Aprueban diputados reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para crear residencias de día

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, con 394 votos a favor, el dictamen que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de crear residencias de día, en las que se les otorgará asistencia para la salud, alimentación, aseo, fomento a la cultura y recreación.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Luis Fernando Mesta Soule, presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, destacó que la reforma está dirigida a proteger a más de 5 millones de personas que, por su edad avanzada, deben recibir atención del Estado para su bienestar.

Las residencias de día que se proponen, explicó, deberán ser espacios dignos, que funcionen a partir de las necesidades de las personas adultas mayores, que promuevan y garanticen su desarrollo, inclusión e integración social y deberán estar supervisadas y monitoreadas, de forma permanente, para su buen funcionamiento.

Bien organizadas, pueden llegar a ser un magnífico espacio donde la persona mayor se sienta con oportunidades de socializar y expresarse: el arte; encontrar sentido a la vida y ser felices.

        En el posicionamiento de los grupos parlamentarios, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social) consideró que la propuesta de crear residencias de día para personas adultas mayores es oportuna y positiva, a la cual el Ejecutivo deberá añadir campañas  de concientización; esta cuestión de orden público, tendrá que ser vista como un privilegio, no como una carga.

Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, dijo que cuidar a las personas adultas mayores no resulta sencillo para las familias, en muchas ocasiones tienen que dejar sus actividades cotidianas, o bien, abandonar su empleo, lo que repercute de manera directa en el bienestar económico de los hogares.

En nuestro país viven alrededor de 11.7 millones de personas de 60 años y más, quienes representan el 9.7 por ciento de la población total, y conforman uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad, que se incrementa al contar con alguna limitación. En este sentido, indicó, aproximadamente 26 de cada 100 adultos mayores presentan una discapacidad.

Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano, reconoció los acuerdos para construir un marco jurídico que fortalezca los derechos de las personas de la tercera edad, en concreto, la figura de las residencias diurnas, mismas que brindarán asistencia en salud, alimentación, aseo, fomento a la cultura y recreación a este sector poblacional.

“Promover la dignidad en este tipo de espacios garantizará que sus miembros reciban una asistencia integral, además de permitir que las personas de quienes dependen puedan cumplir con sus labores y actividades cotidianas, sin que esto represente abandono o descuido.

Rebeca López López (Morena) comentó que México se encuentra sumergido en un proceso de crecimiento acelerado de su población adulta. “Actualmente, la población mayor de 60 años rebasa los 13 millones de personas, que equivale a más de 10 por ciento de la población total y de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, se mantendrá en continuo crecimiento para llegar a 36.5 millones en 2050.

El dictamen debe garantizar a los adultos mayores un espacio en donde puedan realizar actividades productivas en el día y no escatimar presupuesto para ello. “Que no sea un pretexto la falta de fondos para negarles a los adultos mayores el ejercicio de sus derechos”.

Evelyng Flores Carranza, del PVEM, destacó que en México hay más adultos mayores que niños menores de cinco años y las proyecciones indican que el envejecimiento demográfico es irreversible; “por eso necesitamos implementar acciones inmediatas para su debida atención”.

Mencionó que el gobierno federal debe buscar crear estancias de día para adultos mayores, en donde se les alimente y cuide, propiciando su convivencia con personas de su edad y realizar actividades que beneficien su salud física y mental.

Waldo Fernández González, del PRD, refirió que en nuestro país habitan más de 12 millones de personas mayores de 60 años. El 57 por ciento vive con alguno de sus hijos o familiares, lo que implica que al menos 5 millones de mexicanos sin actividad productiva no tienen cómo valerse por sí mismos.

Esta situación produce un efecto devastador para la economía de las familias, por lo que es común que algún miembro tenga que abandonar su actividad productiva para hacerse cargo del cuidado del papá o de la mamá, de la abuelita o del abuelito. Con esta reforma, millones de adultos mayores podrán disfrutar las residencias de día y mantener integrado este núcleo.

Lilia García Escobar, de Acción Nacional, comentó que las personas adultas mayores son víctimas de desventajas, exclusiones e inequidad y tienden a ser discriminadas y marginadas, con esto, “sus derechos corren peligro de ser violados y rechazados por la misma sociedad”.

Coincidimos con la propuesta de que se les garantice el derecho a las residencias de día. También tenemos que adoptar medidas destinadas a que nosotros mismos, en el seno de la familia, en la población en general, tomemos conciencia sobre los derechos de las personas de edad.

Monserrath Sobreyra Santos, del PRI, comentó que el acelerado crecimiento de la población de adultos mayores representa un gran reto para los diferentes sectores gubernamentales y sociales, pues no se ha desarrollado la infraestructura necesaria para garantizar el bienestar de este sector de la población ni la capacidad para atender profesionalmente sus muy diversas necesidades.

La situación del adulto mayor se caracteriza por problemas de salud asociados a la vejez, una escasa protección y profundas desigualdades sociales. “Estamos convencidos de que las residencias de día son la mejor opción y reconocerles este derecho es nuestra obligación. Aunque estas son una realidad en algunas entidades federativas, debemos multiplicar los esfuerzos para brindarles a todos ellos la atención integral que merecen”.

Se turnó al Senado de la República para su trámite constitucional.