Mientras Yucatán sufre una caída económica por las millonarias erogaciones para cuidar a su población de Covid 19 como lo asegura el gobernador Mauricio Vila Dosal, algunos funcionarios públicos y empresarios se enriquecen al amparo de contratos “leoninos”.
En vez de preocuparse por el Covid 19, se afligen porque pueden ser descubiertos, por la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de la República.
El millonario fraude se fraguó desde la administración anterior, con Rolando Rodrigo Zapata Bello, quien se coludió con el empresario Manuel Varguez Díaz, dueño del Grupo Nacional Terapéutica y sus diversas empresas como Equimayab.
Ambos, se vincularon con funcionarios del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, dirigido por Alfredo Medina Ocampo y los responsables del Órgano Interno de Control, que en vez de investigar a estos grupos, se volvió cómplice y “tapadera”.
Para cubrir los requerimientos del Servicio de Microcirugía Oftálmica en catarata y retina, y más para pacientes cardiópatas del Servicio de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular, este Grupo diseño “contratos leoninos” con pactos y ventajas para empresa y funcionarios, con perjuicio a la Secretaría de Salud de Yucatán.
Los contratos se convinieron por montos superiores a 730 millones de pesos, donde el ganador cobra una iguala mensual “fija” de varios millones por cada servicio.
Estos por 12 y 36 meses con una burda división del monto a repartir y el olvido total de incremento a la productividad de los procedimientos médicos, sin incentivo a la eficiencia y de calidad, como se exige a todos los proveedores.
Así, si la empresa haga o no procedimientos gana cientos de millones.
Actúan como Cártel de la droga, con operadores que trabajan directamente con el doctor Alfredo Medina Ocampo.
Estos son; Janice Carrillo Moreno de la empresa Nacional Terapéutica y a quien desvincularon para que opere a través de moches y amenazas con los funcionarios; la otra es la Subteniente Enfermera egresada de Sedena, Brenda Elizabeth Lima cuyo papel principal consiste en amenazar a los posibles competidores.
Ambas son temidas por sus amenazas a quien fastidie algún negocio de Manuel Varguez Díaz. Son ellas mismas quienes tendrían en nomina a los responsables del Órgano Interno de Control.
Esta empresa ha sido beneficiada al menos seis años y se puede verificar en la página Compranet o mediante auditoria al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.
Por tal, se pide la intervención del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, para investigar posibles delitos de la Subteniente, Enfermera Brenda Lima.
De la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, para indagar omisiones.
De Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF de la SHCP, para ubicar la ruta del dinero y daño patrimonial a la nación.
Y, el Fiscal Alejandro Gertz Manero, por todos los posibles delitos penales, debido a que se ha juntado la impunidad y la corrupción que impide que Yucatán siga como ejemplo nacional en justicia.