- Observación electoral es un instrumento que otorga certeza al desarrollo de los procesos electorales: Martín Faz
- Ratificaciones y designaciones de consejerías locales no son cheques en blanco: Lorenzo Córdova
- Presentan informe mensual sobre situación presupuestal de los OPL 2022
En el marco de la organización de los Procesos Electorales Locales 2023 en las entidades de Coahuila y Estado de México, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad las Convocatorias para la ciudadanía interesada en participar como observadora electoral en los procesos ordinarios 2022-2023 y los extraordinarios que de éstos deriven, así como la ratificación y, en su caso, la designación de las consejerías electorales locales.
En sesión extraordinaria, el Consejero Martín Faz, presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales (PEL) 2023, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en las Convocatoria de observadoras y observadores electorales “ya que la observación electoral es un instrumento que le otorga certeza al desarrollo de los procesos y contribuye al fortalecimiento del mecanismo de evaluación del trabajo de los órganos electorales”.
El Consejero explicó que se amplía el plazo para el registro de solicitudes para la observación electoral al 7 de mayo de 2023, “con el propósito de fomentar la participación de la ciudadanía bajo la figura de la observación electoral”.
Las convocatorias aprobadas también contemplan la observación en el programa piloto del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en modalidad electrónica presencial en los módulos receptores de votación.
Ratificaciones y designaciones de consejerías no son cheques en blanco
Sobre las ratificaciones y, en su caso, designación de las consejerías locales de Coahuila y Estado de México, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que “no significan cheques en blanco” y las consejeras y los consejeros de los Consejos Locales y Distritales son funcionarios electorales que están obligados, más allá de que cumplan o no con los requisitos legales y si éstos son pertinentes o no.
“Es una responsabilidad de este Consejo General dar un seguimiento puntual a la actuación de las y los funcionarios que nosotros mismos designamos, sobre todo, porque si se vulneraran los principios rectores de la función electoral por parte de cualquier funcionario del Instituto existen no solamente los cauces legales, sino también de responsabilidad que tendríamos que ejercer”, recalcó Córdova.
Personas designadas son ciudadanas y ciudadanos de reconocido prestigio
El Consejero Martín Faz precisó que el acuerdo aprobado establece que la instalación de los Consejos Locales de estas entidades se llevará a cabo el próximo 27 de octubre porque son los órganos responsables de la designación de las y los integrantes de los Consejos Distritales, cuya instalación está prevista para el 16 de noviembre.
“Las personas aquí propuestas son ciudadanas y ciudadanos de reconocido prestigio que de forma temporal pasan a ser parte del órgano directivo en materia electoral con el objeto de garantizar que la toma de decisiones sobre las actividades del proceso electoral, sean ciertas y transparentes”, indicó Faz.
Defienden imparcialidad de consejerías locales
Al respaldar el acuerdo, el Consejero José Roberto Ruiz reconoció que éstas son decisiones revisables por instancias jurisdiccionales y “podría haber argumentos para aspirar a la restricción de un derecho, pero definitivamente sería falto de idóneo tomar la decisión de ejercer esta restricción”, porque hay un conjunto de elementos que garantiza la imparcialidad de la persona.
Requisitos para ocupar consejerías deben ser explícitos
Los requisitos para ser consejero o consejera no se pueden interpretar, deben ser explícitos estableció la Consejera Dania Ravel, al referirse a la ratificación de la consejería de Luis Hernando Cercera Mondragón en el Consejo Local del Estado de México.
“Estamos ante una ratificación y, si hubiese elementos en donde pudiéramos decir objetivamente que esta persona no cumple con estos principios como el principio de imparcialidad, pues entonces tendríamos que haber recibido las pruebas para hacer esa verificación y del seguimiento que se dio a su trabajo, no existe ningún indicio de militancia”, apuntó.
Necesario mantener la vigilancia de las y los integrantes de los Consejos locales
Al respecto, la Consejera Carla Humphrey enfatizó que se tiene que mantener en permanente vigilancia a todas y todos los que integran los órganos electorales del Instituto.
