La presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, Leticia Amparano Gamez, señaló que es necesario destinar más recursos para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el cual ha aumentado 125 por ciento en personas de 15 a 65 años, y en mujeres más de 200 por ciento.
En la inauguración del Foro “Programa de Justicia Terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas. Actualidad y retos para su progreso en México”, dijo que el desafío es enorme y requiere la participación de instituciones de salud, seguridad y procuración de justicia, por su grave impacto social.
“La indiferencia para estos temas se refleja en el raquítico presupuesto destinado a la prevención de los problemas de salud mental y adicciones”, señaló.
Informó que se trabaja en una iniciativa de ley a la medida de lo que necesita el ciudadano, en donde se buscará quitar el estigma de las enfermedades mentales y adicciones. Las aportaciones del foro enriquecerán esta propuesta con la participación de expertos e instancias de gobierno, lo que permitirá dar soluciones a la problemática de justicia para consumidores.
Recordó que la Cámara de Diputados ha planteado la relevancia de contar con novedosos marcos regulatorios que impulsen el fomento de la salud mental, la prevención de comportamientos antisociales, las alternativas no punibles, la no penalización o criminalización del consumo de sustancias psicoactivas y la participación de la sociedad en estas áreas.
Al inaugurar el foro, Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó que las dos causas centrales del incremento en la incidencia delictiva en el país son el mayor número de armas y más consumo de drogas.
Por ello, dijo, es necesario impulsar políticas como la justicia terapéutica, para contener la violencia. “Sabemos que hay un aumento importante en el consumo de drogas, en el caso de la mujeres es casi tres veces más”.
Vizcaíno Zamora recomendó revisar la Ley Nacional de Ejecución Penal, que estableció la aplicación de la justica terapéutica hasta el final del proceso penal, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para lograr establecer al inicio y mantenerlo durante el juicio este modelo.
Con ese análisis se identificarán las adecuaciones legales “precisas, quirúrgicas y potentes” que coadyuven a tener un modelo de justicia terapéutica útil y eficaz, para resolver la problemática actual, en donde el 56.6 por ciento de los infractores comete delitos de cuantía menor y afirma haber consumido alguna sustancia legal o ilegal seis horas previas a la falta.
Eso significa que en uno de cada dos casos, se incurre en delitos de cuantía menor, que es la mayor parte de la incidencia delictiva en el país, y podría atenderse desde la justicia alternativa, a través del Ministerio Público, con el modelo de justicia terapéutica. Mientras más pronto se aplique, será mejor. No hay que esperar hasta la etapa de sanciones, afirmó.
“Así se contribuirá a despresurizar el sistema de justicia penal con una aplicación exacta y eficaz de la justicia terapéutica, lo cual permitiría que las instancias de investigación de las fiscalías o procuradurías se concentren en los casos más graves y relevantes que requieren concentrar las técnicas criminalísticas y de investigación para atenderlos”.
El funcionario federal apuntó que para la Secretaría de Gobernación es una prioridad la justicia terapéutica porque hay muchos retos futuros.
Por tal motivo, solicitó destinar más recursos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para que los estados de la República cuenten con recursos federales e impulsen modelos estatales de justicia terapéutica.
El FASP tiene siete mil millones de pesos para operar en el presente año, y se prevé que en el Presupuesto 2018 se etiquetará la misma cantidad; sin embargo, “la bolsa no alcanza, hay muchas cosas que atender y muchos temas promovidos con estos recursos”.
Hizo votos por que en las próximas semanas se trabaje con los diputados y autoridades hacendarias, para que los fondos federales destinados a la seguridad tengan un incremento que refleje la preocupación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, e incluso del Judicial, para atender los temas de seguridad y justicia penal.
El Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Alberto Begné Guerra, afirmó que México era paso de drogas hacia Estados Unidos, que es el mercado de consumidores más grande del mundo, y esa dinámica generó el incremento de las adicciones en nuestro país.
Llamó a poner el acento en la atención de la demanda desde la perspectiva de la salud y no concentrar la lucha en el combate policial contra la oferta.
Destacó que Estados Unidos enfrenta una crisis por el consumo de heroína. “Necesitamos, a partir de la lógica de la cooperación bilateral, enfrentar los fenómenos desde la perspectiva de la atención a la demanda, con un enfoque basado en la salud y los derechos humanos”.
El gran desafío, agregó, es un cambio de paradigma, para modificar el modelo que por muchos años ha conducido el combate a las drogas y no ha dado los resultados esperados en términos sociales, económicos y delincuenciales.
Mencionó con que el programa de justicia terapéutica se busca ofrecer una alternativa a quienes incurren en delitos del orden patrimonial bajo la influencia de sustancias psicoactivas, o que tengan dependencia en el consumo excesivo de las mismas.
“Se trata de dar otra oportunidad, de prevenir la reincidencia, evitar que quien sufre esta condición y padecimiento reciba atención desde la perspectiva de la salud, no únicamente desde la penal convencional”, subrayó.
Dijo que para impulsar la justicia terapéutica, se deben hacer ajustes a la legislación y destinar mayores presupuestos, pues una política pública no puede desplegarse adecuadamente si no cuenta con recursos necesarios.
Llamó a romper estigmas y no criminalizar sistemáticamente a quienes sufren un problema de salud mental o de adicciones, porque en muchos casos se relacionan con la poca atención que se da a la dependencia de sustancias psicoactivas legales. Aclaró que también se incluyen sustancias psicoactivas reguladas, no sólo las prohibidas.
Hay que “construir un cambio institucional, legal, social y cultural, para que la comunidad conciba una nueva forma de atender estos desafíos, mucho más humana, incluyente e integral”.
La directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, María Elena Medina Mora, señaló que es necesario modificar la ley para ofrecer tratamientos integrales adecuados y específicos a cada persona, con base en sus necesidades, para garantizar su efectividad, y el acceso a mejores alternativas, con respeto a sus derechos humanos.
Se requiere una intervención integral para atender las necesidades psicosociales de las personas con dependencia, de tal manera que este tratamiento integral se vuelva indispensable, afirmó.
Refirió que el alcohol es la droga legal que más se asocia con delitos y además es el factor de riesgo más importante para adquirir una enfermedad, por encima de la desnutrición. Por ello, planteó la importancia de regular este tema.
