“Esta iniciativa representa un paso firme para fortalecer las instituciones y garantizar que ninguna línea de investigación sea descartada anticipadamente”, afirmó la diputada Jennifer Nathalie González López al presentar la propuesta que busca sancionar la negación de justicia en casos de violencia de género.
Las comisiones unidas para la Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobaron una iniciativa que contempla penas de hasta 10 años de prisión para personas servidoras públicas que incurran en corrupción, negligencia, omisiones u obstrucción en investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres por razones de género.
La propuesta, conocida también como iniciativa “Mariana Lima Buendía”, plantea reformas al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
Además de las penas de prisión, el dictamen establece sanciones económicas de entre 100 y 150 días multa, así como la destitución o inhabilitación de las personas servidoras públicas responsables de obstaculizar investigaciones o afectar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México deberá investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio, aplicando perspectiva de género y debida diligencia desde el inicio de las indagatorias.
La iniciativa retoma planteamientos impulsados por Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, cuyo caso se convirtió en un precedente nacional luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara reabrir una investigación inicialmente clasificada como suicidio y que posteriormente fue reconocida como feminicidio.
Durante la discusión del dictamen, legisladoras y legisladores señalaron que persisten deficiencias en las investigaciones de violencia feminicida, entre ellas la pérdida de evidencias, la falta de exhaustividad en las carpetas de investigación y la ausencia de perspectiva de género en peritajes y actuaciones ministeriales.
La diputada Nelly Brígida Rivera Sánchez destacó que el Estado de México continúa enfrentando importantes desafíos en materia de violencia contra las mujeres, por lo que consideró indispensable fortalecer el marco legal para combatir la impunidad.
Por su parte, integrantes de las comisiones coincidieron en que la reforma busca enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad institucional en la atención de estos delitos y establecer consecuencias penales para quienes, desde el servicio público, contribuyan a negar el acceso a la justicia.
Actualmente, el Código Penal mexiquense contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión para los delitos de feminicidio y transfeminicidio, sanciones que pueden aumentar en función de diversas agravantes.