La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto desde diciembre de 2016 hasta la fecha sanciones por más de mil 86 millones de pesos y mantiene en revisión la evolución patrimonial de 14 funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionados con el caso Odebrecht.
La SFP -a través de sus redes sociales- hizo un balance de ese caso desde que “se tuvo conocimiento de la investigación a la empresa brasileña, a partir de una resolución de la Comisión de Cambios y Seguridad de Estados Unidos” (SEC, por sus siglas en inglés).
Recprdó que se enteró del asunto el 22 de diciembre de 2016 y desde entonces se inició una auditoría transversal en la Administración Pública Federal para identificar a las filiales de la compañía brasileña en México y revisar los contratos de ésta con Pemex.
Como parte de la auditoría se identificaron 21 filiales de Odebrecht que han operado en México, cuatro de las cuales fueron inhabilitadas, al igual que dos de sus representantes de Pemex, además de que se emitieron dos sanciones contra un funcionario de esta empresa productiva del Estado por pagos excesivos.
Detalló que “con las inhabilitaciones, las filiales de Odebrecht están impedidas para participar en cualquier procedimiento de contratación pública en México” y el país es el primero en inhabilitar a la compañía.
Sin embargo, la dependencia federal admitió que el embargo de bienes y derechos de cobro contra Odebrecht que solicitó al Servicio de Administración Tributaria sigue en litigio.
De acuerdo con la SFP, aún están en desahogo dos procedimientos de responsabilidad que se prevé concluyan, dentro de los márgenes de la ley, antes del 30 de noviembre.
