Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión para que movilicen con urgencia los recursos adicionales que se requieren para atender la próxima temporada de incendios forestales, que potencialmente tendrá grandes implicaciones económicas, sociales, así como ambientales, con impactos en la biodiversidad y calidad del aire.
“Derivado del desmantelamiento en 2019 de las capacidades técnicas, humanas, financieras y operativas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), cuyo presupuesto se ha reducido casi a la mitad (43%) desde 2012, y de la cancelación del Programa de Empleo Temporal (PET), que permitía financiar brigadas para trabajos preventivos y atención a incendios, el País se encuentra en un riesgo muy grande, aseguró Gustavo Alanís del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)”, indicaron.
Recordaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronostica que este año será aún más cálido que el 2019, lo que hace indispensable establecer un Plan Emergente de Contingencia para prevenir y enfrentar los incendios forestales de este año y en adelante.
“En el centro de este plan debe considerarse el inmediato fortalecimiento presupuestal y operativo de la CONAFOR y la clasificación del combate a los incendios como Prioridad Nacional y aspecto de Seguridad Nacional.”
Urgieron a las autoridades federales a asegurar que la Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO) cuente con los recursos suficientes para continuar operando y fortalecer los sistemas remotos de detección temprana de incendios, para orientar una respuesta inmediata de las acciones de combate a incendios una vez que comiencen a presentarse.
“México es particularmente vulnerable a sufrir incendios catastróficos de gran magnitud, debido a la alta radiación solar y temperatura del territorio que van de la mano de sequías cada vez más agudas y acumuación de material altamente combustible. Aunado a la intrincada orografía nacional que dificulta el acceso a muchos incendios para su combate.”
Las organizaciones civiles indicaron que el manejo de fuego para la agricultura necesita regularse efectivamente y supervisarse porque aproximadamente el 22% de los incendios forestales se inician por el mal manejo de fuego relacionado a la agricultura y el 29% se inician intencionalmente para propiciar el cambio de uso de suelo principalmente. Por ello, es indispensable castigar esos ilícitos.
El año pasado se presentaron 7,410 incendios que alcanzaron el récord de superficie promedio dañada por evento (incendio), de 85.52 hectáreas. En total, el año pasado se incendiaron más de 633,000 hectáreas y quedó demostrada la insuficiente capacidad y falta de coordinación gubernamental, para reaccionar adecuadamente ante la magnitud y frecuencia de estos eventos.
Pablo Ramírez de Greenpeace, expuso que durante la última década, la temperatura promedio anual se ha incrementado de manera sostenida en México, y tomando conciencia de incendios catastróficos acontecidos recientemente en diversas partes del mundo (Australia, Rusia y California), confirman las predicciones de un planeta cada vez más seco y caliente, lo que establece condiciones ideales para que los incendios se incrementen en número y magnitud.
“La información científica más confiable demuestra que los incendios devastadores son una manifestación más de la crisis climática”, afirmó.
Oscar Moctezuma, de Naturalia, aseguró que los incendios forestales tienen un gran impacto sobre la biodiversidad, por ejemplo, en los recientes incendios en Australia se estima que murieron aproximadamente mil millones de animales, considerando sólo mamíferos, aves y reptiles.
“El impacto que incendios devastadores podrían tener en la biodiversidad de México sería catastrófico, debido a la gran cantidad de especies microendémicas que pueden extinguirse ante eventos de este tipo”, sostuvo.
Sthephan Brozdiak, Miembro del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, aseguró que los incendios tendrán grandes impactos a la salud, sobre todo en las grandes ciudades.
“En mayo del año 2019, debido a los efectos del cambio climático, la combinación de altas temperaturas, sequías, incendios forestales (particularmente en los estados de la costa del Pacífico) y el bajo viento en la zona metropolitana del Valle de México y en el resto de la Megalópolis, generaron una contingencia ambiental en la CDMX debido a concentraciones peligrosas de material particulado fino (PM 2.5). De no atenderse integralmente la amenaza de los incendios en el país, millones de personas dentro y fuera de las zonas urbanas estarán expuestos a importantes riesgos de salud por calidad del aire”.
Por su parte, Gustavo Sánchez, de Red Mocaf, recalcó la necesidad de actualizar la métrica con la que se miden los incendios forestales, pues tiene más de de 50 años, y no dimensionan las emisiones a la atmósfera, ni los daños a la salud o la biodiversidad.
“Además, de los 50 años que tenemos estadísticas, las últimas dos décadas se han incrementado la magnitud de los incendios, es decir que se están acortando los intervalos de los peores años. Por eso es indispensable entender que el único elemento que podemos controlar es el combustible disponible a través del manejo forestal”, acotó.
Las organizaciones sociales proponen al gobierno federal:
1.- Duplicar el presupuesto de la CONAFOR y fortalecer de manera urgente las capacidades institucionales para atender integralmente la problemática de incendios forestales y agrícolas.
2.- Restituir al menos 500 millones de pesos a SEMARNAT en el presupuesto para el Programa de Empleo Temporal (aprox. el promedio del monto ejercido en los últimos 5 años), invirtiendo de manera oportuna y con reglas de operación claras que privilegien las acciones de prevención.
3.- Aumentar el presupuesto a CONABIO, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN), así como aumentar presupuesto destinado a la adaptación y mitigación al cambio climático.
4.- Demandamos la efectiva aplicación de la ley. El uso de fuego para realizar el cambio de uso de suelo forestal es un crimen que se debe castigar con cárcel. Los lugares que han sido objeto de quema ilegal deben ser decretados como sitios de restauración ambiental, sin posibilidad de cambiar su uso de suelo (por ejemplo, a áreas de cultivo de aguacate).
5.- Los programas de prevención y atención a desastres, adicionalmente a tener un enfoque de protección civil tienen que fortalecerse en materia de impactos ambientales.
6.- Aumentar y equilibrar el uso de recursos en CONAFOR utilizados en conservación de bosques (como el pago por servicios ambientales) con los recursos para el manejo productivo de bosques que reducen los riesgos de incendios.
