a cuatro consorcios del transporte por la cantidad de 150 millones de pesos.
Azael Arellanes, Modesta Castillo y Erick Hernández, representantes de los 52 ex concesionarios, pidieron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que detenga las irregularidades iniciadas en 2008, se dejen a salvo sus derechos como lo ordenaba una revocación de la concesión realizada en 2015 para formar una nueva empresa con todos los concesionarios y/o se les integre como socios fundadores de Transportes SAJJ.
Cuando se realizó la convocatoria para formar las empresas se especificó que los integrantes de las mismas debían acreditar ser concesionarios del transporte público colectivo de pasajeros y estar prestando servicio en las rutas y recorridos señalados en el Estudio de Balance Oferta Demanda del 21 de julio de 2008.
Sin embargo, acusan los afectados, por omisión o por comisión, el entonces Secretario de Transportes y Vialidad (Setravi), Armando Quintero Martínez dejó pasar el acta constitutiva donde sólo aparecían dos socios que carecían de concesiones y tampoco chatarrizaron unidades porque carecían de ellas, José Juan Sánchez Armas, dirigente de la Ruta 11 y Erick Torres Donat, mientras que los verdaderos concesionarios quedaron fuera de la sociedad a pesar de que entregaron cerca de 180 mil pesos para la constitución de la empresa y la compra de unidades.
En 2012 al fallecer el dirigente y tratar de definir cómo se mantendría la administración de la empresa, encontraron que quien poseía 90 por ciento de las acciones era Sánchez Armas, a quien de buena fe y creyendo su discurso, habían donado sus concesiones a cambio de ser integrados como socios fundadores a Transportes SAJJ que, curiosamente, son las iniciales de Sánchez Armas José Juan.
Entonces, afirman, quien se asumió como dueño fue el hijo de Sánchez Armas, José Juan Sánchez Rodríguez, quien se negó a reconocerles sus derechos como socios. Fue entonces que exigieron ante la Setravi un procedimiento administrativo de revocación de la concesión No. STV/METROBÚS/005/2008, que les fue otorgada en el año 2015, pero, a partir de esa última noticia se les cerraron todas las puertas en la Setravi y de la hoy Secretaría de Movilidad (SEMOVI), por lo que carecen de toda información sobre el destino que se le dio a ese fallo.
Los ex concesionarios que se dicen afectados exigen a la Jefa de Gobierno que atienda el caso porque José Juan Sánchez Rodríguez, quien afirman se conduce como dueño de la concesión y de la empresa, ha ofrecido los bienes de Transportes SAJJ, valuados en alrededor de 150 millones de pesos, a por lo menos cuatro consorcios del Transporte entre los que se encuentran las empresas ADO y Estrella Blanca.
“La mayoría de los ex concesionarios somos personas de la tercera edad que hace 13 años entregamos todo lo que teníamos como patrimonio y que hoy está en juego por este fraude que nos quieren hacer con el consentimiento de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellas de la SEMOVI y el órgano desconcentrado, Metrobús”, expresó Azael Arellanes.