“Todas las actuaciones deben ser vigiladas, al igual que las de este Consejo General y así lo estaremos haciendo y con la ayuda de los partidos políticos creo que tendremos más ojos en los procesos electorales que están a punto de empezar en el mes de enero en Coahuila y el Estado de México”, enfatizó.
Plena y vigente obligación de imparcialidad de consejerías locales
“Los Consejeros locales y distritales tienen la obligación de apegarse a los principios rectores de la función electoral, no pueden ser juez y parte. Si tienen militancia, la tendrán, digamos, que poner en la congeladora y no mostrar ninguna filia ni ninguna fobia, ninguna simpatía, ni animadversión en el proceso electoral”, argumentó el Consejero Ciro Murayama.
Su obligación de imparcialidad, insistió, es plena y vigente porque está en la Constitución. “Con este nombramiento nosotros le estaremos dando a esta persona esa responsabilidad y a todas las demás, aunque no tengan militancia”, dejó en claro.
En el caso de las Consejerías locales de Coahuila, se ratifican a ocho consejeras y consejeros locales (cinco propietarios y tres suplentes), una vez que se verificó que continúan cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley y se designa la Consejera propietaria Migdy Yosdel García Vargas.
En el Estado de México se ratifican a 11 consejeras y consejeros locales (seis propietarios y cinco suplentes), ya que siguen cumpliendo con los requisitos de ley.
Presentan informe sobre situación presupuestal de los OPL 2022
En otro punto de la sesión, las consejeras y consejeros recibieron el Informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales respecto del ejercicio fiscal 2022, que da cuenta de la situación presupuestal de las entidades con proceso local 2022-2023, Coahuila y Estado de México.
Al presentar el Informe, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, detalló que con corte al pasado 14 de octubre, seis OPL se encuentran en riesgo alto: Ciudad de México, Campeche, Colima, Durango, Morelos y Nayarit.
De las entidades con PEL 2023, el OPL de Coahuila se encuentra en análisis sobre su situación financiera respecto a la ampliación presupuestal aprobada por el Consejo General el 27 de mayo pasado, por $36,006,400.10, cuyas ministraciones se programaron para ser recibidas entre los meses de junio y diciembre de 2022.
Por lo anterior, la información consolidada será presentada en el informe correspondiente al mes de noviembre. El OPL del Estado de México, por su parte, se encuentra en riesgo presupuestal bajo.
Control presupuestal merma autonomía de los OPL
Al detallar las ampliaciones presupuestales que han solicitado cada uno de los Organismos Públicos Locales y los que siguen con problemas por la entrega incompleta o tardía de las ministraciones, la Consejera Dania Ravel dijo que los 18 informes presentados hasta ahora dan testimonio de que estos organismos “pueden estar viendo mermada su autonomía por algo sumamente preocupante: el control presupuestal”.
Esta situación, expuso ante el pleno, merece toda la atención y preocupación “ya que el papel que realizan las autoridades locales es fundamental para la consolidación de la democracia en nuestro país, en la que no podemos, ni debemos dar un paso atrás”. Por esto, pidió a los congresos locales que analicen de forma adecuada los anteproyectos de presupuesto para el ejercicio 2023, año en el que se iniciarán los trabajos de las elecciones del 2024.
Resuelven procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización
Durante la sesión, el pleno del Consejo General resolvió 18 procedimientos administrativos sancionadores, de queja y oficiosos en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales.
El Consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que estos 18 procedimientos de resolución en materia de fiscalización corresponden a nueve procedimientos oficiosos y nueve procedimientos de queja.
Del total de procedimientos, 12 se declararon fundados, por lo que se imponen a cinco Partidos Políticos Nacionales y dos locales un monto total de sanciones por $685,093.00 y se impone a un otrora candidato independiente una sanción por $15,636.00.
Además, las consejeras y los consejeros dieron cumplimiento a cuatro sentencias dictadas por las Salas Superior y Regionales Guadalajara y Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en materia de fiscalización.