APRUEBAN 17 LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS LA REFORMA DE JUSTICIA LABORAL

Legislaturas de 17 Estados del País aprobaron las reformas a los Artículos 123 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permitirá al Congreso de la Unión hacer la declaratoria oficial de procedencia e iniciar el trámite legislativo para la promulgación y entrada en vigor de las nuevas disposiciones constitucionales en materia laboral.

 Esas legislaturas son de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

 La Reforma, que establece que los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales de las entidades federativas, muestra un nuevo modelo de impartición de justicia laboral al proponer la conciliación prejudicial obligatoria y la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

También la creación de Centros de Conciliación especializados, imparciales y autónomos, así como la de un organismo descentralizado a nivel federal, para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.

 “La legislación secundaria contará con un diálogo social abierto entre los factores de la producción, particularmente empresarios y trabajadores, para que juntos arribemos a una propuesta que pueda ser analizada por el Poder Legislativo y que lleve el mayor de los consensos posibles, para que tengamos un México muy fuerte en la materia”, dijo el titular de la STPS en conferencia de prensa.

 Explicó que, con recursos propios, la STPS adecuó una Unidad de Enlace para la implementación de la reforma, que estará en contacto directo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad.

 “Se tendrá contacto con estas dos importantes instancias dentro del Poder Judicial para arribar a una legislación secundaria seria, profesional, con los tiempos necesarios para su entrada en vigor. Lo queremos hacer en esta administración, no vamos a dejar esto como un pendiente a la administración federal venidera”, afirmó el funcionario federal.

 La legislación secundaria contará con el consenso de los factores productivos, parte esencial del tripartismo, y el proceso de transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje con los poderes judiciales se hará con el tiempo necesario, de forma responsable, salvaguardando plena y absolutamente los derechos laborales de los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el País.

 La Secretaría del Trabajo se congratula por este hecho inédito, que es fruto de un intenso diálogo y de la negociación constructiva entre los factores de la producción, los legisladores y el Gobierno de la República.

 Los artículos transitorios establecen el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la iniciativa para adecuar las leyes secundarias a nivel federal y local, y la creación de los nuevos órganos encargados de la conciliación laboral y el registro sindical.

 Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría del Trabajo estará atenta para apoyar de inmediato los trabajos legislativos y reglamentarios necesarios, a efecto de adecuar la legislación secundaria en los mejores términos, que permitan la materialización y concreción de esta importante reforma constitucional.

 Se trata de la más ambiciosa reforma en materia laboral en los cien años de vigencia del Artículo 123 constitucional.

 Esta iniciativa fue discutida y aprobada por el Senado de la República, como cámara de origen, el 13 de octubre de 2016, con el voto unánime de todas las fracciones representadas en el Senado, por 99 votos a favor y ninguno en contra.

 El 4 de noviembre de 2016, la Cámara de Diputados, en su calidad de cámara revisora, aprobó también, por mayoría calificada, la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de justicia laboral.

 Aprobada la Iniciativa por ambas cámaras del Congreso de la Unión, se requería la aprobación de la mayoría de los congresos de los estados.