El Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma al artículo 19 constitucional con lo que se amplía el catálogo de delitos que requieren prisión oficiosa como el feminicidio, robo a casa habitación, extorsión, entre otros más que han ido en aumento.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este órgano legislativo, Eduardo Santillán Pérez, comentó que ampliar el catálogo de delitos graves, por los cuales se establece la figura de prisión preventiva oficiosa, refuerza la esencia del nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que brinda más y mejores elementos para hacer frente a la delincuencia.
Dijo que a partir de hoy, “solamente un juez podrá ordenar prisión preventiva oficiosa” en casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, delitos en materia de hidrocarburos, entre otros.
“Se establece que hay una serie de delitos fundamentales, en las cuales el imputado debe de llevar a cabo el proceso privado de su libertad, bajo dos criterios: cuando existe la comisión de un delito determinado por un alto grado de peligrosidad, o cuando existe una posibilidad amplia que pueda evadirse de la acción de la justicia”, aseguró.
Santillán Pérez opinó que este tipo de delitos son tan importantes como el del feminicidio, ya que en algunos casos se pone en riesgo al régimen democrático, como el uso político de programas sociales.
Agregó que la situación en materia de violencia y seguridad rebasó el espíritu garantista del nuevo Sistema de Justicia Penal y según el colectivo ciudadano Justicia Sin Pretextos, 86 por ciento de las personas que son detenidas, desde que entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal, son liberadas por el Ministerio Público, sin que llegue ante un juez para dictar la medida cautelar.
Por ello detalló que el Estado mexicano debe contar con mayores instrumentos para proteger los derechos de la sociedad y generar un ambiente de certidumbre, además de buscar disminuir la alta incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas para las víctimas y las instituciones.