La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, a efecto de establecer un marco garante para atender a las personas en esta situación.
El documento, avalado por 395 votos a favor y ninguno en contra, fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El dictamen reconoce y garantiza los derechos de las personas desplazadas, establece atribuciones y la distribución de competencia entre la Federación, entidades federativas, municipios, organismos autónomos para prevenir, atender, proteger y generar soluciones duraderas.
Además, crea un Mecanismo Nacional, garantiza la prevención, atención, protección, generación e implementación de soluciones duraderas para el desplazamiento forzado, y crea el Registro Nacional de Personas Desplazadas.
La ley será interpretada, implementada y evaluada conforme a los principios de certeza, confidencialidad, debido proceso, dignidad humana, gratuidad, honradez, igualdad y no discriminación, información veraz y oportuna, interés superior de la niñez, legalidad, máxima protección, no victimización, progresividad y no regresividad, publicidad y unidad familiar, bajo un enfoque diferencial, transformador y de perspectiva de género.
Establece el Programa Nacional para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, que será elaborado por la Secretaría de Gobernación con la participación y aprobación de los comités integrantes del Mecanismo Nacional, y crea un fondo para la atención integral de los casos de desplazamiento.
Solventa una grave laguna jurídica
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), expresó que es benéfico para el Estado mexicano, necesario y noble, pues no conoce colores partidistas, ya que fue apoyado por la y los coordinadores de todos los grupos parlamentarios.
Con la emisión de la ley, dijo, se busca solventar una grave laguna jurídica que flagela a las personas desplazadas. Este ordenamiento, añadió, “nos ayuda a cumplir las obligaciones asumidas en el plano internacional, reduciendo la vulnerabilidad que enfrentan las personas que por diversas razones se han visto orilladas a abandonar su hogar, patrimonio y normalidad”.
Hasta hoy, afirmó, el marco jurídico ha tolerado situaciones que arrebatan a las personas de su entorno, han incurrido en omisiones que se traducen en negar los derechos de quienes se han visto desplazados y han fallado en su obligación de proteger a la ciudadanía, generando violaciones sistémicas a los derechos humanos.
El desplazamiento forzado, subrayó, es un fenómeno que ha cobrado importancia por su magnitud, ya que ha dejado en la indefensión a un número alarmante y creciente de personas.
La nueva ley, dijo, reconoce las múltiples opciones que lo generan, como conflictos armados, violencia familiar, discriminación, xenofobia, intolerancia religiosa, situaciones de violencia cotidiana, desastres naturales o emergencias sanitarias.
Destacó que se busca prevenir y sancionar los delitos que revictimizan a la persona desplazada, dándole la oportunidad de reponer la paz y la tranquilidad que dejaron; y generar soluciones duraderas, que van desde el diseño y adopción de políticas públicas, la atención de las necesidades particulares de protección de las personas y el ofrecimiento de garantía de no repetición.
“No podemos postergar ni seguir atendiendo este fenómeno por la vía del cumplimiento de atinadas y, por su naturaleza, reaccionarias recomendaciones de las y los ombudsman locales y nacional”, afirmó.
Destacó que es momento de contar con datos, indicadores, estrategias y soluciones para este fenómeno. Con la aprobación de esta ley, acercaremos a México a la paz, basada en la tolerancia y el derecho que con tanta urgencia necesitamos todos.