“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por los hechos de violencia política ocurridos durante el proceso electoral de Colombia”, señaló la CIDH al exhortar al Estado colombiano a garantizar la seguridad de las personas candidatas y asegurar el desarrollo de la fase final de las elecciones presidenciales.
El organismo internacional advirtió que, durante el proceso electoral, candidatos y dirigentes políticos han sido víctimas de amenazas, atentados y agresiones en distintas regiones del país, en un contexto marcado por el fortalecimiento de grupos armados y organizaciones criminales.
Entre los casos señalados se encuentran amenazas contra Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia; además del secuestro de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué el pasado 10 de febrero. También fueron reportados los asesinatos de Rogers Mauricio Devia Escobar y Fabián Cardona, integrantes del movimiento Defensores de la Patria en el departamento del Meta, así como un atentado contra el senador Alexander López tras participar en un acto político junto a Iván Cepeda.
La Comisión indicó que estos hechos representan una amenaza para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, particularmente en regiones donde persiste la presencia y control territorial de grupos armados ilegales.
De acuerdo con datos de la Misión de Observación Electoral, 386 municipios colombianos presentan algún nivel de riesgo para el desarrollo de los comicios, equivalentes a cerca de un tercio del país. De ellos, 139 se encuentran en riesgo extremo, 122 en alto y 125 en medio. Cauca y Antioquia encabezan la lista de entidades con mayor número de municipios en situación crítica, seguidos de Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.
Ante este escenario, el Estado colombiano informó la implementación del denominado Plan Democracia 2026, orientado a coordinar acciones de seguridad durante las etapas preelectoral, electoral y poselectoral.
Según la información oficial, el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección ha realizado 18 sesiones y mantiene esquemas de seguridad para los 26 candidatos registrados. Además, desde marzo fueron reforzadas las medidas de protección con más de 460 policías, 260 integrantes de la Unidad Nacional de Protección y 94 vehículos blindados.
Las autoridades también desplegaron más de 11 mil integrantes de la Fuerza Pública y organismos de seguridad en distintas zonas del país para brindar acompañamiento a las campañas políticas.
La Procuraduría General de la Nación, por su parte, creó una comisión temporal para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre riesgos electorales, además de habilitar nuevos canales de denuncia por posibles vulneraciones al derecho de participación política.
La CIDH recordó que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar elecciones libres y seguras, mediante acciones efectivas de prevención, protección e investigación frente a hechos de violencia política, así como políticas públicas orientadas a disminuir la influencia de grupos armados y organizaciones criminales en el proceso democrático.