Luego del cierre parcial del gobierno más largo de la historia de Estados Unidos ante la falta de presupuesto, el presidente Donald Trump decidió declarar la emergencia para poder usar fondos sin el permiso del Congreso para cumplir su promesa de campaña más polémica: levantar un muro en la frontera de México. Pero su accionar tuvo una reacción. Deiciséis estados lo demandaron al entender que se trata de una decisión anticonstitucional.
California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Virginia indicaron que la orden del republicano contradice una cláusula que establece los procedimientos legislativos y otra que designa al Congreso como último árbitro de los fondos públicos, debido a que con esta emergencia Trump podría hacer uso del dinero sin la necesidad de la aprobación de las dos cámaras.
Asimismo, la denuncia afirma que el Departamento de Seguridad Interior quebró la ley de protección ambiental al no evaluar el impacto del muro en California y Nuevo México, y también solicita la suspensión de la declaración de emergencia, según lo publicado por The Washington Post.
Trump declaró el viernes la emergencia nacional con el fin de pasar al Congreso, donde no consigue apoyo para construir el muro en la frontera sur. “Todo el mundo sabe que los muros funcionan”, aseguró en ese momento el presidente, evocando una “invasión” de inmigrantes indocumentados, así como el ingreso constante drogas y delincuentes. Se espera que la declaración de la emergencia sea el inicio de nuevas luchas políticas y judiciales.
La querella había sido previamente anunciada por Xavier Becerra, el fiscal general de California, quien afirmó que su estado y otros tenían bases legales para presentarla porque podían perder dinero destinado a proyectos militares, asistencia en caso de desastres y demás propósitos.
Por su parte, en el Congreso, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, había anunciado el viernes la apertura “inmediata” de una investigación parlamentaria.
Además de la oposición demócrata, varios senadores republicanos criticaron la declaración de emergencia de Trump, alegando que establecía un peligroso precedente y que suponía una extralimitación de los poderes del Ejecutivo. Según la Casa Blanca, de esta forma Trump podría disponer de cerca de 8000 millones de dólares, que le alcanzarían para su propósito, por el cual pidió al Congreso 5700 millones.
Protestas
Ayer, habitantes de Washington, Chicago y decenas de ciudades protestaron en el Día de los Presidentes contra la declaración de emergencia, a la que calificaron como un abuso de poder y usurpación del Congreso.
“No estamos de acuerdo con el estado de emergencia declarado por el presidente, y respaldamos a nuestros colegas y amigos inmigrantes”, dijo Darcy Regan, directora ejecutiva de Indivisible Chicago, una de las entidades que organizó las marchas.
Ante el malestar desatado, los demócratas se comprometieron a recurrir la decisión al considerarla una violación de la Constitución.
