En los primeros minutos de este jueves, tras casi siete horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, y con modificaciones, la minuta de reforma constitucional en materia educativa devuelta por el Senado.
El documento, entre otros puntos, establece la obligación del Estado de garantizar una educación de excelencia y gratuita en todos sus tipos y niveles, desde la inicial hasta la superior.
Desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), elimina las evaluaciones que afectan la permanencia de los maestros en el servicio y establece que sus derechos laborales se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política.
A las 21:15 horas de ayer miércoles, el Pleno la aprobó por mayoría calificada (dos terceras partes de los presentes) con 396 votos a favor, 68 en contra y una abstención.
Posteriormente, a las 00:15 horas de este jueves, la avaló en lo particular, también por mayoría calificada, con 389 votos en pro, 60 en contra y dos abstenciones, tras desecharse 29 reservas que presentaron diputados de Morena, PAN, PRI, PT y PRD.
El Pleno sólo aceptó la propuesta de la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez (PRI), que precisa la redacción del artículo décimo quinto transitorio, relativo al fondo federal especial para la educación superior.
El documento fue remitido nuevamente al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
El proyecto de decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política.
Surgió de siete iniciativas, de las cuales una fue del Ejecutivo federal, una de los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD, y cinco de los diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), Julieta Macías Rábago (MC), Erick Isaac Morales Elvira (Morena), Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (MC) y Ricardo Gallardo Cardona (sin partido).
La discusión inició a las 17:30 horas de ayer miércoles con la fundamentación del documento, en tribuna, por parte de la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal (Morena).
Tras lo cual, el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) presentó una moción suspensiva, la cual fue desechada por el Pleno.
Piña Bernal indicó que el documento retoma y ratifica los argumentos del dictamen original, aprobado por la Cámara de Diputados durante la sesión del pasado 24 de abril, e incluye algunas precisiones planteadas por senadoras y senadores.
Destacó que la reforma abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del INEE, reafirma la rectoría del Estado sobre la educación y elimina las evaluaciones docentes de carácter punitivo.
Distingue a los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y reconoce su derecho a acceder a un sistema de formación, capacitación y actualización realimentado por evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales.
“El ingreso, la promoción y el reconocimiento estarán asociados con los conocimientos, aptitudes y experiencia. Nunca más exámenes estandarizados”, expresó la legisladora.
Comentó que la educación se basará en el respeto irrestricto a los derechos humanos, con un enfoque de perspectiva de género y la cultura de paz; se fortalecerá la educación indígena, plurilingüe e intercultural y se establecerán medidas alimentarias en las escuelas con rezago social.
Se establece que la educación buscará el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como el cuidado de la naturaleza; se fortalecerán las escuelas normales y se mantendrá la autonomía de las universidades.
Piña Bernal indicó que entre los planteamientos de los senadores, incluidos en la minuta, destaca el énfasis en la importancia de las matemáticas y la lectoescritura en planes y programas de estudio.
También, en el artículo decimoprimero transitorio, la obligación del Ejecutivo federal de definir una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales para su fortalecimiento, en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto.
En el decimocuarto transitorio se precisa que la Cámara de Diputados aprobará en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para apoyar la ciencia, tecnología e innovación.
En el decimosexto transitorio se estipula que los derechos laborales de los maestros se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución y se precisa que prevalecerá la rectoría del Estado.
Luego de la fundamentación, hicieron uso de la tribuna diputados de los ocho grupos parlamentarios para fijar la postura de sus bancadas, y después diversos legisladores hablaron en pro y en contra del dictamen.
A favor lo hicieron Miroslava Carrillo Martínez (Morena), Martha Angélica Tagle Martínez (MC), José Luis Montavo Luna (PT), Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez (PES), Jesús Sergio Alcántara Núñez (PVEM), Martha Hortencia Garay Cadena (PRI), Mildred Concepción Ávila Vera (Morena), Antonio Ortega Martínez (PRD) y María Chávez Pérez (Morena).
En contra, Ricardo Villarreal García (PAN), Gerardo Fernández Noroña (PT), Alfonso Robledo Leal (PAN), Isabel Margarita Guerra Villarreal (PAN), María Marcela Torres Peimbert (PAN), Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN), Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN), Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) y Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN).
