Los diputados de Morena buscan reformar el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales para reclasificar a la extorsión como delito grave que merece prisión preventiva oficiosa y aumentar las sanciones a quien lo ejecute.
La iniciativa, ya aprobada en la Comisión de Justicia, permite aplicar sanciones más severas al que “sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.
Ese ilícito, asegura la diputada Abelina López Rodríguez, autora del proyecto, ocupa el segundo lugar de comisión en el país, sólo por debajo del robo en el transporte público y el asalto, y quien aseguró que el aumento de la pena de tres a 10 años de prisión y de 100 a 500 días de multa, como lo establece el dictamen, cumplirá el propósito de disuadir que se cometa el delito.
La diputada López Rodríguez señaló que la extorsión más común es la que se comete vía telefónica; sin embargo, hay otros casos en los que existe agresión física y graves daños a las víctimas.
Para la legisladora “el fracaso en el combate de ese ilícito y su reincidencia se debe, entre otras causas, a la falta de instrumentos legales que permitan actuar a corporaciones policiacas, del Ministerio Público y jueces de Control”.
La extorsión, resaltó, se ha convertido en un fenómeno complejo, que lo pueden cometer una persona de la delincuencia organizada, autoridades de cualquier orden de gobierno, así como las personas que se encuentran recluidas en centros de readaptación social; por ello, destacó, es importante robustecer las medidas que eviten que se cometa ese delito.
En la exposición de motivos de la reforma se incluyó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, donde se detalla que se cometieron 31.1 millones de este tipo de delitos en 2016.
De esta cantidad, 7.5 millones, es decir, 24.16 por ciento fueron extorsiones, y sólo 129 mil 588 casos delictivos se denunciaron, integrándose la correspondiente carpeta de investigación. El resto forma parte de la cifra negra, o sea, los delitos que no se denuncian.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que hasta mayo de 2017, los casos de extorsión aumentaron en 19 estados, principalmente en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, entre otros.