En un entorno de restricción presupuestal, las finanzas públicas enfrentan una presión adicional por el pago de salarios a los servidores públicos que han interpuesto juicios de amparo contra la reducción de sus ingresos, de acuerdo con especialistas e información oficial.
Datos de la Procuraduría Fiscal de la Federación dieron cuenta de que se han interpuesto 15 mil juicios de amparo contra la Ley de Remuneraciones, aprobada en la actual legislatura del Congreso y que establece que ningún servidor público puede ganar más que los 108 mil pesos devengados por el Presidente de la República. Ese universo no incluye los juicios de constitucionalidad interpuestos por el Poder Judicial y los órganos autónomos.
Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación detalló que hay 15 mil juicios de amparo, pero en éstos no se cuentan las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, sobre las que no ofreció cifras.
En estos juicios de amparo es un volado (la posibilidad de perder o ganar), pero tenemos la razón, dijo en declaraciones a la radio. Con el presupuesto se aplicó la Constitución, y los amparos no pueden ir contra la Constitución.
Al respecto, Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal, dijo que al otorgarse la suspensión la Federación tiene que seguir pagando los elevados salarios a los funcionarios públicos que se han amparado hasta que se dé la resolución final.
Estos recursos se tendrán que cargar a las Adefas (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, un rubro que forma parte de la deuda pública), porque en el presupuesto de este año no se consideran recursos para este tipo de contingencias.
El problema que existe es que en el Presupuesto de Egresos de la Federación no está prevista la creación de una contingencia para pagar estas remuneraciones del año 2019. No se hizo previsión por sueldos superiores como ahora tabularmente corresponden.
El gobierno mexicano lo que podría hacer es prever en el conjunto general de contingencias judiciales del gobierno un monto, sin embargo, este monto no se pudo estimar porque el día que se aprobó el Presupuesto no se podía saber qué cantidad de funcionarios se iba a oponer a esta disposición. “Máxime que el Poder Judicial de la Federación como tienen conflicto de interés innegable ha estado tramitando suspensiones incluso de forma contraria a la ley.