Durante la instalación de la mesa de trabajo: “Inclusión y Seguridad Social a las Poblaciones Callejeras de México”, la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) afirmó que éstas “son invisibles para la autoridad y el mundo que los rodea”.
Precisó que alrededor de 15 millones de mexicanos viven en la indigencia, como poblaciones callejeras, y resaltó que “es un fenómeno global donde la discriminación actúa con toda su fuerza”. Sufren la intemperie, la calle, la violencia institucional en detenciones arbitrarias y maltratos de policías y ciudadanos, “además no tienen acceso a ningún tipo de política pública”.
La diputada, integrante de la Comisión de Justicia, subrayó que si alguien no tiene derechos en este país son los grupos humanos sin techo, simplemente por no contar con un domicilio ni documentos de identidad, quedan al margen de toda política pública dirigida a las poblaciones más vulnerables.
La discriminación por ser pobres, continuó, es el principal factor de exclusión social y violación a sus derechos humanos. La mayoría de estas personas viven en la calle porque sufrieron violencia familiar o por consumo de drogas.
“Deberíamos pedirle al gobierno mexicano en este momento de trasformación que debería ser el promotor de una gran Convención a nivel internacional para que se reconozca a este sector y se les garantice el pleno acceso a la identidad y que el domicilio no sea un elemento para acceder a las políticas públicas”, sugirió.
La legisladora recordó que desde el año pasado se presentó una iniciativa para garantizarles el derecho a la identidad y que el domicilio no fuera un obstáculo. La propuesta ya fue dictaminada por la Comisión de Gobernación y Población, pero no ha pasado al Pleno porque no tiene suficiencia presupuestaria.
Villavicencio Ayala expresó su compromiso por pedir, por medio de un exhorto en la Comisión Permanente, que se libere esta iniciativa y que se les garantice este derecho. “Si es necesario que vayamos a tocarle la puerta a la secretaria de Gobernación, al presidente del Instituto Nacional Electoral, que nos pueda ayudar de manera muy importante, incluso, pedírselo directamente al Presidente de la República, que libere esta iniciativa, lo vamos a hacer”.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena) indicó que para mejorar la calidad de vida de las poblaciones callejeras es urgente que todo individuo que nazca en el país tenga acta de nacimiento.
Añadió que para ello es primordial modificar el formato de identidad y que quienes integren este sector poblacional conozcan sus derechos, pues esto evitará que sean revictimizados. “Debemos trabajar de manera homologada, los tres órdenes de gobierno y sociedades civiles, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos”.
La Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Eréndira Cruzvillegas Fuentes, señaló que las personas en condición de calle no sólo carecen de acceso a los programas sociales, sino que sufren violencia sexual y trata de personas.
Subrayó que el derecho más violentado es el de la salud, porque simplemente por su aspecto no reciben atención médica, lo que vulnera lo mandatado en el artículo primero de la Constitución.
Ante este panorama, exhortó a que se respete el derecho a la identidad, “porque de lo contrario no se existe, lo cual no les permite acceder a los programas sociales”. Por ello, sugirió que no se exija el comprobante de domicilio para conseguir un documento oficial.
La directora general del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia de la Secretaría de Bienestar, Guadalupe Landeros García, indicó que los mexicanos que hacen de la calle su vivienda están en condiciones paupérrimas y con alta vulnerabilidad. Lamentó que a tantos años de haber firmado varios tratados relativos a los derechos de las personas, “todavía tengamos familias enteras en la calle”.
Aclaró que “en este gobierno sí pensamos en las poblaciones callejeras” y celebró que en la Cámara de Diputados se trabaje en una iniciativa que les dé identidad y “la acompañaremos porque creemos que es el principio para que las personas callejeras puedan desarrollar sus propios derechos y exigirlos”.
Juan de Dios Orea Orea, subdirector de Investigación de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, dijo que la ausencia de cifras oficiales en el ámbito nacional sobre el número de individuos en esta situación significa un reto importante para que desde las instituciones se generen diagnósticos adecuados. Otro reto, añadió, consiste en la importancia de garantizarles el derecho a un registro legal.
Consideró que esto constituye una llave de acceso a otros derechos esenciales como la salud, educación, protección e inclusión a la vida económica, cultural y política del país.
Luis Enrique Hernández y Alexia Moreno, de la Asociación Civil Caracol, solicitaron emprender reformas para que a las poblaciones callejeras se les dé acceso al derecho de la identidad, pues al no tenerlo garantizado, no hay quién asuma la responsabilidad de ser su soporte social; es decir, no hay manera de que mejoren su calidad de vida.
Las promotoras de los derechos y poblaciones callejeras, Susana González y Maité Palomera, destacaron la importancia de legislar en el derecho a la identidad, con el fin de beneficiar a niñas, niños y personas en situación de calle.
Kenya Citlaly Cuevas Fuentes, directora general de Casa de las Muñecas Tiaresias, AC, dijo que las personas en situación de calle sufren la indiferencia de la sociedad, por lo que esta propuesta representa una oportunidad para que se reinserten a la vida social y laboral. “Debemos entender que los derechos humanos no son negociables y terminar con la violencia institucional; todos somos ciudadanos de este país”.
El director general de Fundación Renacimiento, José Vallejo Flores, mencionó que la propuesta impulsada desde la Cámara de Diputados coadyuvará a mejorar la calidad de las personas en abandono social.
Mónica Berenice Martínez Jiménez, investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pidió que las políticas públicas dirigidas a este sector sean continuas; es decir, de forma transexenal, se homologuen los procesos de registro de nacimiento y eliminen las multas y penalizaciones.
