CIUDAD DE MÉXICO.— “El problema no es solamente mover autobuses o personas; el problema es garantizar calidad de vida”, advirtió Adrián Escamilla, director ejecutivo de Grupo CISA, al señalar que el sistema de transporte concesionado en la capital enfrenta una crisis estructural derivada de la desigualdad en la distribución de recursos públicos.
Durante la conferencia magistral Transporte Público. Del diagnóstico a la acción, realizada como cierre del 17º Congreso Internacional de Transporte (17CIT), el especialista expuso que mientras el Metro concentra cerca del 72% del presupuesto destinado a movilidad y opera bajo una tarifa social altamente subsidiada, el transporte convencional —que moviliza casi el doble de pasajeros— funciona prácticamente sin apoyos gubernamentales directos.
Escamilla explicó que el sistema de movilidad capitalino opera bajo esquemas financieros diferenciados. El Metro mantiene una tarifa de cinco pesos gracias a subsidios públicos elevados, mientras sistemas como Metrobús, RTP, Trolebús, Tren Ligero y Cablebús también reciben aportaciones importantes para sostener tarifas sociales.
En contraste, señaló que el transporte concesionado —integrado por corredores, rutas y empresas de autobuses— apenas recibe alrededor del 1% del presupuesto total de movilidad, recursos dirigidos exclusivamente a programas de renovación vehicular y no a la operación diaria del servicio.
El directivo subrayó que la contradicción radica en que este subsistema convencional transporta alrededor de 210 millones de pasajeros mensuales, frente a los cerca de 101 millones que moviliza el Metro capitalino.
Pese a ello, dijo, se le exige operar bajo tarifas reguladas políticamente, absorber incrementos en combustibles, mantenimiento y costos operativos, sin subsidios permanentes que permitan garantizar estabilidad financiera.
Durante su exposición, Escamilla sostuvo que este desequilibrio presupuestal ha contribuido al deterioro progresivo del transporte público, reflejado en envejecimiento de unidades, caída en la demanda, saturación vial y pérdida de competitividad frente al automóvil particular y las motocicletas.
También reconoció que México ha avanzado en materia legal con la incorporación del derecho humano a la movilidad en la Constitución, así como con la creación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano.
Sin embargo, advirtió que el principal reto ya no es normativo, sino operativo y presupuestal, debido a que las políticas públicas continúan fragmentadas y sin una estrategia integral de largo plazo.
Escamilla afirmó que la Ciudad de México representa una paradoja en movilidad: pese a contar con Metro, Metrobús, RTP, Cablebús, Ecobici y corredores concesionados, sigue figurando entre las ciudades con mayores niveles de congestión vehicular.
Añadió que el deterioro del transporte público impacta directamente en la calidad de vida de millones de personas, al incrementar tiempos de traslado, reducir productividad y limitar el acceso al tiempo libre.
Ante este escenario, el especialista llamó a replantear integralmente el modelo de movilidad urbana y construir políticas de Estado que permitan una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados al transporte colectivo.