El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para regular sueldos y prohibir que cualquiera de ellos supere las percepciones del presidente de la República.
En el primer ordenamiento aprobado por la LXIV Legislatura, la nueva ley reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política y reforma el Código Penal Federal, en el que se establece el delito de “remuneración ilícita”, con sanciones hasta por 14 años de prisión y multa de tres mil veces “el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal”.
Así como la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a 14 años.
Durante los posicionamientos en lo general, la priista Dulce María Sauri Riancho, aclaró que su bancada está a favor que se regulen las remuneraciones de los servidores públicos, “pero que se haga bien”.
Argumentó que no comparten que se apruebe sin cambios esta minuta que está desactualizada, que genera incertidumbre jurídica y que plantea problemas de aplicación, y al respecto citó algunas razones: obsolescencia legislativa, falta de armonización legislativa, ausencia de consideración sobre regímenes especiales, además de que provoca choque presupuestario y constitucional.
Por ello la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llamó a que la norma que se apruebe “sea la que está esperando el pueblo de México y no un ejercicio demagógico o de simulación”.
La panista Laura Angélica Rojas afirmó que su bancada está a favor de “topar el salario de los servidores públicos en este país y afirmó que la primera iniciativa en la materia fue presentada en el año 2002, por el entonces diputado Felipe Calderón.
A su vez, el morenista Pablo Gómez Álvarez reprochó que se les acuse de legislar a la carrera, rápido y mal, y dijo que los señalamientos en contra de las bancadas del PAN, PRI y PRD “son pretextos” para no aprobar una ley que ha esperado demasiado tiempo.
En tanto, Antonio Ortega Martínez, del PRD, acusó que la minuta está desfasada, por lo que es preciso actualizarla, y dijo que la prisa obedece al problema de la judicialización de la administración pública sobre jubilaciones adelantadas, recursos de amparo y despidos, entre otros.
A su vez, el diputado de Encuentro Social, Ernesto Vargas Contreras señaló que la discusión de la minuta responde a un mandato constitucional y a un reclamo de justicia por parte de los mexicanos en relación a los privilegios y altos sueldos que recibe la clase política y funcionarios públicos.
En su turno, el legislador del Movimiento Ciudadano, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla señaló que votarían a favor de la minuta, ya que esa fue la promesa a sus electores y debe cumplirse.
El diputado del PT, Ángel Benjamín Robles Montoya se pronunció por cumplir con la promesa de ajustar los salarios y reiteró que su grupo parlamentario está a favor de la minuta y de terminar con los privilegios y las desigualdades.
Finalmente, el diputado del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega reconoció que la minuta requeriría un perfeccionamiento, “sin embargo hoy no estamos en condiciones para decirle que no a una demanda muy clara de la ciudadanía”.