Por unanimidad, el Senado de la República reformó el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, referente a los procesos de contratación de las entidades públicas.
En el dictamen, aprobado con 91 votos, se establece que cuando se realicen contratos de servicio o compra de bienes -entre autoridades, federales, estatales o mediante terceros- el titular de la dependencia contratante deberá ser quien los suscriba. Además, estará obligado a vigilar el cumplimiento irrestricto de los términos celebrados.
Lo anterior, permite establecer responsabilidades administrativas y jurídicas entre los titulares de las dependencias, con lo cual se podrá aplicar sanción cuando exista alguna irregularidad en la aplicación de recursos a través de los contratos.
Al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Economía, el senador Félix Salgado Macedonio dijo que el objetivo es impulsar el combate contra actos de corrupción que puedan darse al momento de que instituciones celebren contratos para el otorgamiento de un servicio.
En el documento se menciona que México “ya no puede soportar más actos de corrupción que se generen por autoridades que tienen a su cargo el uso de recursos públicos”, los cuales deben destinarse a cubrir las necesidades de sectores en situación de vulnerabilidad.
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
