El gobierno del presidente López Obrador “seca, asfixia y somete a las instituciones y los organismos autónomos –como los Institutos Nacionales Electoral (INE) y de Estadística y Geografía (INEGI)-, a cambio de fondear los programas redistributivos que le reditúen electoralmente y sirvan a su proyecto mesiánico y populista”, denunció el Secretario General del CEN del PRI, Arturo Zamora Jiménez.
Precisó que la llamada cuarta transformación ha comenzado con un proceso de desmantelamiento institucional y la violación de las normas constitucionales y legales que es preciso denunciar y revertir.
Explicó que ello queda de manifiesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año, en donde el Ejecutivo Federal y su grupo mayoritario en el Congreso de la Unión proyectaron un gasto público miope, ya que de acuerdo a como se asignaron los recursos se evidencia “inexperiencia, irresponsabilidad y falta de visión” en su elaboración.
En suma, dijo el dirigente del Revolucionario Institucional, se trata de una grave regresión que vulnera la autonomía de instituciones creadas para evitar la intromisión del Poder Ejecutivo Federal.
Tanto el INE como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía son dos de las instituciones más lastimadas con estas medidas de austeridad mal entendida, lo que pone en riesgo que puedan cumplir a cabalidad con su encomienda, resaltó.
Recordó que la reducción de 950 millones en la asignación del INE para este año, pone en riesgo la autonomía e independencia del organismo, afectaría la organización y realización de las elecciones de este año en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, y la extraordinaria en Puebla, y estaría vulnerando el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía de dichos estados.
Por cuanto al INEGI, Zamora Jiménez hizo notar que se le recortaron cinco mil millones de pesos a lo solicitado, por lo que dicho Instituto deberá cancelar 14 encuestas nacionales programadas, entre ellas el Censo Agropecuario y la Encuesta Nacional en Hogares, ambas estratégicas para la evaluación, corrección y diseño de los programas productivos rurales y las políticas sociales.