La Cámara de Diputados aprobó, con 364 votos, el dictamen que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para incluir al feminicidio como delito que amerita prisión preventiva oficiosa.
El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca contribuir a la solución de un problema al que se enfrentan miles de mujeres ante la situación de violencia de género en el país.
Define este delito como un fenómeno social, cultural y político que atenta contra la vida de las mujeres y que, por desgracia, es muy común en México. De acuerdo con cifras de ONUMUJERES, de 2007 a 2009 los asesinatos de la población femenina se incrementaron en un 68 por ciento, inclusive en ciertos estados el crecimiento fue del 400 por ciento.
Según informa la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir, durante el sexenio pasado se registraron 4 mil 112 feminicidios en 13 estados de la República Mexicana y 3 mil 976 desapariciones forzadas tan sólo en el último año y medio. De éstas, el 51 tenía entre 11 y 20 años de edad, lo que indica que este delito está directamente relacionado con la trata de mujeres.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), resaltó la importancia de considerar el feminicidio como delito que amerita la prisión preventiva oficiosa.
Explicó que se trata de “una infracción cuya gravedad está fuera de toda discusión, porque no obstante que reconocemos los esfuerzos desplegados por el Estado, a nivel normativo, institucional y jurisprudencial, estamos conscientes de que la situación de las mujeres en México sigue siendo delicada, pues el derecho a la vida libre de violencia y el acceso a la justicia aún enfrentan continuas amenazas”.
De acuerdo con las cifras del Inegi, del 2000 al 2014 el número de las mexicana asesinadas ascendió a 26 mil 267, que en promedio significa 5.1 por día. En 15 años, la cantidad de los homicidios anuales pasó de mil 284 a 2 mil 349, es decir, prácticamente se duplicó.
Ibarra Hinojosa puntualizó que esta reforma significa un paso firme y decisivo para seguir reforzando el marco jurídico que tutela el derecho de todas las mujeres del país a vivir una vida libre de violencia. “Garantizar la igualdad en el ejercicio de sus derechos a todos los mexicanos, no es una opción, es una obligación. Demos mayor y mejor protección a quienes más lo necesitan. Sigamos construyendo un mejor sistema de justicia para todos”.
En los posicionamientos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (Nueva Alianza) expresó que es necesario establecer el delito del feminicidio dentro del catálogo de los denominados de alto impacto, para que sea procedente la prisión preventiva como una medida eficaz para prevenir, investigar y sancionar ese aberrante hecho.
Añadió que en México este fenómeno social ha alcanzado proporciones alarmantes. La administración de justicia no ha respondido de manera eficaz a los crímenes con violencia, llegando pocos de ellos a la consignación de los culpables, lo que ha propiciado la impunidad y el aumento de la inseguridad de las mujeres.
De Movimiento Ciudadano, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos resaltó que el tema del feminicidio sigue siendo muy grave. “Hoy tenemos que defender la vida de las mujeres. Somos responsables de que pidamos un informe pormenorizado para que los estados donde haya alertas de género nos digan cómo va avanzando, cuáles son las políticas que han desarrollado para eso”.
Consideró que la vida de las mujeres es muy importante, no solamente porque representamos el 52 por ciento de la población, sino porque somos las madres del otro 48 por ciento. “En ese sentido, defender su vida debería ser una prioridad para todas y todos los que estamos en este Congreso, porque venimos a representar a cerca de 120 millones de mexicanas y mexicanos”.
Sofía González Torres, diputada del PVEM, señaló que para el delito de homicidio doloso se prevé de oficio la prisión preventiva, por lo que es altamente necesario que un crimen como el feminicidio, “que está repleto y está cometido por odio y repudio a un género, se clasifique y se castigue de la misma forma”.
Con reformas y políticas como éstas, dijo, se están dando herramientas jurídicas a las mujeres para su protección. Además, “podremos dejar de ser vistas como un grupo vulnerable y transitar a una visión vanguardista, donde seremos por fin reconocidas como una pieza fundamental de la sociedad”.
El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) resaltó que hoy se salvaguarda la vida de las mujeres en México, pues la violencia feminicida ha sufrido un incremento exponencial en los últimos cuatro años, ya que tenemos 46 por ciento más casos de feminicidios, con un total de 6 mil 488 mujeres asesinadas entre 2013 y 2015.
Mencionó que el Estado de México sigue siendo la entidad que concentra los más altos niveles de violencia en contra de las niñas y las mujeres. “Debemos tomar todas las medidas legislativas y de política pública que nos alejen de estas vergonzosas cifras y que, en consecuencia, garanticen la vida de todas las mujeres”.
De Acción Nacional, el diputado Javier Antonio Neblina Vega argumentó que si bien el sistema penal que impera ya evita el uso excesivo de la prisión preventiva, es de considerar que el tipo penal de feminicidio representa una afrenta a toda la sociedad, ya que es un delito cuya particularidad lastima en lo profundo a las familias y sobre todo a cada mujer.
“Ante el hecho de garantizar la comparecencia del imputado del delito de feminicidio en el juicio, del desarrollo de la investigación, de la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, es necesario adecuar el cuerpo normativo para dar al Ministerio Público y al juez de control las herramientas de protección para que este tipo de conductas no vulneren a la sociedad”, abundó.
La diputada priista, Claudia Edith Anaya Mota, proponente de la reforma, expresó que el feminicidio es un delito que agravia profundamente a la sociedad. Sin embargo, continuó, actualmente no está considerado dentro del Catálogo de Delitos que ameritan la Prisión Preventiva, ya que esta medida cautelar procede actualmente para otros delitos como la delincuencia organizada, trata de personas, violación, secuestro, contra la salud, seguridad nacional y homicidio doloso.
Indicó que se debe mantener un ambiente seguro donde prevalezca la justicia y que las leyes estén en un marco de privilegio de quienes se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad. “Es una reforma que han pedido mucho los centros de justicia para mujeres que las atienden en cada una de las entidades”.
