La falta de coordinación entre dependencias gubernamentales; la inadecuada y limitada inversión pública; las numerosas concesiones de explotación a la iniciativa privada y las prácticas agrícolas poco eficientes, entre otros factores, fomentan un uso indebido del agua en el campo mexicano, lo cual aumenta peligrosamente la vulnerabilidad de los recursos hídricos de nuestro país, advirtió el diputado Jesús Serrano Lora.
El Presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados expuso de un total de 653 acuíferos en el territorio nacional, poco más de 100 se encuentran sobreexplotados y otros 70 presentan algún grado de agotamiento.
Esto, agregó, implica que en los próximos diez años estos acuíferos dejarán de existir como fuente de suministro, lo que afectará a las grandes concentraciones de población, distritos y unidades de riego, de acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
El legislador federal de Morena alertó que esta problemática se dará principalmente en los estados del norte de la República Mexicana –como Baja California, Chihuahua, Sonora y Zacatecas–, así como en la Comarca Lagunera.
Derivado de ello, presentó una iniciativa de reformas a los Artículos 3 y 168 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para promover –de manera oficial– la formación de una cultura del cuidado del agua en sector agrícola y establecer una planeación de sustentabilidad hídrica en el campo.
Serrano Lora señaló que su propuesta también busca definir la superficie máxima de agricultura de riego, acorde a la disponibilidad de agua en pozos donde exista el factor de la sobreexplotación.
“El sistema de concesiones de la actual Ley de Aguas Nacionales fue diseñado con una perspectiva en la que se consideraba que ese recurso natural era abundante y capaz de ser explotado de manera indiscriminada, con concesiones que pueden durar hasta 30 años con derecho a prórroga, y que incluso han sido otorgadas en zonas de baja disponibilidad a empresas mineras y desarrolladores de vivienda”, recalcó.
En ese contexto, advirtió que la situación se torna alarmante, dado que existe un alto número de usuarios de agua de riego que extraen ilegalmente el recurso sin contar con un título de concesión, al grado que se calcula que solo un 39 por ciento de los productores bajo este sistema poseen un medidor para controlar y monitorear el consumo de agua.