En un esfuerzo por fortalecer el combate a la delincuencia desde los municipios, el Congreso del Estado de México aprobó una reforma que obliga a quienes encabecen las direcciones de Seguridad Pública Municipal a contar con título universitario y certificación como mando en seguridad pública.
Con esta reforma a la Ley de Seguridad del Estado de México, la LXII Legislatura busca elevar el perfil profesional de quienes ocupan los mandos de seguridad en los 125 municipios mexiquenses, reconociendo su papel crucial en la contención de la violencia y el crimen. La iniciativa fue promovida por los diputados Mariano Camacho San Martín y Elías Rescala Jiménez, ambos del grupo parlamentario del PRI.
El dictamen establece que los titulares de las direcciones de seguridad municipal, o su figura equivalente, deberán acreditar un título de licenciatura y obtener una certificación como mando expedida por la Universidad Mexiquense de Seguridad.
Además, su ingreso y permanencia estarán sujetos a la aprobación de evaluaciones de certificación y control de confianza, aplicadas por el Centro de Control de Confianza del Estado de México.
Durante la sesión legislativa, el diputado Mariano Camacho explicó que la Universidad Mexiquense de Seguridad contará con 90 días naturales para implementar los programas académicos que permitirán cumplir con esta disposición legal.
Otro punto clave de la reforma indica que las y los alcaldes deberán proponer una terna al cabildo para designar a la o el titular de Seguridad Pública, con la opinión no vinculante de la Secretaría de Seguridad estatal. Este mismo principio aplicará para los mandos medios, quienes también deberán cumplir con requisitos legales y contar con una evaluación previa a su nombramiento.
La reforma también tiene un carácter retroactivo en el aspecto formativo: los actuales titulares de Seguridad Pública, designados antes de la entrada en vigor del decreto, deberán certificarse conforme a los nuevos lineamientos establecidos por la Universidad Mexiquense de Seguridad.
Esta medida busca profesionalizar la labor policial en los municipios y generar mayor confianza ciudadana en sus autoridades de seguridad, promoviendo una gestión más técnica, eficiente y con enfoque en el respeto a los derechos humanos.